Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente de Redvigila.
Mi condición de apoderado de las víctimas del robo del dinero asociado a los 40 carrotanques que debían llevar el agua a La Guajira, me permitió conocer la desgracia de 18 niños por no tomar agua potable en ese territorio.
La falta de agua potable y el agua contaminada en esa región provocó, en los menores nativos, la deshidratación que generó diversos trastornos. Además, los saneamientos deficientes contribuyeron a la transmisión de enfermedades como cólera, problemas diarreicos, disentería, hepatitis, fiebre tifoidea y poliomielitis.
En La Guajira se reportó un número significativo de casos de desnutrición infantil. Según el boletín epidemiológico semanal, se han identificado 753 casos de desnutrición en 2025, lo que representa un aumento en comparación con el año anterior, que se focalizaron 570 eventos de desnutrición aguda.
En cuanto a la mortalidad, el informe menciona que se han reportado 12 muertes probables por desnutrición aguda en menores de 5 años en La Guajira.
Muchos niños han muerto debido a la falta de acceso a agua potable en la región. Esta falta de acceso ha exacerbado las condiciones de vida extremas, especialmente para los menores, y ha llevado a una alta tasa de mortalidad infantil.
LA CORRUPCIÓN ES LA PRINCIPAL CAUSA DE LA CRISIS DEL AGUA
La “privatización” del río Ranchería por parte de algunos latifundistas y la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han sido señaladas como las causas principales de esta crisis, ya que han bloqueado la llegada de agua potable a la región. Además, la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua potable ha agravado la situación.
Es importante destacar que la comunidad Wayuu ha sido una de las más afectadas por esta crisis, y es necesario que se tomen medidas urgentes para abordar esta situación y garantizar el acceso a agua potable para todos los habitantes de La Guajira.
Utilizando la modalidad expedita de contratación y la vigencia de los decretos de declaratoria de desastre nacional y los de calamidad pública emitidos por el Gobierno Nacional, los entes territoriales y sus modificatorios, funcionarios y contratistas que prestaban sus servicios en la UNGRD, en coordinación con empresarios privados y otros funcionarios públicos, se interesaron ilícitamente en diferentes órdenes de proveeduría; para ello, previamente iniciaron un proceso contractual, en el sentido de contactar a los contratistas de la organización, a quienes le informaban de los bienes y suministros que se iban a requerir próximamente, para que realizaran las cotizaciones con las que responderían a la invitación que se les cursaría, registrando sobrecostos que permitieran cubrir la coima que debían pagar.
Este hecho es jurídicamente relevante del delito de concierto para delinquir, consagrado en el artículo 340 del código penal, por el que se acusa exclusivamente a Luis Carlos Barreto Gantiva, puesto que, para los demás procesados, fue objeto de principio de oportunidad.
LOS IMPLICADOS EN EL ROBO A LA UNGRD
Desde mayo de 2023 a septiembre de 2024, Olmedo de Jesús López Martínez, Director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, Subdirector de Manejo de Desastres; Pedro Andrés Rodríguez Melo, Asesor Jurídico de la Dirección; Luis Carlos Barreto Gantiva, Subdirector de Conocimiento; Y César Augusto Manrique Soacha, quien para la fecha de los hechos, era el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, además de otros servidores públicos y contratistas de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, así como particulares, entre ellos, Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista, representante legal de la empresa Luket SAS, persona que dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas, entre otras, Indoamericana Roger SAS, Brand SAS, Kalmo SAS y Proyectos RML SAS.
Los mencionados funcionarios y particulares, acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales se destacó la modalidad de “adquisición de asistencia humanitaria de emergencia –AHE-, materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres y suministros para la ejecución de la respuesta ante emergencias que generó la declaratoria de desastre nacional y decretos de calamidad pública”, logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos, sobre el general.
Esta empresa criminal fue creada con vocación de permanencia e influencia en la contratación de la Unidad, pues durante el tiempo en que los imputados Olmedo López Martínez, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, Pedro Andrés Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Gantiva, permanecieron en los cargos en la entidad, así como César Augusto Manrique Soacha, entonces Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y el particular Luis Eduardo López Rosero, se interesaron ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos, direccionando a los empresarios a quienes se les adjudicaría a cambio del pago de coimas para sí o para terceros, e incurrieron en diversas falsedades a fin de viabilizar el pago de la contratación.
DELINCUENCIA DELIBERADA
La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo pre acordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta, en cabeza de Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, quien estuvo vinculado a la entidad desde 02 de mayo de 2023 al 29 de febrero de 2024, cuando fue denunciado por el mismo presidente de República, Gustavo Petro, tal como lo publicó el periódico EL PAÍS, el 29 de febrero de 2024.
