Por Rafael Rodriguez-Jaraba*
Muchos son los males que agobian a la democracia colombiana, que socavan su legitimidad, que ofenden su dignidad y que minan la confianza ciudadana. La corrupción, encabeza la lista, y los estragos que produce, ensombrecen el camino y desalientan la esperanza.
La corrupción antes que ceder, se acrecienta. Los entuertos en la contratación pública aumentan; las componendas se apoltronan en los despachos públicos; algunas autoridades se venden; la justicia actúa con pasmosa lentitud; la impunidad prospera; y, todo, ante la mirada tolerante de una sociedad silente, amiga del facilismo, resignada a la mediocridad e inaceptablemente neutral ante el delito.
Que nadie se equivoque, el cáncer de la corrupción, es consecuencia directa del fracaso rotundo de nuestro sistema educativo, eficiente para informar, más no para formar ciudadanos de bien.
Es alarmante el aumento de los abusos, las contravenciones y los delitos, y peligrosa la renuencia de muchos ciudadanos a acudir a la justicia por tener dudas sobre su eficacia o temor a represalias por hacerlo. Esta apatía degrada la sociedad, la acostumbra a la villanía y, perpetúa la violencia y el subdesarrollo. Si bien el país ha estado habituado a la inobservancia de la ley, su distanciamiento de ella, cada día es mayor.
Corrobora esta triste realidad, el descomunal número de cédulas inscritas de manera irregular para las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 29 de octubre. La trashumancia electoral o trasteo de votos que se está gestando en todas las regiones del país, es abierta, descarada y desvergonzada, y pone en evidencia que el mayor problema que Colombia padece, es la falta de educación y, por ende, de ética.
En menos de 50 días los colombianos y extranjeros residentes en el país incluidos en el censo electoral, podremos ejercer de manera libre, directa, personal, secreta e intransferible el derecho al sufragio, para elegir 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales, así como a 6.513 ediles o miembros de la Juntas Administradoras Locales para el período 2024 – 2027, y, quienes salgan elegidos, se posesionarán en sus cargos el día 1 de enero de 2024.
Pero violentando el orden legal, algunos candidatos, y al parecer, algunos partidos y movimientos políticos, promovieron la inscripción irregular de cédulas, para obtener fraudulentas ventajas, haciendo caso omiso a que únicamente podían inscribir sus cédulas los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o quisieron actualizar su puesto de votación, y, para el caso de los extranjeros residentes en Colombia, contarán con cinco años de residencia y presentaran su cédula de extranjería vigente con categoría de residente.
Pero ante la descomunal avalancha de inscripciones de cédulas en municipios en los que al parecer, sus titulares no residen, no han residido, ni pretenden residir, y cuyo total a agosto 30 de 2023 llegó a la escandalosa cifra de 3.170.107, y, con fundamento en evidencias incontrovertibles que así lo demuestran, el Consejo Nacional Electoral, decidió, siguiendo el debido proceso, iniciar la revisión de la inscripción de todas estas cédulas, sin que con ello se vulnere el derecho de los ciudadanos a demostrar de manera solvente que, la inscripción de sus cédulas en esos municipios, si responde a un cambio real del lugar de su residencia.
Por lo anterior, a nadie le debe sorprender, la probable anulación de cientos de miles de inscripciones irregulares de cédulas, como tampoco, las acciones penales que se le seguirán a sus promotores y actores.
Es deplorable que sean muchas las amenazas que acechan la libertad del sufragio, y buena parte de ellas, promovidas por fletadores de turbas, por falsos agentes de la esperanza popular y por mercantes del erario, quienes, supuestamente abogan por la vigencia de la libertad y el orden, pero que en realidad solo pretenden perpetuarse en el poder para mantener sus botines burocráticos y engrosar sus arcas personales.
Nada más miserable, espurio y deprimente que ganar con trampa, alquilando la conciencia ajena o vendiendo la propia para favorecer a criminales.
Ojalá que los mercaderes electorales desistan de consumar el delito en el que ya están incursos y, la justa electoral de octubre sea pulcra, diáfana y ejemplar.
El problema de Colombia no es la falta de recursos financieros y tecnología; el problema de Colombia es la falta de educación y de ética.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
