Tras una inspección a la Secretaría de Salud de Córdoba (Montería) por parte de la Fiscalía delegada para la Corte Suprema de Justicia se encontraron documentos que había aportado la IPS Funtierra Rehabilitación demostrando cómo prestó a cabalidad los servicios de terapias en la región y su correspondiente solictud de pago a la pasada Gobernación de Orlando Benítez Mora. Lo que nunca realizó.
Al parecer los documentos fueron escondidos por exfuncionarios de la administración de Benítez para no pagarle lo adeudado a esta citada empresa que brindó su atención a los niños pobres del departamento de Córdoba durante la administración del entonces Gobernador Alejandro Lyon entre los años 2012–2015.
Sin embargo, esta firma cuya Representante legal es Tania Otero, tras exigir su pago y no querer entregar un porcentaje o coima, se convirtió en víctima de componendas por parte de algunos miembros de la Gobernación de Edwin Besaile y de Orlando Benítez, con el fin de no darle el dinero adeudado, a pesar de tener todos sus soportes al día.
La inspección de la Fiscalía se hizo dentro del proceso que se le sigue en la Corte Suprema al propio exGobernador Lyon por el escándalo de corrupción denominado el Cartel de las Terapias en Córdoba, del cual Funtierra está exenta por todas las pruebas que aportó sobre su servicio prestado y porque es una de las denunciantes del caso, según la Fiscalía y demás autoridades competentes. Por ese motivo los persiguen.
Recordemos que la Procuraduría General y la Contraloría General archivaron todas las investigaciones que abrieron en su momento contra Funtierra. Además existe una sentencia del juez competente de este caso que es la Supersociedades.
La historia de esta corrupción en Córdoba está sustentada en tres libros publicados por el veedor Eduardo Padilla, presidente del Movimiento Anticorrupción Nacional, MAN.
El actual Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta debe cumplir con la justicia y la ley y no permitir que esas pruebas de Funtierra permanezcan ocultos, porque de lo contrario él y algunas personas de su gestión también tendrían problemas judiciales. Estos documentos de la citada IPS ya los tienen en su poder la Fiscalía y demás entidades.
Lo peor es que cada mes que pasa sin pagarle a Funtierra, el departamento de Córdoba se endeuda en un valor estimado a los 300 millones de pesos por los intereses de la demanda que esta empresa instauró contra la Gobernación.
