Por: Rafael Rodríguez-Jaraba
Si algún fenómeno macroeconómico afecta con rigor a la población, en especial a la más pobre, es la inflación, la que, definida en términos simples, es la pérdida del poder adquisitivo del medio de pago por aumento de los precios de los bienes y servicios.
La presencia de la inflación responde a varias causas, entre ellas, a la emisión, furtiva o abusiva de dinero o, a su oferta excesiva, a lo que se llama Inflación Monetaria, la que se combate, mediante la contracción o disminución de los medios de pago.
El remedio a la Inflación Monetaria lo creó Milton Friedman cuando acuñó su Teoría de la Intervención Monetaria, la que le valió ganar el Premio Nobel y la que de manera sencilla predica: “El Estado puede controlar la inflación, si regula la oferta monetaria a una tasa constante”. La tasa constante mencionada en la teoría de Friedman, no es otra que la Tasa de Intervención, que es la que fijan y aplican los bancos emisores o centrales, cuando captan recursos u otorgan créditos a los bancos comerciales, con lo que se pone en movimiento los llamados mecanismos de transmisión económica que determinan que, si la Tasa de Intervención aumenta, aumentan las tasas de interés de los bancos, y, si se reduce, estas disminuyen.
También existen otros tipos de inflación, como son, la Inflación Reflectiva originada en la escases o encarecimiento de commodities o materias primas como el petróleo y, la Inflación Inducida derivada de la colusión o cartelización delictiva de agentes del mercado que convienen alza de precios para aumentar sus utilidades. Para estos dos tipos de inflación, –reflectiva e Inducida-, la Teoría de Friedman resulta inútil, y para hacer frente a ellas, existen otros medios que no se mencionan ahora, por no ser ninguno de estos tipos de inflación la que estamos padeciendo.
No se debe olvidar que, la inflación que afrontamos y por fortuna empieza a ceder, se originó, más que como una secuela de la pandemia, en la desconfianza, incertidumbre y zozobra que experimentó el mercado ante la llegada al poder de un gobierno populista de extrema izquierda y, más que eso, por sus declaraciones, anuncios y amenazas contra el sector productivo, los gremios de la producción y la inversión nacional y extranjera. A esta alza de precios nerviosa, precipitada y acelerada se le llama Inflación por Futuro Incierto.
Hoy, y luego de transcurridos más de dieciocho meses desde que Petro asumió el poder, y siendo evidente su incapacidad de gestión y ejecución, así como su ineptitud para mantener el orden público y promover seguridad y confianza inversionista y, por ende, promover desarrollo, progreso y mayor empleo, y con ello, lograr un ensanche de la economía, la reducción de la actividad económica en el país es manifiesta, lo que ha inducido la caída de precios y peor aún, la disminución de la demanda.
Es así que las empresas ante el ostensible decrecimiento que experimenta la demanda de sus bienes y servicios, y, en consecuencia, la reducción de sus márgenes de ganancia, no encuentran alternativa distinta a la de mantener o disminuir sus precios para tratar de sostener el nivel de sus ventas, pero con el agravante de que, para poder hacerlo, deben bajar o al menos contener sus costos, lo que implica hacer recortes en el número de empleos, siendo estos despidos otro factor que también se suma al descenso de la demanda.
Que nadie se equivoque, lo ocurrido en Colombia en materia económica desde que se posesionó el llamado “Gobierno del Cambio”, es un interminable compendio de errores, yerros, equivocaciones y desaciertos, los que han precipitado la caída de todos los indicadores económicos. La gestión de Petro y de sus ministros y funcionarios, en nada ha contribuido a disminuir la desigualdad, la inequidad y la pobreza, las que antes, por el contrario, han aumentado.
Si bien el Banco de la República ha hecho bien al reducir de manera gradual su Tasa de Intervención para intentar abaratar el costo del dinero y de contera, dinamizar la inversión y el consumo, es claro que la disminución de la inflación es el resultado natural de la recesión económica que evidencian la mayoría de sectores y renglones productivos, y de ello dan cuenta todos los indicadores económicos, siendo el más preocupante el descenso en el empleo.
Se equivoca Petro al querer arrogarse la reducción de la inflación como un logro de su Gobierno, cuando fue él quien la provocó y hoy, su descenso, responde a la autorregulación de los precios del mercado por parte de las empresas ante la imposibilidad de vender sus bienes y productos.
PRIMER COLOFÓN. Hasta dónde ha llegado el remedo de gobernante que padecemos. Su falta de grandeza, nobleza y gallardía es ilímite. Qué despropósito más grande minimizar el clamor mayoritario de la nación; desconocer las multitudinarias marchas contra su parodia de gobierno; y, seguir amenazando con otro paro criminal.
SEGUNDO COLOFÓN. Después del rotundo éxito de la marcha del pasado 6 de marzo, muchos se preguntan, ¿Ahora qué sigue? La respuesta es simple, el Consejo Nacional Electoral tiene la palabra, bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la investidura de Petro, o bien, para que se demuestra que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y, de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración, ahora sí y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, de la que difícilmente saldrá indemne.
Lo que no conviene, es que el Consejo Nacional Electoral dilate su pronunciamiento sobre estas presuntas violaciones, máxime, disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para avocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado y aportado, y que la nación entera conoce.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor de Derecho Económico, Comercial y Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
