Por Eduardo Padilla Hernández
Presidente Movimiento Nacional Anticorrupción
Montería lleva más de veinte años entregando sus servicios públicos domiciliarios en concesión. Más de veinte años de promesas de mejor cobertura, mejor calidad, mejor aseo, mejor alumbrado, mejor agua.
Y la pregunta que hoy se hace cualquier monteriano en la calle es simple: ¿Dónde está la plata y dónde está el servicio?
Desde inicios de la década del 2000, y con más fuerza después de 2021, nombres como ELEK S.A. E.S.P., VEOLIA S.A. E.S.P. y URBASER S.A. E.S.P. se volvieron parte del paisaje de Montería. No como empresas que compiten y rinden cuentas, sino como poderes que parecen intocables.
Yo no escribo esto para condenar a nadie. Yo escribo para pedir que se investigue. Porque cuando un ciudadano tiene que acudir a un juzgado para que le protejan un derecho básico como el agua, el aseo o un ambiente sano, algo está fallando en la administración.
Y en Montería hay fallos. No son rumores. Son decisiones de jueces.
En el año 2012, el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería profirió un fallo por sobrefacturación del 18,5% por concepto de alumbrado público. Es decir, durante años a los monterianos se les habría cobrado casi una quinta parte más de lo que correspondía por alumbrar sus calles.
Un 18,5% no es un error de digitación. Un 18,5% no es un redondeo. Un 18,5% es plata de la gente. Es la plata del tendero, de la ama de casa, del estudiante, del trabajador que paga su recibo puntualmente y que confía en que lo que le cobran es lo justo.
Y la pregunta que nadie ha respondido en 14 años es: ¿Quién devolvió esa plata? ¿Quién respondió por ese cobro? ¿Quién fue sancionado?
A ese fallo se suman otros del Juzgado Primero Civil Municipal y del Juzgado Tercero Civil Municipal y Ambiental. Fallos que no son opiniones de redes sociales. Son decisiones judiciales. Y hay actuaciones de la CAR CVS, la autoridad ambiental de nuestro territorio, que también han puesto la lupa sobre lo que está pasando.
Entonces la pregunta no es si a uno le caen bien o mal las empresas. La pregunta es: ¿Por qué la Alcaldía de Montería no ha hecho cumplir los contratos con la misma dureza con la que le cobra al ciudadano el recibo?
Aquí está el centro del problema: la supervisión y la interventoría.
Un contrato de concesión sin supervisión es un cheque en blanco. Y en Montería, durante varios cuatrienios políticos, la supervisión municipal ha parecido más ciega que vigilante. No lo digo como insulto. Lo digo como una sospecha que debe ser investigada por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Si un supervisor firma un informe diciendo que todo está bien, mientras en el barrio la basura se acumula, el alumbrado falla o el servicio se interrumpe, ese supervisor no está cumpliendo su función. Y si eso se repite durante años, ya no es un error. Es un sistema.
Y cuando un sistema se repite en cada cuatrienio, con las mismas empresas, con los mismos contratos prorrogados y adicionados, con las mismas interventorías que no ven nada, el ciudadano tiene todo el derecho a preguntar: ¿Esto es ineptitud o es complicidad?
Yo pregunto, no acuso. Que sean los órganos de control los que respondan con documentos, con auditorías y con cifras.
Que la Contraloría diga cuánto se ha contratado, cuánto se ha pagado, cuánto se ha adicionado y qué se ha ejecutado realmente desde el 2000 hasta hoy. Y que diga cuánto se cobró de más por ese 18,5% de sobrefacturación en alumbrado público y a quién se le devolvió.
Que la Procuraduría diga quiénes fueron los supervisores e interventores, qué informes firmaron y si cumplieron su deber.
Que la Fiscalía diga si hubo o no delitos en la celebración y ejecución de esos contratos.
Que la Superintendencia diga si la calidad del servicio en Montería corresponde a lo que se cobra.
Y que la Alcaldía de Montería publique, sin esconder nada, todos los contratos, todas las adiciones, todas las prórrogas y todos los informes de interventoría en SECOP, para que cualquier ciudadano los pueda ver.
Montería no es una finca de un concesionario. Montería es de los monterianos.
Los recursos municipales no son para engrasar campañas políticas ni para mantener operando a empresas que no cumplen. Son para garantizar que el niño en el barrio tenga agua limpia, que la calle esté iluminada, que la basura se recoja a tiempo.
Si las empresas cumplen, que se les pague lo justo y que sigan trabajando. Pero si no cumplen, que se les sancione, que se les caduque el contrato y que se les cobre cada peso.
Y si los funcionarios que debían vigilar no vigilaron, que respondan también. Porque la ceguera operativa, cuando es pagada con recursos públicos, también es corrupción.
Yo, como Presidente del Movimiento Nacional Anticorrupción, no pido venganza. Pido transparencia.
Pido que se acabe la época en que en Montería las concesiones se manejan a puerta cerrada, entre el contratista, el supervisor y el político de turno.
Pido que se abra todo a la luz pública.
Porque una ciudad que no controla a sus concesionarios, termina siendo concesionada ella misma.
