Por: Rafael Rodríguez-Jaraba
De nuevo el Gobierno intenta asediar a las Altas Cortes; esta vez, a la Corte Constitucional, para que la decisión que adopte esta corporación frente al cúmulo de demandas por inconstitucionalidad instauradas contra la ley que aprobó la Reforma Pensional, favorezca sus engañosos intereses populistas, sin importar que se haga a consta de vulnerar el ordenamiento legal.
Esta nueva incitación al asedio que podría devenir en asonada, la está promoviendo el señor Gustavo Bolívar, quien faltando a la cordura, violentando el ordenamiento legal y desafiando el estatuto penal, ha hecho una convocatoria a las personas de la tercera edad, para que concurran a una manifestación en “defensa” de la Reforma Pensional, la que, como es bien sabido y está plenamente demostrado, fue aprobada por el Congreso de manera irregular, y sancionada por Petro a sabiendas de sus vicios ostensibles e insanables, tanto de trámite, como de unidad de materia.
Al parecer, el llamado del señor Bolívar a los adultos mayores, responde al reciente fallo proferido por la Corte Constitucional que declaró inexequible el proyecto de ley estatutaria que pretendía modificar el Código Electoral por vicios similares a los que tuvo en su trámite la Reforma Pensional.
Pero es que, además de los vicios de forma y de fondo en el trámite de la Reforma Pensional, los yerros legales, y los despropósitos y desvaríos jurídicos que exhibe su contenido, son garrafales y de suyo, ameritan su declaratoria de inconstitucionalidad, así como una seria exhortación al Congreso de la República para que cumpla a cabalidad con sus deberes constitucionales.
La nueva intentona de asedio a las Cortes promovido por el señor Bolívar, principal corifeo de Petro, busca valerse de los que él llama “viejos y viejas de Colombia”, para que sean ellos, los que defiendan la reforma ante la Corte Constitucional, como si durante el trámite de una acción de inconstitucional, las manifestaciones, las marchas y las concentraciones fueran procedentes y tuvieran algún valor procesal, o que, para que los adultos mayores sigan recibiendo ayuda del programa Colombia Mayor creado durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se necesitara la aprobación de la reforma.
Si bien es ampliamente reconocida la oscura y ocurrente imaginación pornográfica del señor Bolívar, su ignorancia en materia constitucional, institucional y administrativa es proverbial e insuperable, y de ello ha dado y sigue dando diaria evidencia.
No se entiende como una persona con tantas limitaciones y carente de formación y experiencia, pueda ostentar tan alto cargo y ser depositario de tan delicadas responsabilidades. Para infortunio de la nación, el señor Bolívar no es el único ejemplo de incompetencia, incapacidad y desvergonzado cinismo en el actual gobierno.
El señor Bolívar debería tener en cuenta que, ejercer violencia contra los servidores públicos para que ejecuten u omitan algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales, es penado con prisión.
También debe tener en cuenta -si es que participa en la manifestación- que, los que en forma tumultuaria exijan violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión.
La nación no debe olvidar que, durante el lánguido acto de sanción de la ley de Reforma Pensional en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro sugirió una movilización en defensa de la reforma, y de manera imprudente y por demás indebida y ofensiva dijo, “No hay que dejar perderla. Por eso, le solicito a la justicia, desde aquí, que la mire desde los ojos, no del dólar, sino del amor”, como si la justicia actuara movida por intereses económicos o afectivos, y no con fundamento en normas legales.
Es lamentable que un gobernante y sus obsecuentes seguidores, intenten deliberadamente influir en las decisiones de la rama judicial, y peor aún, que las descalifiquen y desacaten sin no encajan con sus doctrinas y prédicas.
Razón tiene el presidente del honorable Consejo de Estado cuando denuncia el incumplimiento de muchas decisiones judiciales por parte del Gobierno, lo que además de constituir un acto violatorio de la ley, causa congestión y hacinamiento judicial, por tenerse que interponer procesos ejecutivos contra el Gobierno, para que se vea conminado a cumplir los fallos proferidos.
Que nadie olvide que, la grave situación financiera que en la actualidad padecen las Entidades Promotoras de Salud (EPS), es resultado del prolongado desacato del Gobierno de una decisión de la Corte Constitucional.
En Sala de Espera No. 1: Que el honorable Consejo Nacional Electoral cumpla con su deber. Bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la elección e investidura de Petro, o bien, para que se pruebe que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y, de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración contable, ahora sí, y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, y así, se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 109, 174 y 175 de la Constitución Nacional; en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005 contentiva del Reglamento de la Elección del Presidente de la República, y; en la Sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional mediante la cual precisó: “La pérdida de la investidura presidencial procede por ostensible y gravísima violación del régimen de financiación de campaña.”
En Sala de Espera No. 2: Que la Corte Penal Internacional emita orden de arresto contra Nicolás Maduro, y que el pueblo venezolano recupere su libertad y democracia.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mag. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
