Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Esta semana se conmemoran cuarenta años de la sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista M-19. El 6 y 7 de noviembre de 1985 esta guerrilla incendió y destruyó el edificio, el número de personal ejecutado fueron 94 personas entre magistrados, empleados, abogados y visitantes inocentes. Los primeros en caer fueron aquellos del pueblo, los conductores y vigilantes desarmados de la entrada. De no haber sido por la intervención del Ejército mayor sería el número de la ejecución de personal. Lo que quedó del Palacio fue recuperado por el Ejército Nacional: los héroes que defendieron la República.
Aquel ataque fue un crimen de lesa humanidad contra la justicia, la democracia y el Estado de Derecho. Ninguna reconciliación puede justificar semejante barbarie ni borrar su memoria. Sin embargo, la historia reciente parece haber invertido los papeles: hoy los soldados que cumplieron su deber son tratados como victimarios, mientras los verdaderos responsables del M-19 son presentados como “víctimas” y “reconciliadores”.
Quienes ingresaron con fuerza y muerte, sin duda, fueron los militantes del M.19. Sin embargo, a quienes se han condenado es a los militares que participaron en la recuperación del Palacio —entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, el coronel Alfonso Plazas Vega, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano y el general Iván Ramírez Quintero—, condenas desproporcionadas e injustas. La indulgencia se concedió a los autores materiales del crimen, amnistiados bajo la bandera de la paz. Duele, especialmente, el caso del coronel Plazas Vega, absuelto en 2015 por la Corte Suprema y hoy injustamente perseguido en el exterior.
Los militares no “retomaron” el Palacio: lo recuperaron. Once de ellos perdieron la vida cumpliendo el mandato constitucional de restablecer el orden, proteger a los secuestrados y defender la justicia frente a una acción armada que pretendía borrar expedientes de narcotráfico y doblegar a las instituciones. No hay comparación posible entre el terrorismo y la autoridad legítima del Estado.
En esta conmemoración es fundamental desmontar falsos relatos. Durante décadas se sostuvo que once personas desaparecieron tras salir con vida del Palacio. Investigaciones forenses recientes han demostrado que la mayoría de esos casos corresponden a identificaciones erróneas o cuerpos mezclados. La verdad es más compleja y menos útil para quienes construyeron una narrativa de impunidad.
Casos esclarecidos:
- Clara Helena Enciso Hernández: guerrillera del M-19. Salió viva y se exilió en México, donde inspiró la novela Noches de humo.
- Ana Rosa Castiblanco Torres: empleada de la cafetería, embarazada. Restos identificados por ADN en 2001 y entregados a su familia en 2017.
- Cristina del Pilar Guarín Cortés: identificada en 2015; sus restos estaban sepultados bajo otro nombre.
- Héctor Jaime Beltrán Fuentes: mesero; hallado en 2017 tras 32 años de error forense.
- Bernardo Beltrán Hernández: identificado en 2017; su cuerpo estaba en la tumba de un magistrado auxiliar.
- Luz Mary Portela León: identificada en 2015; enterrada erróneamente como otra persona.
- Lucy Amparo Oviedo Bonilla: hallada en 2015; restos almacenados por años sin identificar.
- Gloria Isabel Anzola de Lanao: abogada visitante; identificada en 2019.
- Norma Constanza Esguerra Forero: visitante; restos confundidos con los de un magistrado.
- Irma Franco Pineda: única guerrillera reconocida oficialmente como desaparecida forzada. Salió viva, fue capturada y nunca apareció.
Quedan tres casos aún por esclarecer:
Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis y Gloria Stella Lizarazo Figueroa. Las evidencias continúan en análisis forense.
Entonces, de los otrora trece, otros indican doce, nombres que durante años fueron usados como bandera política, hoy al menos nueve han sido plenamente identificados. Quedan tres casos por esclarecer. El relato de los “desaparecidos” no resiste la verificación científica ni histórica.
Incluso exmiembros del M-19 han reconocido que la toma fue un error gravísimo.
Carlos Medellín Becerra, hijo de un magistrado asesinado, ha denunciado la desproporción en el trato a los militares frente al perdón otorgado a los terroristas. La justicia transicional no puede construirse sobre el sacrificio de quienes defendieron al Estado.
El Congreso tiene ahora la oportunidad de corregir esa injusticia mediante la iniciativa del Centro Democrático, que propone un indulto, que no es lo procedente porque no infringieron la ley pero puede resultar equitativo frente a su esfuerzo por no perder la democracia y libertad del país. No se trata de impunidad, sino de equidad histórica. Colombia no puede seguir condenando a sus soldados mientras exalta a quienes quisieron incendiar sus instituciones, cometieron un grave atentado contra la justicia, contra toda la ciudadanía, contra la democracia. La guerrilla con innobles propósitos masacró a seres humanos cuya única arma era la Constitución, los Tratados y la Ley.
Que esta fecha sirva para honrar a las verdaderas víctimas: los magistrados, empleados y ciudadanos que murieron defendiendo la justicia. Y también a los hombres del Ejército que entregaron su vida por preservar la República.
