Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Lo que ocurre hoy en el Catatumbo no es un episodio más del conflicto armado colombiano. Es la confirmación de un fracaso estatal prolongado y de una omisión política que ya no admite eufemismos. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC han provocado un desplazamiento masivo de civiles que, por su magnitud y recurrencia, constituye una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.
Pero sería intelectualmente deshonesto analizar esta tragedia sin incorporar dos factores decisivos que agravan y prolongan la violencia: la facilitación del territorio venezolano como retaguardia de los grupos armados ilegales y el componente internacional, particularmente el papel que pueden asumir los Estados Unidos frente a un conflicto que ya desborda las fronteras colombianas.
El desplazamiento forzado nunca es una casualidad. Es la consecuencia directa de una ausencia. En este caso, de una doble ausencia: la del Estado colombiano en la protección efectiva de sus ciudadanos y la ausencia deliberada de control del Estado venezolano sobre su propio territorio, convertido de hecho en santuario de organizaciones terroristas que atacan a Colombia y luego cruzan la frontera con total impunidad.
El Catatumbo se ha transformado en un espacio donde el poder real no lo ejerce el Estado, sino actores armados con capacidad de movimiento binacional. La frontera con Venezuela no opera como una línea de contención, sino como una ventaja táctica: repliegue, reabastecimiento, reorganización y retorno armado, mientras la población civil queda atrapada entre el fuego cruzado.
Esta realidad introduce un elemento que el Gobierno colombiano ha evitado enfrentar con franqueza: la internacionalización del conflicto. Cuando grupos armados catalogados como terroristas operan con refugio transfronterizo, controlan economías ilícitas y generan desplazamientos masivos, el problema deja de ser exclusivamente interno y pasa a formar parte de la agenda de los países vecinos al sur del continente.
En ese contexto, la actuación de Estados Unidos no es una hipótesis extravagante ni una teoría conspirativa, sino una posibilidad política y estratégica real. Washington ha considerado históricamente al ELN como organización terrorista y ha mantenido un interés directo en la estabilidad de la frontera colombo-venezolana, el narcotráfico y la expansión de economías ilegales. Un deterioro mayor en el Catatumbo puede traducirse en mayor presión diplomática, cooperación en inteligencia o asistencia en materia de seguridad, especialmente si se consolida la percepción de que Venezuela continúa siendo un refugio operativo para estos grupos.
Ese escenario plantea un dilema incómodo: la incapacidad del Estado colombiano para ejercer soberanía plena termina trasladando la gestión de su seguridad a actores externos. Cuando un país no controla sus fronteras ni protege a su población civil, otros Estados comienzan a intervenir por razones propias, no necesariamente alineadas con los intereses nacionales.
La narrativa oficial insiste en reducir la crisis a un asunto coyuntural o meramente militar. Pero el problema es estructural. No hay control territorial sostenido, no hay judicialización efectiva, no hay presencia institucional permanente y no existe una política exterior firme que exija responsabilidades a un vecino que tolera —cuando no facilita— la presencia de organizaciones terroristas en su territorio. En ese vacío, la presión internacional crece.
La consecuencia es devastadora. El ELN y las disidencias de las FARC no solo se enfrentan entre sí: gobiernan. Imponen reglas, restringen la movilidad, deciden quién se queda, quién huye y quién muere. Cuando una organización armada reemplaza al Estado en la regulación de la vida cotidiana, la soberanía se convierte en una ficción y la ciudadanía en una promesa incumplida.
El desplazamiento masivo en el Catatumbo no es solo una tragedia humanitaria. Es una violación masiva y continuada de derechos fundamentales y una evidencia clara de responsabilidad estatal por omisión, tanto en el plano interno como en el diplomático.
Aquí no bastan los comunicados ni los llamados abstractos a la paz. Se requiere control efectivo del territorio, presencia permanente de la fuerza pública con enfoque de protección civil, judicialización real de las estructuras armadas y una política exterior que deje de negar la realidad: el conflicto ya es transnacional y su manejo improvisado solo acelera la pérdida de soberanía y se expone seriamente el proceso electoral que se avecina.
Pildorita: Regresaremos con la columna en la segunda semana de enero de 2026. Felices pascuas y feliz año nuevo.
