Por Eduardo Padilla Hernández
Abogado. Docente de Derecho Ambiental. Investigador en temas de justicia transicional y territorio.
En Colombia, por años la guerra se contó con cifras humanas. Pero hubo otra víctima, silenciosa, que nadie incluyó en los informes: la naturaleza. Hoy, esa deuda empieza a saldarse, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está al frente de un proceso que marca un hito: reconocer al medio ambiente como víctima del conflicto armado. No es retórica, es jurisprudencia viva.
Con autos como el 079 de 2019, donde se acreditó como víctima al Katsa Su, territorio sagrado del pueblo Awá, o el SRVR 226 de 2023, que reconoció al río Cauca como víctima directa, la JEP ha empezado a dar forma a un modelo de justicia transicional con enfoque ecológico. Un modelo que entiende que las balas no solo mataron personas, también contaminaron ríos, arrasaron selvas y desplazaron ecosistemas enteros.
La Corte Constitucional ya había dado un paso clave con la Sentencia T-622 de 2016, al declarar al río Atrato como sujeto de derechos. Pero lo que hace la JEP ahora va más allá: incorpora el daño ambiental dentro del marco de reparación integral y exige a los comparecientes responder también por estas afectaciones. Ya no es solo sobre lo que pasó entre combatientes, sino sobre lo que se llevó la guerra, a largo plazo, de manera irreversible.
Este giro es coherente con el espíritu del Acuerdo de Paz. El documento firmado con las FARC en 2016 hablaba de territorialidad, enfoque diferencial, sostenibilidad. Hoy, ese lenguaje se traduce en decisiones jurídicas concretas. El caso del río Cauca, por ejemplo, expone cómo fue usado como fosa común y contaminado por minería ilegal. Declararlo víctima no es simbólico: implica obligaciones, medidas de protección y una visión ampliada de justicia.
El desafío ahora es lograr que estas decisiones no se queden en autos firmados. Que se traduzcan en acciones estatales reales: restauración de fuentes hídricas, reparación a comunidades que vieron desaparecer sus ecosistemas, y garantías de no repetición que incluyan una vigilancia estricta sobre proyectos extractivos y de infraestructura.
La naturaleza no es un escenario del conflicto, es protagonista de su historia. Y si queremos una paz duradera, también debe ser protagonista de la reparación.
Porque sin ríos sanos, sin bosques vivos, sin territorio, no hay paz posible.
