Por Rafael Nieto Loaiza.
Uno de los desafíos que tiene la oposición es el de transmitir con efectividad a la ciudadanía sus propuestas y su visión de país. La agenda de comunicaciones, y en consecuencia la agenda política, las determina el Presidente Gustavo Petro. No para de hablar ni de trinar y son tantas las cosas polémicas que dice que pareciera inevitable entrar a controvertirlas. Los proyectos de ley gubernamentales tienen las mismas características. De manera que entre unas y otros los medios, los analistas y opinadores se la pasan examinando y debatiendo las ideas y planteamientos de Petro y las voces de la oposición no se oyen sino para cuestionarlas. Las propuestas, al menos por ahora, no aparecen. A su favor, digamos que aún hay tiempo para las elecciones del 26. Para entonces no bastará con contestarle, será indispensable transmitir una propuesta de país, un futuro mejor, una esperanza.
Mientras tanto, varias son las noticias de esta semana que ameritan comentario:
El fondo para financiar al Eln no es un idea nueva. Se planteó en Maguncia en 1998 y también lo propuso Álvaro Uribe en el 2006. Y va en la misma línea de la propuesta que hizo Petro el año pasado de pagarle a jóvenes delincuentes y del programa que en esa dirección implementara siendo alcalde de Bogotá. En todos esos casos lo critiqué con vehemencia. Entregarle dinero a unos terroristas que no han asumido compromiso alguno con la paz no puede entenderse sino como un subsidio al terrorismo. No se repara a las víctimas y en cambio se paga a los victimarios. Y es, otra vez, una vez más, un incentivo perverso. Le dice a los ciudadanos de bien que el crimen paga, que les va mejor a los que delinquen que los que respetan la ley.
En Alemania, Petro sostuvo que “el derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida de unos valores de izquierda”. Para empezar, como es usual en él, distorsiona la historia. En realidad fue un movimiento obrero, el del sindicato polaco Solidaridad, el que puso en marcha la caída del muro de Berlín. Y fueron los gobiernos comunistas de la Cortina de Hierro los que barrieron de manera sistemática con los sindicatos y los obreros, los manipularon y subyugaron. Más allá de su impertinencia y su inoportunidad, las declaraciones muestran que a Petro se le salió el mamerto que late en él y, más grave, reflejan su nostalgia por unos regímenes totalitarios que solo trajeron destrucción, hambre, muerte. Si había alguna duda, quedó aclarada: el pensamiento de Petro es el de la izquierda más radical, la que añora la Cortina de Hierro.
En la Comisión Séptima de Cámara, se aprobó la ponencia positiva de la reforma laboral. La Comisión tiene veintiún miembros. Sin embargo, la ponencia se aprobó con nueve votos. Para eso, frente a hechos iguales aprobaron impedimentos dependiendo de cómo votaría el parlamentario. A los que iban a votar a favor les rechazaron los impedimentos y a los que votarían en contra se los aprobaron. Así redujeron las mayorías necesarias. Una trampa evidente que tendrá consecuencias.
Con ese propósito, el gobierno sobornó al parlamentario conservador Alexander Quevedo, del Guaviare. Aunque el conservatismo había anunciado tanto la decisión de la bancada de votar negativamente la reforma laboral como de pedir el archivo de la ponencia, Quevedo completó el quorum favorable al gobierno y votó los impedimentos como quería la coalición gubernamental. El partido Conservador anunció la suspensión de Quevedo y le pidió a la presidencia de la Cámara que le retire voz y voto. El hecho prueba la estrategia de Casa de Nariño de reventar los partidos por dentro y negociar uno a uno con los parlamentarios. Malo para la democracia. Y deja abierta la pregunta de quién será el ganador de esta pugna entre gobierno y los partidos.
El asunto tiene, sin embargo, otra arista. La Corte Suprema abrió indagación a 19 parlamentarios liberales que habrían recibido puestos en el Fondo Nacional del Ahorro a cambio de sus votos. Hay antecedentes de condenas por conductas similares. Es el momento de cambiar definitivamente estas “costumbres” políticas.
