Por Rafael Nieto Loaiza
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas informó que Colombia ha alcanzado en 2022 los máximos niveles históricos de coca y de producción de cocaína. El reporte muestra un incremento del 12,7% en el área sembrada con coca, saltando de 204.000 ha en 2021 a 230.000 ha el año pasado. La producción de cocaína llegó a 1.738 toneladas, un 24,14% más que las 1.400 t del 2022. Hoy hay el doble de cultivos de coca que de papa y apenas once mil hectáreas menos de coca que de caña de azúcar.
Con la suspensión del monitoreo de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, el de la ONU es el único sistema que nos permite saber las cantidades de coca sembradas y de cocaína producida, aunque no sobra resaltar que las cifras gringas eran usualmente mayores que las del SIMCI.
Hay que advertir que este mar de coca y de cocaína en que estamos sumergidos no es resultado del gobierno de Petro. Después de algo más de una década de esfuerzos sostenidos, para el 2013 habíamos dejado de ser el principal productor de coca del mundo: en Colombia solo había 48.000 ha de coca y se producían 290 t de cocaína. Los narcocultivos habían disminuido un 65% en relación con el primer reporte de Simci, del 2001, que mostró 137.000 h de coca. En contra de lo que se sostiene, para el 2013 estábamos ganando la lucha contra el narcotráfico. Los ingresos de los grupos violentos vinculados al narco se habían reducido de manera sustantiva, afectando su logística, el reclutamiento y su capacidad operativa. No tengo duda de que es uno de los motivos por los cuales las Farc se vieron obligadas a negociar con el Estado.
Pero todos los avances se frenaron en el 2014, cuando se firmó el componente de narcotráfico del pacto de Juan Manuel Santos con las Farc. Lo que llamaron pomposamente «el nuevo paradigma” en el combate contra los narcos fue un desastre y desde entonces las cifras de cultivos de coca y de cocaína no han parado de crecer. No me cansaré de insistir en que lo que ha fracasado no es la lucha contra el narcotráfico, que hasta el 2013 se estaba ganando, sino el “histórico nuevo enfoque» acordado con las Farc.
Duque es corresponsable de la inundación actual, en tanto que mantuvo la misma línea de Santos y no corrigió ninguno de los gravísimos errores de lo pactado sobre este tema con las Farc. Con Gustavo Petro el problema solo se agravará. Todas sus políticas contribuyen al fortalecimiento del narcotráfico y de los grupos violentos que se alimentan del mismo. No olvidemos que hoy todos esos grupos, sin excepción, y el Eln entre ellos, son mafiosos.
En Colombia deberíamos empezar por reconocer que la solución final que algunos proponen, la legalización, es imposible a corto y mediano plazo. En Europa y en Norteamérica el asunto ni siquiera se discute. Todas las ventajas económicas de la ilegalidad seguirán presentes por décadas.
La relación simbiótica entre grupos violentos y narcotráfico es otra realidad que es indispensable asumir. Lo que explica la exacerbación del narco en Colombia es esa alimentación mutua, no la pobreza. Hay muchísimos países más pobres que nosotros, la inmensa mayoría no tiene cultivos ilícitos y ninguno tiene nuestra combinación de grupos violentos y narcocultivos. Cada decisión gubernamental que fortalece a los violentos, alimenta al narco. Cada política que favorece al narco, robustece a los grupos violentos.
También debería aceptarse que es el narco lo que explica que en Colombia haya pervivido el conflicto armado y que “la paz” siga muy lejana, a diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido en Centroamérica, y a pesar de todos los regalos, impunidades y beneficios políticos, económicos y judiciales que se le han otorgado a los bandidos. El narco explica las disidencias y también las reincidencias de las Farc, el fortalecimiento eleno desde la firma del pacto con Santos, el paramilitarismo y, para resaltar un reflejo reciente, las amenazas a civiles por parte de soldados disfrazados en Tierralta, Córdoba.
Y habría que reconocer que es el narco el culpable del derrumbe ético de muchos sectores de la sociedad colombiana y, en buena parte, de la lacra de corrupción que estamos sufriendo. La idea del dinero fácil y rápido, aunque se viole la ley, se ha enquistado en muchos. Los escándalos del hijo del Presidente, Nicolás Petro, y de su hermano Juan Fernando Petro se deben también al poder corruptor del narcotráfico como, según su hermano, es el poder de las bandas de narcos el responsable del triunfo electoral del ahora presidente.
No solo por estas razones, también por sus impactos en el medio ambiente y la salud pública y por las graves distorsiones que genera en la economía, es indispensable luchar sin cuartel contra el narcotráfico en todas sus facetas, los cultivos de coca incluidos.
Es verdad que las políticas de Petro van en camino de convertirnos en una narcocracia, pero no es menos cierto que tal cosa está ocurriendo bajo la mirada indiferente de muchos que han renunciado al combate contra el narco sin darse cuenta de que esa claudicación nos está costando la república.
