Por Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
El apellido Petro no va a quedar para destruir a los opositores. Por el contrario, su gestión lo marca más con la destrucción que con la construcción.
Resultado obvio dados sus antecedentes, su gobierno en la Alcaldía de Bogotá y las prácticas reprochables que desde su campaña a la presidencia se utilizaron para derrumbar a sus oponentes. Entre los peores hechos se halla no haber respetado en el debate el derecho a la igualdad de sus oponentes al presuntamente violar los topes de campaña, sin que hasta el momento las autoridades competentes hayan resuelto lo que corresponde. Cabe aquí la pregunta que formuló Petro ¿por qué no pudo la justicia colombiana?
Se tiene conocimiento que en esa infracción el principal encartado es el propio Jefe de Estado. Desde que se dio comienzo a su gobierno se empezó a escuchar el tema de la transgresión de los topes de campaña. Luego, en febrero 2023, el CNE recibió una denuncia anónima que daba cuenta de ese desacato a la Constitución y a la ley. Este proceso, será, quizás, el único que probablemente llegue a la confirmación de la violación de los topes cuando se adopte la decisión que legalmente corresponde. Ya la juiciosa ponencia en la que se proyecta formular acusación, elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, da cuenta de las irregularidades en que podría estar incurso.
En paralelo a este proceso en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes cursan varias denuncias que buscan la aplicación del inciso 7 del artículo 109 de la Constitución. Se trata de la pérdida del cargo por la presunta violación de los topes de campaña, cosa que se ha visto agravada por el escándalo de la UNGRD acerca de los ya famosos carrotanques para la Guajira. Al parecer se destinó parte del dinero desviado por los funcionarios a buscar una salida a las acusaciones.
Se han valido de tácticas violatorias para “torpedear” la investigación del CNE, empero no dio el resultado perseguido, pues, se decidió finalmente por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que el CNE tiene competencia para investigar todo lo relativo al manejo de dineros de la campaña electoral. No obstante, no la tiene para sancionar al presidente ya que esto corresponde a la Comisión de Investigación y Acusaciones.
El CNE requiere 6 votos de los nueve magistrados para que la ponencia extendida sea aprobada. Para el jueves 26 de junio de 2024 se había citado para decidir sobre la ponencia presentada, finalizado el día no se conoció decisión al respecto. Ese cuerpo, en verdad le mueve más el factor político que el propiamente judicial, pero puede estar cerca de conseguirse la decisión, pero hasta ahora no se puede, como se dice popularmente, cantar victoria, máxime que como lo expresó esa entidad “las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones. Se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas”.
Pero, además de quien funge como primer mandatario, su familia se encuentra envuelta en varios escándalos que han impactado su administración. Nicolás, a quien su padre no crio, enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a partir de acusaciones de su ex esposa Day Vásquez. Ella denunció que Nicolás recibió dineros ilícitos para la campaña presidencial de su padre y se apropió de una parte de los mismos. En la investigación de la fiscalía se ha establecido que hay en el patrimonio de Nicolás cuantiosos fondos no declarados.
En equivocado proceder del Juez de garantías al momento de la detención, al resolverle la situación jurídica, resolvió no enviarle a establecimiento penitenciario y dispuso que estuviera en Barranquilla, hecho que inmediatamente aprovecho su padre, en probable violación a expresa prohibición del juez, para visitarle y, por supuesto, para comenzar el cambio de la narrativa e historia que los colombianos escucharon en entrevista en la Revista Semana. Ahora el mal criado ha dicho que todo fue a espaldas de su padre.
Por su parte, el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, ha sido investigado, entre otras, por sus visitas a cárceles durante la campaña electoral de 2022. Estas visitas levantaron sospechas sobre posibles acuerdos con delincuentes para obtener votos, lo que se ha denominado el «Pacto de La Picota». Juan Fernando justificó sus visitas señalando que estaban relacionadas con su trabajo en derechos humanos; las investigaciones continúan.
La primera dama, Verónica Alcocer, también se ha visto involucrada en varios escenarios que han sido objeto de controversias. Recientemente, ha sido implicada en las revelaciones de Nicolás Petro sobre la posible entrada de dinero ilegal a la campaña de su esposo, especialmente en la región Caribe. Además, ha sido criticada por su protagonismo político y sus elevados gastos en viajes diplomáticos y otros eventos públicos.
Estos escándalos han generado una considerable atención mediática y judicial, afectando la percepción pública y la popularidad del presidente Gustavo Petro, pero en el balance final todos parecen estar revestidos de teflón. Nada pasa, tal como acontece con la cercana y quizás persona que administra la nación, Laura Sarabia, formada en la escuela de Benedetti, el de los 15.000 millones, que está vinculada al caso del polígrafo a Marelbys Mesa; revestimiento que ahora pareciera extenderse a su socio, su hermano menor Andrés, que ocupa destacado lugar en como hacerse rico en meses y que se atreve a desafiar y amenazar públicamente a quien se atreva a señalarle.
Es probable que el teflón no la cobije y como acontece en los casos de infidelidad notoria y manifiesta suceda que el cónyuge herido sea el encargado de dar a conocer información de la mujer que algún día amó. Lo que sí es seguro es que los secretos no quedarán en la otrora cama conyugal.
El jueves anterior, se supo por parte de Pablo Bustos que la Red de Veedurías Ciudadanas, la cual preside, le instauró a los hermanos Sarabia denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, ante su incremento patrimonial injustificado. En dicha denuncia, se conoció que se incluyó también a Andrés Parra, actual pareja de Laura Sarabia, quien es el representante legal de la sociedad que fuera constituida con un nimio capital de 6 millones y hoy posee un significativo patrimonio en escasos meses. Amanecerá y veremos.
Por ahora esperemos que, ante la magnitud de los escándalos, se recupere pronto del soponcio que la llevó a hospitalizarse.
Ojalá los aquelarres que a diario se dan en este gobierno no sea para desviar la atención del hecho central, la sanción que impone la Constitución al candidato que viole los topes electorales. La justicia Colombiana diligentemente debe y tiene que poder resolver en derecho tantos escándalos. Dios los ilumine.
