Por Rafael Nieto Loaiza
La situación fiscal es sumamente complicada. Por un lado, el frenazo monumental de la economía en el 2023, con un crecimiento de apenas un 0,6%, después de haber crecido 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022. Los motivos del desplome son, fundamentalmente, la feroz reforma tributaria del segundo semestre del 22, que castigó duramente al sector privado; las altas tasas de interés; la enorme incertidumbre como resultado de las políticas y declaraciones de Petro; y, en buena parte como consecuencia de lo anterior, la brutal caída del 24,8% de la inversión y la disminución real del 2,4% en el gasto de los hogares el año pasado.
Por el otro, la disminución sustantiva de los ingresos tributarios. A junio el total recogido era de $126,6 billones, el 40% de los $315,86 billones de ingresos tributarios presupuestados para el 2024. El peor recaudo para el semestre en todo el siglo XXI, más bajo incluso que el de la pandemia.
Finalmente, el exorbitante presupuesto de $502,6 billones para el 2024, desfinanciado y mal hecho. Se hizo con un cálculo excesivo de los eventuales recaudos tributarios, estableciendo ingresos ocasionales o contingentes como fuentes permanentes y decretando impuestos inconstitucionales. No entrarán los $15 billones que el Gobierno presupuestó como resultado del arbitramento de litigios y demandas a favor de la DIAN. Como mucho, ingresarán entre $1,8 y $3,2 billones. Son dudosos los $13 billones presupuestados como resultado de una “gestión de recaudo inteligente” de la DIAN. Y el Estado dejará de recibir $6,6 billones como resultado de la sentencia que determinó la inconstitucionalidad de la no deducibilidad de las regalías. Para rematar, está pendiente la sentencia sobre las sobretasas a las empresas minero energéticas y bancarias. Si se caen, el hueco sería como mínimo de $25 billones más.
Como resultado, el gobierno está buscando plata hasta debajo de las piedras. Han planteado flexibilizar la regla fiscal. Subió la incierta meta por “gestión inteligente” de la DIAN de $13 a $27 billones, de manera que es previsible que se pondrá en la tarea de perseguir y a apretar a los contribuyentes que sí cumplimos juiciosamente con el pago de nuestros impuestos. Está rezando para que no se caiga en la Constitucional la reforma pensional, para liberar al menos parte de los $66 billones del presupuesto que se destinarían en 2025 al pago de las pensiones. Y anunció una nueva tributaria que busca recaudar $12 billones más.
En la misma línea está la propuesta de las inversiones forzosas. «El gobierno tiene un problema de ingresos grave […] la inversión forzosa es una propuesta para mejorar los ingresos del presupuesto”, confesó sin sonrojarse el director del DNP.
La idea, sin embargo, es muy mala. Para empezar, habría que precisar que los dineros depositados en las cuentas de ahorro de los bancos, $294,6 billones a mayo, no son «ahorros públicos»», como los llamó Petro, sino estrictamente privados. Y los ahorradores los ponen en los bancos porque confían en su experiencia y profesionalismo para administrarlos. Con certeza no los dejarían en el sistema bancario si supieran que esos recursos se van a trasladar al gobierno para que este decida donde colocarlos. La banca privada en Colombia ha sido tradicionalmente estable y segura. Los bancos prestan solo después de hacer una juiciosa evaluación de riesgo y con garantías. En cambio, por ejemplo, la cartera vencida del Banco Agrario ha sido tradicionalmente el doble que la de la banca privada. Es un grave error sustituir los conocimiento, la eficiencia y los criterios técnicos y de seguridad de la banca privada por los motivos políticos, clientelistas o electorales del gobierno. El próximo es un año preelectoral y el gobierno quiere ese dinero para apalancar los programas y sectores que, en su opinión, le darán más apoyo en las elecciones del 26. El gobierno adjudicaría los créditos por su rentabilidad política y clientela, o por corrupción, sin que al final le importe siquiera si son devueltos.
Las inversiones forzosas distorsionan el mercado; le quitan recursos a los bancos para prestarlos eficientemente, de manera que disminuyen la oferta de dinero y aumentan su costo, es decir, fomentan una subida de las tasas de interés; desestimulan el ahorro privado porque crece el riesgo para los depositantes; afectan la confianza y agudizan la incertidumbre; y, tanto por el desestimulo al ahorro como por los costos económicos, limitan un crecimiento que ya es paupérrimo.
Para rematar, este es un gobierno derrochón y corrupto como ninguno, altamente ineficiente e improvisador, con una bajísima ejecución presupuestal -apenas del 36,6% a junio, la peor en 23 años-, y con un MinHacienda investigado por sobornar a los congresistas. En esas condiciones, lo que hay que exigirle es que ejecute bien y que reduzca el gasto público, de ninguna manera aprobarle el despropósito de las inversiones forzosas.
