Por: Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Los diferentes actores del país y en especial aquellos que desempeñan algún cargo público, así sea transitorio, tienen el deber de garantizar, entre otros, la justicia, la democracia y el estado de derecho como lo dispone la Carta Política de Colombia. Y en cumplimiento de ese deber les corresponde respetar la independencia de los poderes, acatar las órdenes judiciales, velar por los derechos de las personas, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (art. 2 C.P.)
Sin embargo, con olvido total de la conducta que impone la Constitución Política, recientemente el Comisionado de Paz, Otty Patiño, en forma arbitraria, intentó evitar la captura de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, de quien se conoce estaba cumpliendo una condena por 29 años, cuando en 2017 se acogió al proceso con las Farc de Santos, quedando en libertad condicional, la que utilizó para seguidamente retomar las armas. En abril de 2024 se levantaron las órdenes de captura en su contra para que participara en el proceso de paz total de Petro como negociador de las disidencias de la Farc. El 11 de febrero de 2025 se envió circular roja de la Interpol en la cual se le acusa de narcotráfico y de presuntamente enviar cocaína a Estados Unidos.
La interferencia del Comisionado resulta reprochable y a la vez que constituye una clara obstrucción a la justicia, también representa un golpe a la legitimidad del proceso de paz y a la institucionalidad del país. Actuar que configura varios delitos que deben ser investigados y judicializados, pues, deja en entredicho, una vez más, el compromiso del actual gobierno con la seguridad nacional.
Los medios registraron que el Comisionado trató de evitar la captura del criminal utilizando el argumento del proceso de paz. Inadmisible resulta esa consideración, como su indebida intervención. No es la primera vez que se presentan acciones de esta clase favoreciendo a la criminalidad con el argumento de la «paz total» inventada por Petro. Se debilita así nuestro Estado de Derecho y se contribuye a la impunidad.
Es sabido que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. La Ley 906 de 2004 establece la captura de la persona requerida en extradición y señala como competente para decretarla exclusivamente al Fiscal General de la Nación, luego resulta ilegítima la participación de cualquier otro funcionario. Entonces, resulta claro que Patiño, antiguo integrante del M -19, se valió de su cargo para presionar a la Fiscalía y a la Fuerza Pública para que no cumplieran la ley. Esto no solo constituye un abuso, sino que también puede tipificar conductas sancionadas por el Código Penal.
Es preocupante la señal que este individuo ha enviado así a la ciudadanía y a la Fuerza Pública. Si los altos funcionarios del Estado se entrometen en la captura de criminales ¿cómo se puede esperar que la justicia opere con independencia?
Lo ocurrido se torna aún más grave cuando se conoce el pronunciamiento de la autodenominada Coordinadora Nacional Bolivariana a través de su vocero Walter Mendoza, comandante en otro tiempo de la Segunda Marquetalia. Este sujeto confirmó que mantendrán su participación en la mesa de negociaciones con el gobierno, pese a la captura de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, acaecida el pasado doce de febrero.
Hizo un llamado a la movilización de diversos sectores armados y organizaciones sociales «para defender la soberanía y la dignidad de los colombianos”. Clara amenaza. Y concluyó: «No más sumisión, no más chantaje de la extrema derecha colombiana”. Subrayó que el proceso de paz necesita el respeto de todos los actores implicados. Por supuesto la orden de detención nada tiene que ver con ese malogrado proceso. En fin, terminó su alocución demandando la intervención de Gustavo Petro para que se lograse la libertad del individuo.
Bien hacen los señores Sergio Álzate y Sebastián Velásquez en denunciar a Otty Patiño por ese intento de evitar la captura del peligroso delincuente, quien pretendió conseguir su libertad a través de un Habeas Corpus que con acierto le fue negado.
Es urgente una respuesta judicial. Este caso no puede quedar en meras denuncias mediáticas. Es fundamental que la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema actúen con celeridad para determinar si el actuar de Otty Patiño lo torna incurso en algún delito. No hacerlo sentaría un peligroso precedente de impunidad y confirmaría que el Gobierno de Gustavo Petro está más interesado en proteger criminales que en garantizar justicia y seguridad para los ciudadanos.
Los colombianos y el gobierno nacional deben tener bien claro que en un Estado de derecho, ninguna agenda política, ni siquiera la de la paz, puede estar por encima de la ley.
Patiño al pretender explicar su conducta, trae a colación la protesta para justificar su intervención. Sin embargo, el derecho a la protesta no puede ejercerse frente a legítimos procedimientos judiciales. Si hubo extralimitación de la policía debe presentarse una denuncia a través de los canales establecidos. Desviar la discusión hacia la “protesta contra el abuso de la fuerza” es una táctica para evitar responder si efectivamente impidió la captura de alias ‘Araña’. Las autoridades judiciales no abusan cuando cumplen puntuales órdenes judiciales.
Cuando Patiño confirma que solicitó la suspensión de la orden de captura también está confirmando su indebida interferencia. Un comisionado no tiene esta clase de facultades. Parece haber obrado por cercanía y amistad, extralimitándose en sus funciones. Además de interpretar arbitrariamente su rol.
Confiemos en que la extradición se produzca prontamente para que Araña haga compañía a Simón Trinidad, quien no consiguió el perdón de Biden. No parece que Petro vaya a firmar la orden. Ha expresado que el delincuente es indispensable para el proceso de paz.
Un proverbio popular enseña que “una acción vale más que mil palabras” y el pueblo colombiano es testigo del actuar de “araña” luego de favorecerlo otorgándole la libertad por acogerse al proceso de paz con las Farc. ¿Será que ahora sí tiene voluntad de paz? Difícil creerlo.
