Por Rafael Nieto Loaiza
Si antes había alguna, ya no hay ninguna duda sobre la veracidad de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla que sostienen que entregaron dineros y contratos de la UNGRD a congresistas con el fin de asegurar la aprobación de proyectos de interés del gobierno y el control de las investigaciones contra Petro en la Comisión de Acusaciones. Y, con la información conocida esta semana, ha quedado comprobado que tales entregas se dieron por orden de ministros y altos funcionarios de la Casa de Nariño.
En efecto, además de los testimonios de López y Pinilla, se han conocido otras pruebas, entre ellas chats, la lista con los nombres, de puño y letra de una congresista, de otros parlamentarios que vendieron su voto, audios sobre reuniones y órdenes para el direccionamiento de los contratos, y estudios técnicos que demuestran, con base en el posicionamiento georreferenciado de los celulares, que los congresistas y funcionarios de Palacio sí estuvieron donde López y Pinilla dijeron que se habían encontrado.
De manera que, aunque inicialmente lo negaron, son contundentes las pruebas contra Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, que habrían recibido tres mil y mil millones de pesos en efectivo y bolsas y maletines, que tanto le gustan al petrismo. Por cierto, el involucramiento de ambos demuestra la importancia de escoger muy bien los nuevos presidentes de ambas corporaciones. El poder que tienen para definir e impulsar la agenda legislativa es enorme. Entregarle esas presidencias al petrismo sería un error monumental.
Lo nuevo, sin embargo, son las evidencias que muestran la responsabilidad de Ricardo Bonilla, MinHacienda, y de Carlos Ramón González, entonces director administrativo de Presidencia y hoy jefe de la Dirección de Inteligencia, en el direccionamiento de contratos y la operación de compra de los congresistas, entre ellos los que hacen parte de la Comisión de Crédito Público.
El resumen no es complejo: Petro reventó en abril de 2023 la coalición gobiernista en el Congreso y desde entonces el gobierno se dedicó a conseguir apoyos, ya no de partidos y movimientos, sino de congresistas individualmente considerados. Con ese fin puso en marcha, desde la Presidencia, el Ministerio del Interior y el de Hacienda, una operación de soborno de representantes y senadores claves, entre ellos los presidentes de las dos corporaciones, el de la Comisión de Acusaciones y los de Crédito Público. Para ello aprobaron tres adiciones presupuestales de centenares de miles de millones de pesos para la UNGRD y se le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a los parlamentarios para sobornarlos. De paso, en medio de las discusiones con esa banda sobre su financiación durante las negociaciones, también se ordenó desviar dineros públicos para asegurar que el Eln se mantuviera en la mesa de la “paz total”.
Hay elementos que no puede perderse de vista. Uno, Olmedo siempre ha sido de la entraña misma de Petro: también es exM19, cuando fue candidato por la lista de “Decentes”, Petro apoyó y promovió su candidatura, López fue el donante individual más importante de la campaña petrista en 2018, y fue Petro quien lo nombró en la UNGRD. Dos, hay declaraciones públicas de Petro defendiendo a López cuando fue suspendido por la Contraloría y pidiendo que siguiera en el cargo. Petro nunca echó a Olmedo. Él renunció cuando se hizo pública la estafa de los carrotanques, pieza inicial del escándalo. Tres, que no era posible que Olmedo y Sneyder hubieran diseñado y puesto en marcha la operación de soborno de los congresistas en la que, además, no ganaban nada. Tenían que haber recibido órdenes, como efectivamente ocurrió. Cuatro, tampoco es creíble que los ministros de Interior y Hacienda, el director del DAPRE y la Consejera de Regiones, hayan dado esas órdenes y hayan participado en la operación de saqueo y corrupción de la UNGRD sin el conocimiento del gran beneficiado: Petro. Quinto, en efecto, el favorecido es Petro: toda la operación estuvo destinada a facilitar la aprobación de sus proyectos en el Congreso, a conseguir la deuda que necesitaba, a asegurar su impunidad en la Comisión de Acusaciones, a amarrar al Eln a las negociaciones para que su “paz total” no fracase estrepitosamente.
Preocupa mucho que la Fiscalía no hubiera abierto investigación contra los ministros y altos funcionarios investigados sino muy tardíamente. Y que hasta hoy no haya tomado ninguna decisión sobre los asesores de Presidencia y de MinHacienda involucrados. Son los eslabones más débiles y, por tanto, los más interesados en colaborar. La Fiscal tiene que demostrar que verdaderamente va a cumplir la ley y que ella no es “la de Petro”. Hasta ahora solo hay dudas y sombras sobre su independencia y autonomía. Mientras tanto, hay oscuros episodios de desaparición de memorias y computadores, incursiones de hombres armados en el apartamento de Olmedo, robo de sus cajas fuertes, amenazas de muerte. Hay muchos interesados, empezando por el mismo gobierno, en que López y Pinilla callen y las pruebas desaparezcan. La Fiscalía y la Policía están obligados a protegerlos a ellos y sus familias.
Con semejantes hechos, que se suman a la larga lista de escándalos que rodean su familia, su círculo más íntimo y su campaña, Petro debería renunciar. En otro país habría un clamor ciudadano y mediático enorme para presionar esa renuncia. Pero esto es Colombia y desde Samper los parámetros éticos y judiciales se reventaron en mil pedazos.
