Por Rafael Nieto Loaiza
En la madrugada del 20 de octubre, el Congreso terminó de votar el presupuesto de 2027. Pero el Ministerio de Hacienda no coordinó los textos: en la Cámara presentó un artículo 65, sobre coberturas petroleras, que fue aprobado por esa corporación, distinto al del Senado, y no hubo tiempo de conciliar las diferencias. ¿Fue solamente inexperiencia o el gobierno prefería el presupuesto sin los cambios hechos en el Senado?
El error dañó la aprobación del presupuesto. Había mayorías y acuerdos con el Ejecutivo. Todo ese trabajo quedó comprometido por una diferencia en un solo artículo. En 2024 criticamos a Petro por sacar el presupuesto de 2025 por decreto. Que ocurra ahora no lo hace menos grave.
Como sea, el Gobierno terminó decretando $634,9 billones de presupuesto con el texto de primer debate, dejando por fuera las modificaciones aprobadas en la plenaria del Senado.
Había una alternativa jurídica distinta al decreto: sancionar la ley sin la adición controvertida y defender ante la Corte Constitucional que el eventual vicio afectaba únicamente al artículo 65. En 2024, la Corte permitió subsanar un defecto de trámite del Plan de Desarrollo de Petro. Después hizo lo mismo con la reforma pensional. Había, pues, razones para intentar preservar lo aprobado. El resultado dependía de la Corte, pero el Gobierno ni siquiera ensayó ese camino. Optó por expedir inmediatamente por decreto el texto de primer debate.
Las consecuencias son graves. Entre otras, la salud perdió $3 billones adicionales, otros $3 billones para subsidios de electricidad y gas y $100.000 millones para subsidiar las tasas de los créditos del Icetex. También recursos para la reconstrucción tras el terremoto y obras regionales. En Santander, por ejemplo, se perdió la adición de $100.000 millones para la variante de San Gil.
Con todo, el problema fiscal es más profundo. Este presupuesto reconoce obligaciones que el proyecto de Petro no presupuestaba y elimina ingresos que dependían de una reforma tributaria inexistente. Sincera la realidad fiscal y por eso lo aplaudimos. Pero son 59,3 billones más alto que el presentado por Petro y es absolutamente insostenible sin ajustes. Si no se hace nada, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría al 9,4% del PIB para 2027.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF, encargado de hacer seguimiento a la sostenibilidad de las finanzas públicas, proyecta una deuda neta de 67,4% del PIB para 2027 y advierte que, sin medidas de ajuste, superaría en 2028 el límite de 71% que establece la regla fiscal, el mecanismo legal pensado para evitar que el Estado gaste más de lo que recibe y que pone límites al gasto público y al endeudamiento. Ese límite busca contener una dinámica peligrosa: una deuda elevada aumenta el riesgo, encarece los nuevos préstamos y obliga a destinar más para pagar intereses. Se termina pidiendo prestado para atender lo que ya se debe, mientras se estrecha el espacio para los demás gastos. Más plata para pagar deuda y mucho menos para agua, justicia, salud, seguridad y vivienda.
Por eso planteamos con el Centro Democrático una proposición que exigía un plan de reducción del gasto primario equivalente a dos puntos del PIB. El Gobierno definiría los rubros, respetando las obligaciones constitucionales y legales. No era un capricho. El ministro Gómez había anunciado a fines de agosto un recorte incluso mayor: 2,2 puntos del PIB. La proposición, que contaba con apoyo mayoritario en el Senado, fue descartada después de que el Ministerio de Hacienda se opusiera vehementemente a ella.
Para facilitarle al gobierno el ajuste estructural, el Centro Democrático presentó el 16 de septiembre un proyecto de ley ofreciéndole al gobierno facultades extraordinarias para fusionar y suprimir entidades, reducir burocracia, disminuir estructuralmente el gasto de funcionamiento. Pero hasta ahora el Gobierno tampoco ha manifestado si quiere esas facultades. La Constitución exige que las pida expresamente. Sin esa solicitud, la propuesta no puede prosperar.
Para 2027, los intereses previstos absorberían cerca de uno de cada tres pesos de ingresos tributarios; hace 10 años era uno de cada seis pesos. Y el CARF calcula que el 90,7% del gasto del Gobierno Nacional Central sería inflexible. Cuando falta caja, la inversión paga los platos rotos: se aplazan obras, se debilita el crecimiento y se recauda menos. Recortar de manera permanente el gasto prescindible ayuda a romper esa espiral y a encaminar la deuda hacia niveles más cercanos al 60% del PIB. La responsabilidad fiscal de hoy protege la inversión de mañana.
El Gobierno ha reconocido que debe recortar. El MinHacienda habló de 2,2% del PIB y el viernes el Vicepresidente dijo que serían 70 billones. Pero se opuso a una disminución de un presupuesto cuyo equilibrio depende de reformas que todavía no presenta. Los anuncios no pagan las cuentas. Como tampoco patear la deuda hacia adelante. Es verdad que es una práctica recurrente en los últimos tiempos. Pero no soluciona en nada el problema de fondo. Y es cada vez más costoso. A principios de octubre, el gobierno movió para futuro 14,2 billones de deuda y los tenedores le cobraron 2,5%. Esta semana hizo otra operación por 8,8 billones y ahora le tocó pagarles 4,5%. Más los intereses, que están en el orden del 13%. Es decir, hay alivios de coyuntura pero son operaciones carísimas. Y en realidad, no sobra resaltarlo, no son ningún ajuste.
La ley «de rescate económico” debía acompañar el debate presupuestal. Seguimos esperando su texto. Hace falta saber qué gastos desaparecerán y cuándo empezará el ahorro. El gobierno debe radicar pronto el ajuste y recuperar las prioridades acordadas, financiándolas con recortes reales en funcionamiento.
