Por Rafael Nieto Loaiza
Mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Los congresistas hundieron la reforma laboral pero la amenaza de la consulta de Petro les metió miedo y terminaron aprobándola, con modificaciones menores. Esa reforma no es progresista sino pobresista, empobrecedora. Da más beneficios a quienes ya tienen el privilegio de tener empleo formal pero aumenta de tal manera los costos -entre el 18 y el 34% dependiendo el sector- para las micro y pequeñas empresas que miles quebrarán y aumentarán el desempleo y la informalidad. Así lo advirtieron tanto FENALCO como ACOPI y Asobares, uno de los sectores, el de la hostelería y la restauración, más afectados.
Agravar la informalidad es muy mala noticia. Hoy está en el orden del 57% de la población ocupada. Seis de cada diez colombianos está en la informalidad. No hay economía que funcione si solo dos de cada cinco trabajadores paga impuestos, cotiza a salud y aporta a pensiones. Dicho de otra manera, hoy el 40% de los trabajadores colombianos subsidia al 60% restante. No es sostenible.
Tampoco fue buena noticia que la Constitucional, de manera unánime, devolviera a la Cámara la reforma pensional para que arregle un vicio en el trámite. Aunque es verdad que la Corte se reserva la decisión de fondo cuando regrese a ella la reforma con el vicio subsanado, de manera que el análisis de la sustancia está aplazado hasta entonces, no es menos cierto que el antecedente es malo por al menos dos razones. Una, ¿en adelante pupitrear un proyecto de ley y no permitir la deliberación sobre su contenido, que fue lo que pasó en la Cámara con la pensional, será un vicio menor, uno susceptible de ser siempre subsanable? ¿No atenta semejante idea contra la naturaleza misma de la democracia y la discusión parlamentaria? La otra, ¿qué hará la Corte cuando la Suprema determiné de manera definitiva que el trámite de la reforma se hizo bajo la perversa influencia del soborno por parte de la Casa de Nariño, con dinero de la UNGRD, de los presidentes de Senado y Cámara de entonces? No fueron los únicos congresistas untados, por cierto. En cualquier caso, sería inaceptable y un precedente gravísimo que tales hechos no tuvieran ningún valor en el examen de constitucionalidad de un proyecto de ley. El resultado sería un estímulo perverso para que otros gobiernos acudieran al cohecho para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso.
Aunque no conocemos el contenido del debate interno, pareciera que la Corte tomó la decisión de devolver la pensional a la Cámara con la consideración de que era muy costoso negarle al gobierno tanto la reforma como la consulta y que, en consecuencia, mejor era dejar viva la primera y hundir de manera definitiva la segunda como, no dudo ni un instante, ocurrirá cuando aborde el estudio del prevaricador decreto que la convocaba. La Corte, me temo, también se dejó asustar.
Mientras tanto, el Registrador, aún amenazado por la iracundia gubernamental, tuvo el valor de sostener que no podía aplicar el decreto que pretendía convocar a la consulta sino hasta que los tribunales decidieran sobre su juridicidad, y el Consejo de Estado suspendió cautelarmente su aplicación, porque serían irremediables los daños, mientras decide sobre su legalidad.
Con todo, fallos, debilidades, pusilanimidades, mieditos y cobardías, algunos vendidos y otros más con excesiva tendencia a la transacción política, las instituciones, aunque lejos de ser perfectas, funcionan y, como bien dijo Pedro Medellín en su última columna, los colombianos están cada día más conscientes del vital papel que desempeñan para la defensa de la democracia. Los ciudadanos hoy sí entienden que el Congreso no solo aprueba leyes sino debe cumplir una tarea de contrapeso y control político del gobierno de turno, que no son indiferentes los nombre de quienes vayan a ocupar los cargos de registrador, procurador, fiscal, y que sí importan la formación y el carácter de quienes integran las altas cortes.
Por ese creciente entendimiento sobre el valor de las instituciones, la reflexión ciudadana sobre las próximas elecciones ha cambiado. Entendemos mejor el daño descomunal que hace elegir mal un presidente, en especial en un país tan presidencialista como el nuestro. Pero también apreciamos más la función fundamental de los congresistas que, además, son quienes eligen magistrados de la Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, fiscal, procurador y registrador, y los integrantes de la Comisión de Acusaciones. Impulsar las mejores listas posibles para Senado y Cámara es hoy tan importante como escoger buen presidente.
La propuesta de una constituyente refleja la creciente deriva autoritaria de Petro. La única manera de convocarla hoy, de acuerdo con la Constitución del 91, es través del Congreso y con control de la Constitucional. Petro lo sabe y también que su propuesta de papeleta nace muerta. La propuesta es, otra vez, un distractor y una amenaza. Como con la consulta, a ver quien se asusta.
