Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Los compromisos políticos que se formulan en campaña no sólo son útiles para conseguir votantes, sino que sirven de indicador de lo que el candidato va a hacer si resulta triunfante, a la vez que transmiten las ideas del partido que va a gobernar a un país.
En tiempos de esa cruzada vimos al hoy presidente Gustavo Petro en compañía de Francia Márquez acercarse a una notaría para manifestar, bajo la gravedad del juramento, que “(…) me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia afirmo que mi propuesta para la transformación de este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación”.
Ahora, un año después del inicio de su gobierno, se da a conocer un proyecto de decreto sobre tierras que en forma camuflada plantea precisamente la “expropiación”. Aplican, entonces, la sugerencia de Clara López Obregón: «Uno puede decir no, y después cambiar de opinión». Una cosa es, para ellos, atraer el voto y otra, bien distinta, gobernar. A ese comportamiento se le califica de engaño, y entra en tensión con los valores de una democracia y, en este caso, además, sin pudor alguno se quebranta la Carta Fundamental en su artículo 58.
Se trata del proyecto de decreto reglamentario del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho proyecto ha sido publicado por el Ministerio de Agricultura con el fin de recibir observaciones y comentarios de los afectados o interesados, hasta el 10 de septiembre. Ya, según los pronunciamientos que se conocen, ha generado fuerte rechazo.
El proyectado decreto excedería las facultades reglamentarias y otorgaría nuevas competencias a la Agencia Nacional de Tierras, como si se tratase de un ente judicial, vulnerando de contera la separación de poderes. Se crearían nuevas causales de extinción de dominio de las tierras, lo que nos trae a la memoria la figura de Hugo Chávez y el hecho no menor de que Petro fue su asesor.
En fin, según la normativa en cuestión el gobierno podría tranquilamente expropiar tierras rurales sin previo juicio mediante la figura de la mal denominada “extinción de dominio”, que constriñe al propietario del bien raíz rural a su enajenación, por lo que no sería realmente una venta sino una particular “extorsión”.
Finalmente, se dice que la Agencia tomaría decisiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la adecuada explotación de las tierras, lo cual se haría también en forma absolutamente unilateral.
No obstante que los empresarios contribuyen con el 80 % del PIB, esto es, son factor trascendente en la economía de la Nación, la mintrabajo indolentemente, en la reciente reunión del Consejo Gremial, les lanzó la odiosa frase de “ese síndrome de la coca cola en el desierto se acabó”. Un Estado soberano y democrático requiere un empresariado sólido no un empresariado perseguido. Los empresarios son más que Coca Cola en el desierto y sin ellos el gobierno no sobreviviría.
La ruina del empresariado sería también la ruina gubernamental, con o sin las movilizaciones que convoca el jefe del estado y a las cuales poca gente asiste. Y ahora se produce una nueva convocatoria de este tipo, esta vez a las negritudes.
Es seguro, el presidente añora y lo desvelan las marchas de El Faro y las de la Mayoría.
El presidente de la Paz Total predica pero no aplica, al menos con el sector privado al que frecuentemente ataca. Los colombianos quedamos por completo anonadados con la delicada pelea que comenzó con el grupo Argos, a quien el Presidente señaló en un discurso en El Salado, Bolivar de despojo y apropiación de tierras en los Montes de María. Al respecto dijo: “Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados, no voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”.
El conglomerado empresarial a través de su Presidente, Jorge Mario Velásquez, puntualizó que las decisiones judiciales que se dieron en medio de la restitución de tierras nunca dictaminaron que Argos estuviese envuelta en casos de desplazamiento o despojo. Graves daños le causaron esas afirmaciones del Presidente de los colombianos al conglomerado empresarial. Pero, ahí no terminó el conflicto en ciernes, en nueva respuesta tildó a Argos de mentiroso. Así se expresó:
“Si algo no deben hacer con las víctimas es mentir. Cuando los beneficiarios de tierras despojadas mienten sobre los hechos ya confirmados por la justicia, revictimizan a las personas que ofendieron. Personas humildes que fueron capaces de ganar en los juicios”.
En fin, el mandatario presidencial ante su fracaso gubernamental y la falta de gestión de sus ministros y colaboradores, necesita a como dé lugar casar peleas y esta con la cementera Argos le sirve a su propósito, pero a la empresa en cuestión le llegó la hora de evaluar y actuar a través de los mecanismos legales para defender su empresa, fundada desde 1.934. El daño reputacional es grave, la junta debe proceder. Emitieron un comunicado respetuoso invitando a realizar acuerdos en pro del país, el que les es contestado con un grito de guerra.
De otra parte, deja muchos interrogantes el nuevo viaje de la vicepresidente al África, que se inicia hoy. Se ha dicho que se trata de asuntos comerciales, culturales y diplomáticos. Estos temas son del resorte de la Cancillería. ¿Cuál será realmente el propósito del viaje, al parecer, con copiosa comitiva?
