Las lamentables muertes de indígenas, campesinos, comerciantes y hasta ingenieros, acaecidas en los últimos tiempos en el Cauca en resguardos indígenas, son el reflejo de una guerra intestina por el control de los cultivos de hoja de coca, laboratorios y rutas del narcotráfico, en donde se entrelazan guerrilleros del ELN, las malditas FARC de siempre, grupos paramilitares, BACRIM, carteles colombianos, mejicanos y tristemente miembros de pueblos ancestrales que reclaman autonomía territorial.
Señalar solo como responsables a este gobierno y sus Fuerzas Militares, como lo hizo el CRIC y la misma Procuraduría General de la Nación, es hacerles el juego a sus asesinos y desconocer las verdaderas causas.
Los 8 pueblos indígenas que habitan en 5.312 kilómetros cuadrados de ese departamento, están organizados en 84 resguardos y 115 cabildos, ejercen control absoluto sobre este territorio y deben ser los primeros en salir a señalar a los autores de estas infames masacres y abordar sin dilaciones el problema de los cultivos ilícitos, que abundan en sus tierras y que ellos de manera directa o indirecta han permitido, los cuales a partir de principios de 2015 se multiplicaron como efecto del miserable Acuerdo de Paz, promovido y defendido por uno de sus líderes, el hoy senador Feliciano Valencia, quien estuvo detenido por secuestro y maltrato intrafamiliar.
Un sector de la prensa santista, defensores a ultranza de los asesinos de las FARC se desgarran las vestiduras señalando culpables y personajes como Roy Leonardo, pidieron a gritos la cabeza del ahora exMindefensa Botero, olvidando soterradamente entre otras cosas:
- Que su amiga, la señora del turbante pidió en una minga indígena, que se debían organizar para hostigar a la fuerza pública y echarla del territorio sin medir consecuencias.
- Que estas comunidades en reiteradas ocasiones destruyeron bases militares y sacaron a patadas y escupitajos a los soldados y más aún los amenazaron con machetes en el cuello.
- También olvida que estas mismas comunidades durante 27 días asediaron la carretera panamericana y destruyeron todo a su paso, causándole a la región pérdidas superiores a 40.000 millones y a la Nación una inversión superior a los 800.000 millones de pesos.
- Omite el” buenazo” de Roy, que toda minga indígena termina convertida en una horda de saqueadores y terroristas, que secuestran departamentos completos y violentan a sus habitantes y para colmo posan con el señor de las bolsas y sus áulicos, con fusiles que más tarde intentan hacer pasar como bastones de mando de la guardia indígena.
- En un gesto de complicidad olvida decir, que ellos mismos, de manera violenta e ilegal, impidieron al Ejército Nacional la captura el 24 de julio de este año de los terroristas de las FARC, Gerardo Ignacio Herrera (a. barbas) y Fernando Méndez Quitumbo (a. el indio), hoy señalados autores materiales de estas masacres.
Ningún crimen es justificable, venga de donde venga, pero tampoco se debe permitir que quienes señalan al gobierno y sus fuerzas militares, escurran sus responsabilidades y nieguen el verdadero problema de fondo, el Cauca ha estado inmerso en una guerra interna por la propiedad de la tierra durante más de 40 años, en donde las comunidades indígenas, por medios en su mayoría violentos, se han apoderado de miles de hectáreas aduciendo derechos ancestrales, llegando a ser tenedores de más de 650.000 hectáreas de las cuales casi 300.000 son reconocidas como de alta fertilidad.
Esta particular situación ha sido aprovechada por grupos terroristas, principalmente las FARC, quienes a partir del 91 con la nueva Constitución que le dio una serie de derechos a las comunidades indígenas, hizo de estos territorios, con el consentimiento de algunos cabildos, el epicentro de cultivos ilícitos, corredores de movilidad de insumos, droga y armamento, tanto para Cali como hacia el Pacífico y en los últimos años minería ilegal, lo que les ha permitido convertirse en el más grande cartel, llegando al colmo de vender franquicias con carteles mejicanos y todo tipo de grupos al margen de la ley.
Así que resulta contradictorio, por decirlo menos, que estas comunidades indígenas exijan acción Gubernamental y más auxilios multimillonarios, pero por otro lado impidan el acceso de la Fuerza Pública y las autoridades de orden Nacional a sus territorios, confinándolos únicamente ha hacer presencia en una cinta asfáltica de 6 metros de ancha.
El actual Gobierno sin disculpas debe asumir su papel, pero también, involucrar a quienes por acción u omisión tienen convertido al Cauca en un verdadero polvorín, exigiéndoles asumir responsabilidades y tomando acciones inmediatas verbigracia, las altas cortes que suspendieron la aspersión aérea, legalizaron la dosis mínima y en contubernio con la JEP absolvieron al narcotraficante Santrich, la Procuraduría General de la Nación que señala culpables pero calla ante los abusos y desmanes de los indígenas, la Fiscalía General de la Nación que omite investigar los delitos que allí se cometen, los partidos de izquierda que azuzan levantamientos, los cabildos indígenas que conviven con el crimen organizado y principalmente el CRIC quienes se niegan a reconocer y señalar a los verdaderos autores al igual que su falta de acción y compromiso en la erradicación de cultivos ilícitos.
POSDATA 17: “Señor Presidente, YA ANUNCIARON PARO NACIONAL EL PRÓXIMO 21 DE NOVIEMBRE, estos lamentables hechos del Cauca, serán la disculpa perfecta, para que vándalos, terroristas y criminales, que se autonombran integrantes de la protesta social, incendien la Nación y logren su OBJETIVO, desestabilizar su gobierno y sumirlo en el caos, Decretar estado de excepción es la única manera de contenerlos.
Empodere a sus policías y soldados que tanto lo aprecian, no con discursos, sino con leyes que los faculten a actuar ante tanto desmán.”
Twitter: @ricacolorado
