Por Bernardo Henao Jaramillo.
Transcurridos los primeros veinte días del nuevo gobierno lo que se presencia es un reality show, el que sin duda alguna traerá nocivas consecuencias para el país. Aún no se han escogido todos los protagonistas y algunos de los seleccionados, por diferentes razones, no pudieron participar. De los concurrentes encabeza la competencia el designado como ministro de Defensa, quien por lo actuado, al parecer, poco conoce de defensa y pese haberse desempeñado en los campos del derecho, lo deja en el olvido. No obstante la existencia de leyes vigentes que les da el título de héroes a miembros de las Fuerzas Militares, reconocimiento que se les hace no sólo en Colombia sino en el resto del mundo por la noble y abnegada misión que cumplen en pro de sus compatriotas, con total desdén expresó que ese “calificativo” va a desaparecer porque él no está de acuerdo con esa expresión. Para la mayoría de los espectadores son y seguirán siendo nuestros héroes y lejos sé encuentra el gobierno de lograr la “paz total” por ese camino.
En la misma línea de torpeza de ese ministerio se encuentra la orden de suspender los ataques a organizaciones ilegales a través de bombardeos bajo el argumento de proteger a los niños y a la población civil, sin detenerse a analizar que está auspiciando un mayor reclutamiento forzado de menores por esos grupos al margen de la ley, que está aumentando la inseguridad en las regiones que operan y desprotegiendo a la niñez y a la población civil. ¿O por ventura será que piensa el ministro que el reclutamiento es la forma de proteger a los menores? Los Colombianos conocemos de primera mano que los bombardeos, que responden a un concepto clave que es el objetivo de alto valor militar, son justamente un legítimo freno para salvaguardar los intereses de los habitantes que se encuentran en la legalidad y motivar a los ilegales a “celebrar” acuerdos de paz.
Le sigue en la competencia el Ministro de Justicia Néstor Osuna quien por su absurda propuesta de reparación a las víctimas de la delincuencia, sin que los autores de los delitos vayan a la cárcel, hoy es objeto de burlas generalizadas en la red virtual. Su pretensión, simplemente, es descongestionar las prisiones y que los infractores de la ley deambulen por las calles aumentando la inseguridad que hoy se vive en el país. Luego, hay que entender que este gobierno quiere a toda costa tener a la delincuencia en completa libertad, bien en las calles, bien en el Congreso, como podría suceder con los sanguinarios subversivos del ELN con quienes se dispone a iniciar diálogos.
Por supuesto, los narcotraficantes están felices por el “cambio” que se está dando para cumplir con el Pacto de la Picota. Ya se abre peligrosa compuerta para que aquéllos que negocien con el Estado no sean extraditados. Se espera que en esa posibilidad no se encuentre el hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba Ruiz, sobre quien la Corte Suprema de Justicia emitió ya concepto para que sea extraditado. El presidente Petro, sin falta ni dilación, debe dar cumplimiento a su dicho en campaña cuando respondiera pregunta de Federico Gutiérrez de si extraditaría a Piedad Córdoba respondiendo que firmaría su extradición y consecuentemente en ese sentido debe proceder a extraditar al hermano.
Y continúa en el certamen el experimentado Canciller Álvaro Leyva Durán. Está equivocado de cabo a rabo en su gestión. Desconoce el papel del ministerio que dirige que no es, ciertamente, cambiar la imagen de sus amigos, así estén fallecidos, como acontece con Seuxis Pausías Hernández Solarte más conocido por su alias Jesús Santrich, supuestamente ciego y enfermo, quien fue sorprendido en negocios de narcotráfico y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia concedió su extradición. ¿Por qué cambiar la verdad para hablar de un “entrampamiento”?
Siguiendo con la ministra de Agricultura, ella ha dicho desde su cómodo escritorio, que se debe trabajar en recuperar el sector rural porque hoy no produce lo suficiente y ha citado la cifra de 5 millones de hectáreas productivas actualmente. Y ha dicho también que se debe distribuir tierra productiva a personas que no la tienen, con las implicaciones que esto pueda tener. Según ella amplias extensiones de tierra están subutilizadas y es necesario acercar el valor catastral al comercial. Antes de su posesión, sus declaraciones fueron desmedidas. Después se sumó al diálogo propuesto en el Cauca con los indígenas del Cric en una intervención peligrosa que puso en riesgo las propiedades rurales en esa región y ahora ha tenido que recular y llamar a que estas sean respetadas. ¿Será probable que 31,6 millones de hectáreas rurales en poder de los indígenas, ahora sí cumplan con la función social de la propiedad?
En cuanto al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, se creyó equivocadamente que su principal propósito sería reabrir las relaciones comerciales con Venezuela e incrementar el turismo, pero no, la mayor amenaza que ya se vislumbra es la de ocuparse en revisar y cambiar los distintos tratados de libre comercio, en especial el suscrito con los Estados Unidos, lo cual implica no pocos peligros para los comerciantes e industriales colombianos.
Por su parte, la ministra de Minas bate los récords de traición y mala intención. Quiere ella que dependamos del gas de Venezuela lo que afectaría nuestros bolsillos y perjudicaría la generación de energía, además de someternos a los caprichos del dictador Maduro y su camarilla. Si tenemos grandes cantidades de gas, porqué importarlo de Venezuela?.
De la cartera de Hacienda, que se dice es el de mayor respetabilidad, los analistas y tratadistas han demostrado que de aprobarse su propuesta de Reforma Tributaria se generaría un desempleo sin precedentes, el que estiman en dos millones de puestos de trabajo cesante; a más que invita a la clase empresarial a mirar otros horizontes y a cambiar su residencia fiscal.
Una corta mirada a estas pocas carteras nos transmite claramente la idea de improvisación, de ausencia total de guion. ¿Es este el tan anunciado y anhelado cambio?
Pildorita: rechazó enérgico al desmonte de los oratorios en los aeropuertos de Colombia bajo la premisa de que somos un estado laico, desconociendo la libertad religiosa y constituyendo un abuso más del Presidente Petro. ¿Lo hablaría en su visita al Papa?
Columnista de Opinión
