Por: Eduardo Padilla Hernández, abogado, profesor de derecho ambiental.
Parte I
Durante una visita que realizó la Asociación Colombiana de Veedurías Ciudadanas (Redvigila) al municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba, las comunidades de ese municipio costeño agrupadas en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC seccional Carrillo, manifestaron que la Concesión Ruta al Mar está cometiendo actos de injusticia contra esa colectividad agraria.
Ingrid Ramos, presidenta de ANUC Carrillo (Córdoba), indicó que las obras se encuentran suspendidas en el tramo comprendido entre Cereté y San Pelayo, porque Ruta al Mar no les quiere reconocer el valor real de sus predios y viviendas, pues sólo les hizo la oferta irrisoria a los campesinos de 3.800 pesos por cada metro cuadrado, además esa empresa viola el derecho a la vivienda prioritaria, y por esa razón esa comunidad acudió al amparo de los Derechos Humanos.
Ramos, asevera que el campesino Ignacio Pinedo posee un inmueble en el periplo de operaciones de Ruta al Mar, pero que esa Concesión tiene el propósito de destruir toda la propiedad, pero solamente piensa pagar la mitad de la edificación, lo que significa que su dueño perderá media pertenencia, lo cual es un hecho injusto, y por esta causa no se ha realizado la negociación.
La presidenta de ANUC Carrillo, indica que, como los hermanos Romero, hay familias que la Ruta al Mar ha dejado en la ruina. En junio próximo se va a cumplir un año que la Concesión demolió su vivienda y no les han dado ni un peso de reparación. La familia Romero fue víctima de despojo y desplazamiento forzado. Sólo uno de ellos insiste en vivir detrás de donde quedaba su casa, en un cambuche improvisado con cartón, papel y otros materiales que utiliza para dormir.
Actualmente, Domingo Romero, debido a la intemperie, al calor del sol, a la lluvia y a los insectos, sufre de quebrantos de salud, ha sido sometido a varias operaciones quirúrgicas. Su estado de salud es muy delicado. Todo esto es violación de los derechos humanos por sufrir daños físicos y psicológicos.
¿Por qué a unas personas la Concesión les paga altas sumas de dinero por sus predios, mientras que a otras les ofrece sumas irrisorias?
Ignacio Pinedo, vicepresidente ANUC Carrillo, revela que el problema radica en que el PBOT (Plan básico de ordenamiento territorial) de San Pelayo tiene 23 años que no se actualiza, y cuando Ruta al Mar descubre ese “papayaso”, fue de inmediato a la alcaldía de San Pelayo, que en ese momento correspondía a la administración de Ardin Espitia, y encuentra que la forma más fácil y económica para comprar los predios es por el uso del suelo. Entonces, ¿qué hace Ruta al Mar? Ofrece pagar los predios según el uso del suelo, o sea, a precios irrisorios.
¿QUÉ PASA CON LOS PREDIOS QUE TIENEN UN MEJOR PRECIO?
Pinedo, explica que se trata de predios cuyos propietarios le dieron poder al asesor del alcalde Espitia, y este indicaba el uso del suelo a dedo. Añade Pinedo, que cualquiera se da cuenta que hay cinco predios rurales al lado de dos predios urbanos, cinco predios urbanos al lado de dos rurales, porque los predios que aparecían como urbanos era porque le daban el poder al abogado de la administración de San Pelayo.
Agrega Pinedo que la misma camarilla, que hacía el entramado, a través de un documento de letra menuda que, además, está en inglés, son los contratistas del PBOT municipal, los cuales fueron contratados cuando se inició la administración del alcalde Hardin Espitia, y aunque en la actualidad no existe PBOT, el contrato si lo pagaron en su totalidad. “Quien nos hizo el daño a los campesinos fueron los burócratas, de la administración municipal de San Pelayo, quienes se amangualaron con Ruta al Mar, y como ellos se sienten poderosos, dijeron: «A este chinito le damos la molleja de la gallina para que satisfaga su hambre, y le entregamos el resto del ave a la Concesión», pero resultamos perjudicados todos los campesinos que habitamos a los lados de la franja longitudinal contigua a la calzada, en plena vía del problema”.
Acerca de los abusos de que ha sido víctima la comunidad de San Pelayo, Ignacio Pinedo expresa que los trabajadores de la Concesión son unos mandaderos y están cumpliendo con su función, pues si les ordenan derribar las casas deben obedecer, porque es tan malo el sueldo que les pagan que están obligados a hacer barbaridades para poderse sostener en la empresa, el maltrato al trabajador es común en nuestro país subdesarrollado, pero gracias al decreto donde nos declaran a los campesinos Sujetos de Especial Protección, en varias audiencias hemos aportado ese documento que, afortunadamente, los jueces lo han tenido en cuenta y han suspendido la audiencia hasta aclarar la situación.
Pinedo afirma que eso es lo único que los tiene vivos, porque como el gobierno es garantista de acuerdo al citado decreto, los campesinos han tenido oportunidad para defenderse, pero a pesar de la especial protección, dice el vicepresidente de ANUC Carrillo, que la lucha es tenaz, abrumadora, “porque no tenemos ayuda de nadie y menos de una clase política que por el dinero hace lo que sea”.
¿QUÉ INCIDENCIAS TIENE EL TEMA DE LOS RETORNOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PELAYO?
Gina Negrete, secretaria de ANUC Carrillo, declara que ese es un tema grave, pues el casco urbano, Pelayito y Carrillo, quedaron aislados, porque la Concesión no construyó vías de acceso ni para salir ni para ingresar a esas poblaciones, y añade que a todo eso se le suma una gran cantidad de accidentes, algunos mortales, causados por la omisión de retornos y rotondas, convirtiéndose ese tramo de carretera en la vía de la muerte.
Negrete, también ha sufrido en carne propia las vicisitudes negativas generadas por la Concesión Ruta al Mar. Ella cuenta que tanto ha sido la presión que esa Concesión ejerce sobre la comunidad campesina que desde la primera vez que visitaron su familia para anunciar que van demoler la casa, su madre Liney Hernández, empezó a enfermarse, y por el impacto psicológico que sufrió, la llevaron a urgencias.
Ahora está recibiendo ayuda psiquiátrica, debido a la zozobra que genera la incertidumbre de no saber dónde van a vivir, porque lo que ofrece la Concesión no alcanza para comprar otra casa.
La familia de Gina ha sufrido una terrible experiencia generada por la visita del juzgado, la personería, los abogados de Ruta al Mar, con la orden de despojo, sin ofrecer ni un centavo, y para colmo de males, llevaron una maquinaria que se apostó intimidante al frente de la casa. La madre de Gina lloró, enmudeció, se enfermó y hasta el momento no se ha recuperado.
