Utilizando recursos del Sistema General de Participaciones -SGP destinados a la Población Pobre no Asegurada (PPNA), la Gobernación de Sucre realizó en el año 2015 pagos de hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales por $3.173 millones de pesos, donde los pacientes no existen y la facturación fue cancelada con soportes falsos, denunció la Contraloría General de la República.
El caso involucra a 5 IPS de la región y los hallazgos fiscales totalizan la suma mencionada ($3.173 millones aproximadamente), así: IPS 1: $2.155 millones; IPS 2: $468 millones; $IPS 3: $455 millones; IPS 4: $61 millones; y la IPS 5: $32 millones.
Un millonario contratos con firmas falsas
El hallazgo de mayor cuantía asciende a $2.155 millones y corresponde a la facturación que se cobró a nombre de un médico especialista en Psiquiatría, de Bogotá, para lo cual se habrían utilizado documentos y firmas presuntamente falsas.
La Gobernación de Sucre canceló a una IPS facturas por dicho valor ($2.155 millones) con resoluciones de pago de septiembre y noviembre de 2014, febrero y junio de 2015, por concepto de prestación del servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, concretamente con patología de drogodependencia.
Estos pagos irregulares fueron ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, por solicitud de un médico especialista en Psiquiatría General, egresado de la Universidad Javeriana, quien al ser entrevistado por el equipo auditor de la Contraloría precisó que si bien firmó un contrato en 2013 con dicha IPS, por 6 meses, para ir dos veces al mes a valorar pacientes, nunca llevó a cabo esta actividad.
El psiquiatra explicó que estuvo día y medio en Corozal (Sucre), conociendo las instalaciones de la IPS beneficiaria de este pago, y nunca lo volvieron a llamar, no le pagaron nada, ni le respondieron las llamadas telefónicas que les hizo, ni los correos electrónicos que les escribió en su momento.
Nunca se atendieron a los pacientes
Por lo tanto, aseguró, nunca atendió pacientes y mucho menos autorizó hospitalizaciones, como se indica en las historias clínicas de cada una de las facturas de los pacientes donde aparece supuestamente su firma y sello.
En entrevista que dio a la Contraloría, el galeno aseguró lo siguiente:
«La firma no corresponde a la mía, firmo totalmente diferente, eso es un garabato que hicieron, intentando falsificar mi firma; el sello que utilizan las historias clínicas no corresponde al mío, siempre uso el mismo sello desde hace muchísimos años, desde que soy especialista y no es el sello que yo uso».
«En el sello aparece mi nombre y el de la Universidad Javeriana mal escritos. La Universidad se llama Pontificia Universidad Javeriana y no P. Universidad J., como aparece en el sello utilizado; el registro médico que aparece no es el mío, es el número de la tarjeta profesional, no el del registro médico. Desconozco el motivo por el cual aparece toda esta falsificación, porque creo que con esto están cobrando a nombre mío en el departamento de Sucre, donde yo jamás he visto un paciente, donde la facturación obviamente está siendo falsificada con mi nombre».
«…Entiendo también que hay varios especialistas involucrados en este desfalco a la salud. Estamos metidos en este problema, es el colmo y espero que las investigaciones, en este caso, lleguen a las últimas consecuencias, porque se está jugando no solo con el nombre y el prestigio de los especialistas que de manera ingenua asistimos a este tipo de trabajos, sino también, que se está jugando con los recursos de la salud, que son recursos sagrados».
El tratamiento era el mismo para todos
Indicó además que, según las historias clínicas que se realizaron de forma fraudulenta con su nombre, el tratamiento es el mismo para todos los pacientes, sin importar el tipo de sustancias que consumen, o incluso la patología asociada que tengan, lo cual contradice cualquier criterio médico y va en contravía de las guías realizadas por la Asociación Colombiana de Psiquiatría, en apoyo del Ministerio de Salud, para el tratamiento de la drogodependencia.
Los pagos irregulares de la Gobernación
Adicionalmente, en otra entrevista sostenida con la Contraloría, el Líder del Programa de Auditoría de la Secretaría de Salud Departamental aseveró que la firma empleada para autorizar la prestación de servicio no corresponde a la suya. Este documento hace parte integral del soporte de las facturas canceladas.
Además del detrimento público que se da en cuantía de $2.155 millones, por pagos indebidos y/o improcedentes de bienes y servicios que no fueron prestados, se observa también la presunta comisión de delitos, con el fin de apropiarse de dineros de la salud.
Una situación similar sucede con el pago que hizo la Gobernación de Sucre, a otra clínica, de facturas por un poco más de $32 millones, también por concepto de prestación de servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, supuestamente por solicitud de otro médico especialista en psiquiatría general, esta vez de Montería.
Al igual que su colega mencionado anteriormente, este psiquiatra certificó ante la Contraloría que la firma que aparece en los documentos clínicos que soportan las facturas entregadas por la administración departamental no es la suya y que fue falsificada.
La Contraloría revisa 218 facturas, al parecer, irregulares
Aparte de este hallazgo que se logró materializar, la Contraloría tiene visualizadas facturas de esta misma EPS por $300 millones, con la misma situación: presunta falsificación de documentos y firmas de los profesionales de la salud y de funcionarios de la Administración Departamental, hecho que se da con otras IPS.
De hecho, la Contraloría evalúa 218 facturas más, de diferentes IPS, por $1.561 millones, que le fueron allegadas cuando había culminado la fase de ejecución de esta auditoría, por lo que se decidió abrir una Indagación Preliminar sobre estos nuevos hechos.
Hallazgos en el Sistema General de Participaciones
La Contraloría sostiene que evaluó el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP (vigencia 2015) por parte del departamento de Sucre y encontró hallazgos fiscales que totalizan $5.547 millones.
El actual Gobernador de Sucre, Édgar Martínez Romero, no se ha pronunciado sobre el hecho, pero ya está enterado de las irregularidades detectadas por la Contraloría y espera el informe oficial del organismo de control para hacerlo.
Sobre este mandatario local no se oye hablar en el país y, al parecer, su política es la del silencio o pasar de agache en los escándalos, como se dice en el argot popular, pero sigilosamente, como en otros casos, su departamento también es desangrado por la corrupción, dicen los expertos.
A la Gobernación sucreña le espera un año 2017 lleno de cuestionamientos, la mayoría por casos de las administraciones pasadas, por lo cual deberá afrontar varias investigaciones por parte de los organismos de control.
