La elección del próximo Contralor General de la República debería ser una discusión sobre capacidades reales y no sobre la simple prolongación de estructuras de poder.
Porque la Contraloría no está diseñada para administrar inercias ni para convertirse en un escenario de continuidades silenciosas. Está para ejercer control, tomar decisiones incómodas y actuar con independencia frente al poder político y administrativo del país.
Y para eso no basta con haber ocupado cargos alrededor de la entidad. Se necesita preparación integral.
La formación académica, la experiencia específica en fiscalización, auditoría, vigilancia administrativa y manejo institucional deben pesar mucho más que cualquier respaldo interno o cálculo político.
Porque administrar no es lo mismo que controlar.
Y estar cerca del poder no significa necesariamente tener la capacidad para ejercerlo.
Quienes hoy tienen la responsabilidad de evaluar y calificar a los aspirantes deberían revisar con rigor quién realmente posee una trayectoria construida en organismos de control, experiencia jurídica sólida y conocimiento técnico del Estado.
Ahí es donde ciertos perfiles empiezan a sobresalir naturalmente.
Perfiles formados en la justicia, en el control fiscal y en escenarios de vigilancia institucional; personas acostumbradas a tomar decisiones de fondo, liderar equipos técnicos y ejercer autoridad cuando los recursos públicos están en juego.
Pero además de la preparación, hay otro aspecto que resulta fundamental: la independencia.
Porque el país no necesita figuras decorativas ocupando cargos mientras las decisiones continúan tomándose desde los mismos círculos de siempre. La Contraloría requiere liderazgo propio, criterio autónomo y la capacidad de actuar sin convertirse en la extensión de intereses ajenos.
Esa diferencia hoy es más evidente que nunca.
Y en una elección de este nivel, el país terminará distinguiendo con claridad quién representa continuidad… y quién realmente representa control.
