Por: Unidad Investigativa de La Otra Cara.
La IPS Funtierra Rehabilitación, que opera en el departamento de Córdoba, presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el Rector de la Universidad de Cartagena (@uni_cartagena) y cinco personas más vinculadas a esta institución, al igual que contra el exSecretario de Salud de la Gobernación de Córdoba (@GobCordoba) y otras cuatro personas por supuestos actos de corrupción.
Las querellas judiciales son contra Edgar Parra Chacón, en calidad de rector de la Universidad de Cartagena; William Malkun Castillejo, exvicerrector de Extensión de la UniCartagena (actual candidato a la Rectoría); Bertha Lucía Arnedo Redondo, Vicerrectora de Extensión de UniCartagena; Erika Xiomara Núñez Jiménez, Coordinadora de Grupo Auditor de UniCartagena; Gloria Saleme Castillo, Directora Administrativa de Contratación de la Gobernación de Córdoba; Jorge Iván Castañeda Ríos, abogado contratista de la Gobernación; Carlos Andrés Vasco Álvarez, exsecretario de Desarrollo de Salud del departamento de Córdoba; Carlos Enrique Sejín Vásquez, en calidad de exsecretario de Desarrollo de Salud del departamento de Córdoba; Julio Hernando Maya, Gestor de Auditoría de UniCartagena; Julio César Quintana Pérez, Coordinador de Grupo Auditor de UniCartagena; Hernando de la Espriella Burgos, Asesor Jurídico de la Gobernación de Córdoba y otros, por presuntos delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y fraude a resolución judicial o administrativa de Policía (art. 413, 414, 340 y 454).
Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S, es una empresa de derecho privado, cuyo objeto social se establece como una Institución Prestadora de Servicios de Salud, tal como lo define el Artículo 185 de la Ley 100 de 1993, que se dedicó hasta el año 2016 a la prestación del servicio de su competencia, para distintas empresas del Sistema de Salud en Colombia como las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado y contributivo, así como entes territoriales.
Dado que Funtierra realizó una prestación de servicios de salud, es necesario facturarlos para su cobro en los términos y plazos que establecen las Leyes 715 de 2001 y 1438 de 2011.
En consecuencia, Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S., radicó y presentó reclamación de pago al Secretaría de Desarrollo de la Salud del departamento de Córdoba, de todas las facturas de prestación de servicios de salud causadas durante los años 2014, 2015 y 2016, junto con sus respectivos soportes como lo indica el Decreto 4747 de 2007, siendo esta Entidad estatal la responsable del pago de dichas obligaciones, las cuales a pesar del excesivo paso del tiempo no han sido satisfechas aún cuando el plazo legal para su cancelación se encuentra totalmente vencido, constituyéndose dichas facturas y demás documentos en un título ejecutivo complejo que contiene unas obligaciones claras, expresas y exigibles.
La propia Superintencia de Sociedades, máxima autoridad en la materia, avaló lo expuesto por Funtierra y en una Sentencia ordenó al Ministerio de Hacienda convocar a los más de 2.000 acreedores del departamento de Córdoba para hacer un nuevo acuerdo de restructuración que busca realizar los respetivos pagos.
Sin embargo, con el fin de no pagarle a Funtierra, la Gobernación de Córdoba ordenó realizar una auditoría sobre el tema, desconociendo la sentencia judicial de la Supersociedades, ese trabajo le fue encomendado a la Universidad de Cartagena a la cual le desembolsó más de 500 millones de pesos, constituyendose con esa acción otro posible delito: Un detrimento patrimonal a las arcas del Departamento, porque los auditores de la Secretaría de Salud ya había hecho en el pasado una auditoría sobre el caso.
Se le olvido a la Gobernación que auditar una cuenta después de que una autoridad judicial, como la Superintencia, haya emitido un fallo, es ilegal, cómo lo manifiesta la Contraloría General de la República en un concepto que nuestro portal ya publicó.
Pero el Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y la Universidad de Cartagena, en cabeza de su Rector, Parra Chacón, celebraron un contrato para auditar esas cuentas que estaban cobijadas por la sentencia judicial de la Superintencia de Sociedades y también hicieron caso omiso a un concepto de la Contraloría General, la cual manifestó que esas auditorías eran un acto administrativo ilegal, porque era cosa juzgada.
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En este episodio indecoroso, las personas que ejecutaron el contrato de los 500 millones de pesos para auditar dicha cuenta en la Secretaría de Salud de Córdoba, ahora tendrán una responsabilidad penal porque utilizaron recursos públicos para hacer dos veces la misma diligencia, no obstante la versión de la Contraloría la cual dijo que esa auditoría no se podía efectuar.
Entonces, tanto el Representante Legal de la Universidad: el Rector Parra Chacón; además del exVicerrector William Malkun (candidato de Parra a la Rectoría); la nueva Vicerrectora Arnedo Redondo y los auditores tendrán que responder de manera fiscal, disciplinaria y penal frente a este grave caso de corrupción.
La centenaria Universidad de Cartagena anda en muy malos pasos, pues se ha involucrado con la politiquería.
El Gobernador de Bolívar a través de su delgado, el Ministerio de Eduación y la Presidencia de la República, tienen la obligación de ponerle freno a este tipo de corrupción, cuya denuncia no está basada en calumnias sino en hechos probados que han sido denunciados ante las autoridades.
LA UNICARTAGENA SOLICITA SUSPENCIÓN DEL CONVENIO
La Universidad de Cartagena presentó un escrito ante el Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, y el Secretario de Salud, en el cual solicita la suspensión del convenio para auditar las cuentas de la entidad.
El argumento se basa en que la citada Gobernación no les entregó al establecimiento educativo la información completa.
Esto significa que algunos funcionarios de la UniCartagena le mintieron a la opinión pública cuando dieron orden de no pago a Funtierra, que estaba cobijada por una sentencia judicial, sin haber hecho una auditoría seria.
Esta es la denuncia de Funtierra contra esos personajes…
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Este es un grave problema que debe enfrentar dicha Universidad, pues engañó a la opinión pública, a la Gobernación y a todas las autoridades de salud, a través de ese concepto erróneo que había sido previamente superado por la Contraloría, la cual deja mal parada a la institución educativa que en ningún momento podía auditar cuentas que obedecían el cumplimiento de una sentencia judicial.
Es lamentable que una universidad centenaria como la de Cartagena, fundada en 1827 por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, haya caído en los vicios de la corrupción.
¿Y quiénes son los responsables? La respuesta esta clara: El Rector actual Edgar Para Chacón, el exvicerrector William Malkun (actual candidato a la Rectoría), la Vicerrectora de Extensión Bertha Lucía Arnedo Redondo, y los auditores Julio Hernando Maya y Julio César Quintana Pérez.
Según el Artículo 454 del Código Penal colombiano: «Es fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, e incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
Se trata de una larga batalla jurídica donde Funtierra Rehabilitación le ganó limpiamente a la Gobernación de Córdoba, pero está no quiere cumplir, lo que adicionalmente implica un detrimento patrimonial para el departamento por los intereses moratorios que mes a mes se van incrementando.
Se dice en todo el departamento de Córdoba, que la Secretaría de Salud de la Gobernación no le paga a Funtierra ni a los otros acreedores porque esta no le quiso pagar el 30% que represanta la comisión o coima exigida por algunos peronajes que rodean la administración local para entregar cada uno de los contratos. También se habla que varios auditores de la Unicartagena estarían involucrados en esta despreciable práctica corrupta.
