De todas las EPS del país, 15 de estas no cumplen con el capital mínimo, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no invierten sus reservas técnicas como exige la norma, dice el Organismo de Control
La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, presentó su informe financiero con corte a 31 de diciembre de 2024 sobre las operaciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En el cual se refleja una «profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud».
Entre los aspectos más importantes se menciona la deuda de las EPS que asciende a $32,9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera. La Contraloría también informó que 16 EPS presentan problemas de liquidez, «limitando su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas».
«Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS; hoy solo operan 29, de las cuales solamente 6 cumplen con los requisitos habilitantes. Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis», dice el informe el organismo de control.
«Las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos. Esta situación, no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90% de la facturación ($13,3 de $14,7 billones), ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR», establece la Contraloría.
El caso de la Nueva EPS
La Nueva EPS, que cuenta con más de 11.5 millones de afiliados, sigue sin presentar estados financieros certificados desde 2023, además de registrar patrimonio negativo.
En cuanto a EPS Sura, Emssanar, Aliansalud y otras, reportaron utilidades operativas y netas equivalentes a $198,745 millones, que, según certificaciones, fueron reinvertidas en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas.
«No obstante que la Ley permite un límite de gasto administrativo de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo, 27 EPS reportan entre el 4% y 8% en este margen. No existe una reglamentación clara para el cálculo de este gasto y, Ministerio de Salud y Protección Social ni Superintendencia Nacional de Salud, han emitido lineamientos técnicos al respecto», comentó la entidad dirigida por Rodríguez.
La siniestralidad promedio en 2024 fue del 110,1%, lo que indica que los costos en salud superan los ingresos por UPC. En el informe mencionaron que la más baja fue de 87% correspondiente a Cajacopi Atlántico y la más alta de 131% perteneciente a Ferrocarriles Nacionales.
Aumentaron las PQR
Las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) aumentaron 23,2%, pasando de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024. Estas están relacionadas principalmente con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró 22% total.
La Contraloría informó que en 2024 se presentaron 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento de 35% respecto al año anterior.
“No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes”, concluyó Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General.
