Una de las encargadas de la adjudicación es la Viceministra de Transporte Lina Hauri, sancionada por la SIC. Recordemos que el Rector de la UNAD, Jaime Leal, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, pero logró seguir en el cargo. También que es la misma universidad que le ha dado multimillonarios contratos al Clan Torres de Barranquilla.
Está a punto de ser adjudicado el contrato más grande en la historia educativa de Colombia. Sorprendentemente, este proceso parece diseñado para que solo una entidad cumpla los requisitos. Además, la funcionaria a cargo de la decisión fue sancionada por corrupción apenas tres meses antes de su nombramiento. Como si fuera poco existe un historial de contratos sospechosos por 7.000 millones, otorgados al primo del Vicerector, y 1.180 millones con el Clan Torres. Este es un caso de corrupción silenciada en el país.
En octubre de 2022, el diario El Espectador reveló un caso que debería haber sido escándalo nacional: Leonardo Evemeleth Sánchez Torres, vicerrector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), había adjudicado más de 30 contratos por $7,000 millones a su primo Cristián Holguín Torres a través de la empresa Grupo H Y A SAS. En el periodo más sospechoso: noviembre a diciembre de 2020 y julio de 2021, en plena pandemia, cuando la universidad operaba virtualmente. El objeto: suministro de elementos de archivo y materiales impresos.
¿Materiales impresos durante confinamiento virtual?
Tres años después, esa misma Universidad está a punto de recibir $12 billones del Gobierno Nacional para operar los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que certificarán conductores en todo el país durante los próximos 20 años. Y los documentos oficiales revelan que el proceso está diseñado para que solo la UNAD cumpla todos los requisitos.
Esta es la historia de cómo se captura un contrato billonario en cuatro pasos, con una funcionaria sancionada por corrupción liderando el proceso, y una universidad investigada por nepotismo como única beneficiaria.
El embudo perfecto: de 92 universidades le dieron a una sola
El 10 de septiembre de 2025, el Ministerio de Transporte publicó la Resolución 20253040037125, un documento técnico de 47 páginas, el cual establece los requisitos para operar los CALE. A simple vista, parece neutral. Pero un análisis detallado revela un diseño quirúrgico que reduce progresivamente el universo de instituciones elegibles.
Filtro 1: «Solo universidades públicas». Con una línea, quedan excluidas la Universidad de los Andes (posición 198 en el ranking mundial QS 2024, la mejor de Colombia), la Pontificia Javeriana (346), EAFIT, Rosario y del Norte. De 92 instituciones acreditadas, quedan 34 universidades públicas.
Filtro 2: «Acreditación de alta calidad». Razonable. Resultado: 34 universidades públicas acreditadas.
Filtro 3: «Triple certificación ISO» (9001 + 14001 + 45001) simultánea. ¿Por qué exigir gestión ambiental y salud ocupacional para evaluar conductores? Solo 10-15 universidades públicas las poseen.
Filtro 4: «Cobertura nacional» para operar en todo el territorio colombiano. Aquí se cierra el embudo. Solo una institución pública tiene presencia física en los 32 departamentos: la UNAD, con 63 sedes. La Universidad Nacional (la mejor pública del país), la de Antioquia, la del Valle, la Industrial de Santander, todas con excelencia académica comprobada, quedan eliminadas.
Resultado final: una sola universidad cumple todos los filtros, la UNAD.
Y hay un detalle inquietante: la resolución no especifica los criterios de evaluación. No dice cómo se ponderarán requisitos, qué metodología se aplicará, cómo se asignarán jurisdicciones. Todo queda a discrecionalidad del MinTransporte. Es decir: pueden hacer lo que quieran y técnicamente estarían «cumpliendo la ley».
La funcionaria sancionada que lidera el proceso
¿Quién lidera este proceso de selección? Lina María Margarita Huari Mateus, Viceministra de Transporte. Su cronología merece atención:
Diciembre 2024: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la sanciona y la multa por «ventaja competitiva ilegal» en diciembre de 2024, en un proceso que comenzó en 2020.
Según documentó La W Radio, cuando era Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte (2016-2018) Huari informaba a empresas privadas qué competidores participaban en licitaciones, aceleraba certificaciones por «canales no oficiales» y retrasaba deliberadamente las de sus competidores. La SIC tiene conversaciones de WhatsApp como evidencia. Facilitó operaciones de un cartel de transporte especial investigado (44 empresas, 64 personas naturales).
Marzo 2025: Tres meses después de la sanción, es nombrada Viceministra de Transporte. No un cargo menor. Es el puesto desde donde esta mujer liderará la adjudicación de los $12 billones.
Septiembre 2025: Firma la Resolución CALE con los cuatro filtros.
Noviembre 2025: Adjudicación prevista. Ella decide, con discrecionalidad absoluta.
Es como si un árbitro expulsado por vender penales fuera nombrado jefe de árbitros del torneo tres meses después.
La universidad que no figura entre las mejores
La UNAD no aparece en el QS World University Rankings 2024, donde sí figuran 25 universidades colombianas.
No tiene la acreditación de alta calidad por 10 años (la máxima distinción, que solo poseen 8 universidades: Nacional, Antioquia, Valle, UIS, Andes, Javeriana, La Sabana y Rosario). En el Ranking U-Sapiens 2023, ocupa posiciones intermedias.
No es la mejor. Ni la segunda. Ni está entre las 20 mejores del país. Y sin embargo, recibirá el contrato educativo más grande de la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque el proceso está diseñado para ella.
Los $1,180 millones con el Clan Torres de Barranquilla
Pero hay algo más inquietante. La UNAD tiene contratos con empresas del grupo de Euclides Torres, jefe del llamado Clan Torres de Barranquilla (Atlántico), el empresario investigado por la SIC por monopolizar el Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV), un sistema que se suponía vigilaría academias de conducción y Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), que recibió más de $1 billón en 7 años, y que fracasó rotundamente: las muertes en accidentes de tránsito aumentaron 27% desde su entrada en operación (de 6,490 en 2017 pasaron a 8,271 en 2024).
Los contratos de UNAD con empresas Torres presentan un patrón sospechoso
20 de noviembre de 2020: GSE S.A. y Digital Training Colombia generaron un total de $625 millones en un solo día. La contribución se desglosa en $300 millones de GSE S.A. y $325 millones de Digital Training Colombia.
25 de octubre de 2021: La colaboración entre GSE S.A. y Digital Training Colombia resultó en $555 millones en un solo día. GSE S.A. aportó $300 millones, mientras que Digital Training Colombia contribuyó con $255.
Total: $1,180 millones. Dos empresas del mismo grupo empresarial, contratadas exactamente el mismo día, dos veces en años diferentes.
El objeto de los contratos: desarrollo de software, automatización de procesos, sistemas de información. Exactamente las capacidades que los CALE necesitarán.
Euclides Torres también es el empresario detrás de Simetric, el grupo investigado por la SIC (Expediente 30560/2019) por cartelización en Centros de Reconocimiento de Conductores. La investigación fue archivada en 2020 con «garantías conjuntas», sin sanción. Ahora su grupo de empresas tiene contratos con UNAD. Y UNAD va a recibir los CALE. Y los citados CALE necesitarán exactamente los servicios que las empresas del poderoso Torres proveen. ¿Casualidad?
El rector de la UNAD, quien fue destituido y regresó
Jaime Alberto Leal Afanador, el polémico Rector de la UNAD, fue destituido e inhabilitado por 12 años por la Procuraduría General de la Nación en 2018 por presuntas irregularidades en la sede de la universidad en el estado de La Florida (Estados Unidos). Sin embargo, en el 2020 su sanción fue «levantada» en circunstancias nunca esclarecidas públicamente. Y retomó el cargo.
La Procuraduría General lo investiga actualmente, junto con el Vicerrector Leonardo Sánchez Torres (el del nepotismo de $7,000 millones), por irregularidades en el Acuerdo 052 de 2021, que autorizó crear una seccional de la UNAD en Madrid (España) en el 2021 con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y el Ministerio de Educación. Recursos públicos colombianos para expansión en Europa, mientras regiones de Colombia no tienen acceso a educación superior.
El patrón que se repite
En 2017, el Gobierno Nacional prometió solucionar el problema de la siniestralidad vial con SICOV. Los colombianos pagaron aproximadamente 10% adicional en cada trámite de tránsito. Generó más de $1 billón para el operador privado. El resultado: en 2024, la Superintendencia de Transporte tuvo que abrir investigaciones contra 315 academias de conducción por fraude masivo.
Las muertes no disminuyeron. Aumentaron 27%. Ahora, el mismo patrón: un proceso opaco, diseñado para beneficiar a un solo operador, liderado por una funcionaria sancionada por facilitar carteles, favoreciendo a una universidad investigada por nepotismo que tiene contratos con el grupo que monopolizó el SICOV.
La diferencia es notable: esta vez no se trata de 1 billón, sino de 12 billones de pesos. Además, el período no es de 7 años, sino de 20.
La Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban), nombrada en honor a un niño ciclista que perdió la vida arrollado en Zipaquirá, tenía un propósito noble: que las universidades —garantes tradicionales de certificación profesional en Colombia— garantizaran que solo conductores realmente competentes obtuvieran licencias. Que ningún otro padre pasara por lo que vivieron los padres de Julián Esteban.
Pero tres años después, esa ley está siendo secuestrada por los mismos intereses que llevaron a la muerte de Julián Esteban.
Las preguntas que el Ministerio no responde
¿Por qué excluir automáticamente a las mejores universidades del país por ser privadas? ¿Cuál es la justificación técnica para exigir certificaciones ambientales y de salud ocupacional para evaluar conductores?
¿Se evaluó un modelo regional distribuido (Universidad de Antioquia en su región, del Valle en la suya, del Norte en el Caribe) en lugar de un monopolio nacional? ¿Cuáles son los criterios específicos de evaluación?
¿Cuántas universidades manifestaron interés además de UNAD?
¿Se evaluó el riesgo de que la viceministra de Transporte Lina María Margarita Huari —sancionada en diciembre 2024 por facilitar un cartel— lidere con discrecionalidad absoluta la adjudicación de $12 billones? ¿Se identificó el vínculo contractual entre UNAD y empresas del grupo Torres? ¿Qué garantías existen para evitar que CALE repita el fracaso del SICOV?
El Ministerio de Transporte no ha respondido ninguna de estas preguntas públicamente. La adjudicación está prevista para este mes de noviembre de 2025.
Así las cosas, los directivos de la UNAD se aprestan a recibir ese multimillonario contrato del Gobierno que a futuro producirá más de un escándalo y denuncia por su mal manejo, vinculado a la corrupción.
