Liliana Caballero, está denunciada ante la misma Procuraduría por presunto favorecimiento y conflicto de intereses, porque, recientemente, cuando fue Directora del Dpto de Función Pública, una empresa en la que era socia contrató con esa y otras dependencias estatales. Ahora, como Delegada vigilará a la misma Función Pública. Tiene gran pasado familiar como millonaria contratista del Gob. Santos.
El señor Procurador General del Nación, Fernando Carrillo Flórez, cometió recientemente un error, al parecer por desconocimiento, que ningún jefe del Ministerio Público había hecho: Nombró como importante Delgada a una persona que está denunciada por corrupción en el mismo orgismo de control que él dirige.
Se trata de Liliana Caballero Durán, quien el pasado 3 de octubre de 2018 fue nombrada como Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Según ella misma lo confirmó en su cuenta de Twitter:
Resulta que Liliana Caballero Durán está casada con Julio Roberto Piza Rodríguez, con quien fundó como social su reconocida empresa familiar Piza & Caballero Consultores, de la que también forman parte, además de ella y su esposo: Julio Bernardo Caballero Durán (su hermano), Juliana Piza Caballero (su hija) y Manuela Piza Caballero (su otra hija).
Firma que fue constuida el 17 de febrero del 2000 en la Cámara de Comercio mediante la escritura pública 0000269 de la Notaría 46 de Bogotá, con el objeto principal de «prestar servicios de consultoría, asesoría jurídica, tributaria, de gestión pública y privada».
Los contratos de Piza & Caballero Consultores
Liliana Caballero fue gerente de su importante firma hasta el 14 de agosto de 2014, doce días antes de ser designada por su amigo personal, el exPresidente Juan Manuel Santos, como Directora del estatal Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), sin embargo, su empresa siguió contratando con el Estado, directamente o utilizando la modalidad de las uniones temporales con firmas socias.
Hay que preguntarse: ¿Caballero, en este caso, sacó ventaja de su posición?
La empresa familiar de Piza y Caballero tuvo contratación directa en el 2013 con la Contraloría General de la República por $150 millones; en el 2014 con la Agencia Nacional de Defensa del Estado (utilizando una unión temporal con M&P Abogados) por $706 millones; en el 2015 con el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo dos contratos por 24,5 millones; con la ETB también firmó negocios por una cuantía desconocida y con Bancoldex por $540 millones.
Pero lo grave del asunto es que siendo ella Directora del Departamento de la Función Pública, su empresa Piza & Caballero, contrató con esa entidad estatal utilizando una unión temporal con Econometría Consultores. Es decir, habría otorgado un jugoso contrato que favoreció a su familia. Una conducta sancionable ante la justicia penal y las normas disciplinarias del país.
Así queda claro en la presentación que tiene la empresa Econometría en su página Web, en la cual expone un larga lista de contratos con diferentes entidades del Estado.
No olvidemos que la empresa Piza & Caballero Consultores tiene antecedentes Non Sanctos, pues en el 2013 fue denunciada públicamente por la Contraloría y la Auditoría General de la República por presunto favorecimiento, ya que sus negocios fueron “tramitados mediante la modalidad de contratación directa”. Caso publicado por los medios de comunicación en su momento.
Denunciada ante ante la misma Procuraduría
Por todo este manejo oscuro, Caballero, ahora Delegada para la Función Pública, fue denunciada ante la misma Procuraduría General de la Nación, durante la gestión de Alejandro Ordóñez Maldonado.
La queja la interpuso ante el Ministerio Público, Emilio Herrera Palma, en agosto de 2013 y la puede consultar en totalidad en estos Link: Denuncia 1, Denuncia 2 , Denuncia 3, Denuncia 4, Denuncia 5, Denuncia 6.
Una clara puerta giratoria
Recordemos que Liliana Caballero como Directora de la Función Pública era, nada menos, que la delegada del Mandatario de la época, Juan Manuel Santos, ante Consejos Directivos de entidades estatales y privadas como la Esap y la Cámara de Comercio, entre otras, donde tenía asiento permanente.
Paradójicamente, ahora, como Procuradora le llegaran y deberá revisar procesos disciplinarios contra sus antiguos compañeros o personas que trabajaron con ella en esas entidades públicas. Ante lo cual debería declararse impedida para conocer dichos casos.
Para algunos entendidos el solo hecho de que Caballero hubiese estado en el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y haber pasado inmediatamente a ser Procuradora para la Vigilancia de la Función Pública es una clara puerta giratoria.
Procurador debe imponer la misma moralidad en su casa
El Procurador Genenral habla de moralidad, de transparencia, de idoneidad y eso se lo quiere aplicar, con la máxima rigurosidad de las normas disciplinarias, a casi todos los funcionarios públicos en el país, pero debe comenzar por mirar hacia adentro, revisar en su propia casa e imponer el mismo racero.
Carrillo solicitó la nulidad de la elección de Alcalde de Cartagena, Quinto Guerra por haber sido contratista del Estado doce meses antes de ser elegido y le ha puesto la lupa, eficientemente, a varios casos similares en diferentes ciudadas del país.
Ahora la ciudadanía colombiana se pregunta: ¿No estaba enterado Carillo de la denuncia en la Procuradiría contra Caballero? ¿Le contó Caballero que tenía esta queja disciplinaria en su contra antes de ser nombrada en tan importante cargo? ¿Hubo una puerta giratoria en este caso mediante la cual se favorece la misma Delegada? ¿Es posible que el Procurador, quien promueve las cosas transparentes, diáfanas y libres de toda sospecha, mantenga en el cargo a una persona con esta denuncia en su contra?
El Procurador tiene la palabra…
El texto está plagado de errores de imprenta, lo hace ver sumamente informal y mediocre.