Por: David Meza Pretelt
Se cree que Guillermo Grosso pudo haber gestado un grave caso de tráfico de influencias y otros delitos con el objetivo de ocultar y dilatar sanciones por los crímenes que hoy lo tienen detenido. Uno de sus amigos cercanos en el Parlamento es Roy Barreras.
En la historia de Colombia son muchos los nombres que han sido relacionados con la corrupción y el desgreño del sistema de salud, pero ninguno de ellos había actuado con la sevicia y planificación como para montar un cartel dentro del Estado, con el propósito de desangrar el sistema de salud y como consecuencia acabar con la calidad de vida y con la existencia misma de miles de colombianos. Ese personaje es el tristemente célebre Guillermo Enrique Grosso.
En el año 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos decide intervenir SaludCoop EPS, que era la mayor entidad prestadora de salud en el país y a partir de allí empieza el declive para esta empresa con más de 30 mil empleados y alrededor de 7 millones de pacientes.
El encargado de introducir a quien quebraría y corrompería esa EPS fue Mauricio Castro, quien llevó a Guillermo Grosso a trabajar a SaludCoop y posteriormente fue reemplazado por él. Grosso fue designado como agente interventor de esa institución médica por Gustavo Morales y posteriormente el exSuperintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, lo mantuvo como Presidente de Cafesalud.
Fue Grosso quien convirtió la empresa en un fortín político de clientelismo y contratación que fueron depreciando su valor para eventuales compradores y hoy se ven esas consecuencias en la cuestionada firma Medimás, en la mira de la Procuraduría General de la Nación por sus malos manejos en contra sus usuarios, generalmente, colombianos de clase media.
Grosso es un presunto criminal capturado en Bogotá, el pasado 26 de octubre de 2018, a manos de la Fiscalía General de la Nación porque, a pesar de las múltiples denuncias en su contra, continuó lucrándose de la contratación de SaludCoop y Cafesalud después de su salida de esas empresas, a través de su hermana Martha Grosso, contratista de HEON, empresa a cargo del software que utiliza esta última EPS.
Guillermo Grosso se vio contra las cuerdas por su desbordada corrupción cuando se hizo público que utilizó los dineros de la salud de los colombianos para hacer costosas y extravagantes adquisiciones como sillas masajeadoras, automóviles de alta gama para sus familiares y tapetes de casi 10 millones de pesos, todo esto sustraído del Erario nacional y más grave aún, porque se trata de capitales públicos que pueden salvar vidas de ciudadanos necesitados, al ser dineros de la salud.
En inicios de 2016 cuando aún ostentaba su poder como «Zar» de la salud al frente de Cafesalud EPS, advirtiendo que su caída se acercaba, se reunió con varios líderes políticos de los partidos de La U y Liberal, que presuntamente fueron beneficiarios de altas cantidades de mermelada santista, para tratar de mantener su ventajosa posición como presidente de la mencionada Cafesalud a cambio de puestos y contratación, pero la avalancha de denuncias que se le vino encima le hizo perder su puesto.
Una de estas siniestras reuniones se dio con cerca de 20 parlamentarios del Partido de la U, entre los que se encontraban Roy Barreras, Carlos Soto, Cristóbal Rodríguez y Eduardo Pulgar entre otros. Guillermo Grosso aun siendo Presidente de Cafesalud citó a los congresistas a un lujoso agasajo en el sector del Centro Internacional de Bogotá, en el que incurriendo en una conducta presuntamente criminal, solicitaba que los debates que se iban a hacer sobre Cafesalud/SaludCoop en el Congreso de la República se dilataran.
Fuentes que prefieren no revelar su nombre por temor a la peligrosidad de los congresistas y actores vinculados, han corroborado que Roy Barreras además de ser prácticamente organizador de aquel cuestionado encuentro, conocía y atendió a Guillermo Grosso en varias ocasiones, incluso sirviéndole de relacionista público, referenciándolo con otros congresistas para que atendieran las súplicas de Grosso, que se cree eran por mantener silenciada la corrupción que incubó al interior de la EPS.
Los efectos de las solicitudes de Grosso son palpables, los debates que habían citado congresistas como Jorge Iván Ospina y Jorge Robledo sufrían constantes dilaciones, no se daba respuesta adecuada ni completa a los cuestionarios y además había largas demoras para que estos fueran re-agendados.
En un caso se dio, inclusive, la peculiaridad de que el Senador Eduardo Pulgar no se presentó a un debate citado por él mismo sobre el tema Cafesalud, en lo que configuraría una posible situación dilatoria. Así como se reportan constantes movidas por parte de Pulgar para obstaculizar y dilatar debates al interior de la comisión 7 (encargada de los temas de salud) que proponían otros parlamentarios.
Otra situación clara en la que congresistas del Partido de la U obstaculizaron las denuncias contra Guillermo Grosso se dio en plenaria del Senado de agosto de 2016, en la que la Senadora Paola Holguín atendiendo las súplicas de los representantes de empleados y asociados de SaludCoop, solicitó al congresista Mauricio Lizcano, quien presidía el Senado en ese tiempo, que le permitiera intervenir a Ernesto Urdaneta (Representante de los asociados de SaludCoop), el cual iba a exponer ante la plenaria del Senado los atropellos y el cartel de corrupción que había montado Grosso y que hoy lo tiene tras las rejas.
Mauricio Lizcano entonces incluye en el orden del día la intervención del Dr. Ernesto Urdaneta, como se puede verificar en la transcripción de la plenaria de aquel día (http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?) que misteriosamente ha sido borrada del portal de la Imprenta Nacional.
Pero para sorpresa de la plenaria, el exMinistro de Salud, Alejandro Gaviria, quien era el jefe de Grosso y conocía de sus procedimientos, se acercó acompañado de Norman Muñoz a hablarle al senador Lizcano al oído y misteriosamente después no le fue permitida la intervención al Dr. Urdaneta, aunque ya le había sido garantizada. Quedando probado que Mauricio Lizcano presuntamente impidió que se hicieran estas denuncias ante la plenaria del Senado.
Pero los amigos de Grosso no venían únicamente a través de su nueva posición de poder en Cafesalud, también el exSuperintendente Muñoz, quien era jefe directo tanto de Eva Katherine Carrascal (de igual forma detenida, como de Grosso, el pasado 26 de octubre), hacía su propio lobby político por los lados del Partido Liberal donde también se tiene cuenta que hubo grandes beneficiados por la mermelada extraída de la EPS.
Tal es el caso del Representante Liberal a la Cámara por Boyacá: Rafael Romero, quien según fuentes que por temor prefieren mantener su anonimato, se encargó de entorpecer y retrasar los debates que otros congresistas desearan hacer al mencionado Superintendente Muñoz para indagar sobre la crisis de la salud y el funcionamiento de la entidad. Romero además tiene una hermana que ha estado vinculada laboralmente a SaludCoop durante largo tiempo. Otras fuentes fidedignas afirman haber visto a Romero y Muñoz, reunidos en reiteradas ocasiones, sentados a manteles en lujosos hoteles del Norte de Bogotá; creando un ambiente en el que se respira complicidad.
El posible ventilador de Grosso
Las investigaciones por el caso de Grosso y la exsuperintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Carrascal, iniciaron en enero de 2018, cuando la Procuraduría destituyó a la última por actos de corrupción.
La Fiscalía inició el proceso penal luego de más de 500 interceptaciones telefónicas a Carrascal, a Guillermo Rosso, a Jhon Alexander Colmenares y a Javier Peña Ramírez, expertos en empresas de salud y también detenidos. En esas conversaciones quedaron en evidencia cómo se coordinaba esta red de corrupción.
Según la Fiscalía, Carrascal habría recibido sobornos superiores a los $700 millones con los que, incluso, habría comprado el apartamento en el que vive en el norte de Bogotá. Los investigadores tienen como prueba más de 15 registros de consignaciones de pagos desde la red de corrupción a la exsuperintendente.
El Ente Acusador asegura que, además, cuenta con evidencias de que el grupo de Grosso y Carrascal le habría entregado dinero a algunos congresistas. De dichas pruebas se les entregarán copias a la Corte Suprema de Justicia, la competente para investigar a las personas con fuero en el país.
Recientemente se conoció que ya fueron involucrados en la investigación contra Guillermo Grosso, dos parlamentarios mediante compulsa de copias a la Corte Suprema. Ellos son el ex-congresista del Partido de La U por Boyacá, Cristóbal Rodríguez, de un departamento cuyos dos representantes liberales se encuentran profundamente vinculados a la corrupción en SaludCoop/Cafesalud y el atlanticense de Cambio Radical Luis Eduardo Díaz-Granados.
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Grosso es un pez gordo dentro de la corrupción de la salud en Colombia y podría ser el ventilador para llegar a otros cérebros, especialmente congresistas, de este caso que avergüenza al país.