El pasado 26 de febrero de 2025, la Universidad Nacional de Colombia llamó la atención de los colombianos, al informar que el controvertido Ministro de Educación Carlos Rojas Medellín, no aprobó la sustentación de su tesis en la maestría en Ciencias Económicas, mientras escondía un verdadero escándalo de corrupción en su interior mucho más relevante para el país.
Resulta que en la Universidad existe un mulimillonario contrato por la gran cifra de 98 mil millones de pesos para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las sedes de esa institución a nivel nacional.
El actual Rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, fue elegido con la idea y la publicidad de hacer el cambio y renovar la entidad, entre otras cosas, acabar con los posibles focos de corrupción y violencia.
Recordemos que Múnera llegó a la rectoría de la Nacional en un proceso marcado por la controversia y decisiones judiciales. Su elección fue resultado de una nueva sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la entidad, en la cual se anuló la sesión previa del 21 de marzo de 2024 que había elegido a José Ismael Peña Reyes.
Una tutela había protegido el derecho al debido proceso de Peña, designado inicialmente como Rector. Sin embargo, el CSU emitió la Resolución 067 de 2024 que anuló su nombramiento. Aunque la elección de Múnera está demandada y sigue en la mira del Consejo de Estado.
Una de las primeras cosas que supuestamente hizo Múnera, en un movimiento, al parecer, calculado fue declarar desierta la licitación para entregar el mencionado contrato de la seguridad privada justo cuando se dice que el Ministerio de Educación observaba ese proceso.
Fue así que en lugar de convocar una nueva licitación transparente y competitiva, es decir, que en vez de continuar con el proceso de selección objetiva, la Universidad Nacional liderada por el rector Leopoldo Múnera optó por una estrategia que ha despertado serias dudas sobre la claridad de la citada adjudicación.
CURIOSAMENTE EL GANADOR ES EL MISMO CONTRATISTA
La Nacional decidió fraccionar esa contratación, permitiendo que distintas sedes de la institución en todo el país contrataran de manera independiente pero al mismo proveedor, sin convocatorias públicas ni competencia real.
Curiosamente, la misma empresa Unión Temporal SVAS resultó beneficiada en las distintas sedes de la Universidad, lo que podría ser un muestra clara del fraccionamiento del contrato macro para evitar la selección objetiva y asignar el jugoso negocio de manera directa.
CONTRATACIONES MENORES PARA DISIMULAR
En el caso se hicieron varias contrataciones menores, permitiendo una adjudicación sin licitación.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo se habría fragmentado, presuntamente, el contrato en las sedes de la Universidad Nacional de Colombia:
Palmira: 680.764.328 COP por 184 días a la Unión Temporal SVAS.
La Paz: 805.981.674 COP por 152 días a la Unión Temporal SVAS.
Manizales: 825.000.000 COP a la Unión Temporal SVAS.
Amazonía: 173.162.509 COP a la Unión Temporal SVAS.
Obviamente todas esas movidas han dejado sospechas de presunto direccionamiento en la adjudicación del contrato que hasta la fecha presenta un monto entregado de más de 15 mil millones de pesos.
A simple vista, esto podría parecer una medida de descentralización impuesta por la entidad del rector Múnera, pero en la práctica, el mismo contratista recibió la adjudicación de manera directa, sin licitación ni competencia.
No debemos olvidar que el Código Penal colombiano establece que el fraccionamiento indebido de contratos para evitar procesos de selección objetiva puede derivar en responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
Muchos dicen que la Universidad Nacional filtró a los medios de comunicación importantes del país un escrito en el que decía sobre el Ministro Rojas porque «no cumplía con los requisitos de calidad» en su tesis de maestría, poniendo los reflectores sobre el polémico estudiante, abanderado del Gobierno Nacional, y así evitar las cámaras en la jugosa contratación.
