La Conjuez del Tribunal de Santander, que investiga al Mandatario de Floridablanca José Fernando Sánchez Carvajal por presunta nulidad electoral, firmó un contrato con la Alcaldía que él dirige por casi $100 millones para asesorarlo en asuntos de la administración. Insólito.
Por Sixto Alfredo Pinto, director del portal La Otra Cara
El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, enfrenta un proceso en el Tribunal Administrativo de Santander, por violar normas en materia electoral, al estar investigado, penalmente por delitos contra la administración pública, pero ahora, al parecer, hizo una jugada supuestamente para esquivar la justicia que lo pusieron en la cuerda floja.
El citado Mandatario tiene un proceso en contra por presunta Nulidad Electoral y es señalado de violación al artículo 27 numeral 5 de la ley 1475 del 2011, que establece “Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas”… “Numeral 5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad…”.
Aquí pueden ver el PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL CONTRA LA ELECCIÓN DE JOSÉ FERNANDO SáNCHEZ.
Ante dichas circunstancias judiciales, las magistradas Claudia Patricia Peñuela Arce y Claudia Ximena Ardila Pérez, quienes hacen parte del Tribunal Administrativo de Santander, se declararon impedidas para conocer la investigación que adelanta este Organismo contra el mencionado alcalde Sánchez Carvajal, por cuanto en dicha Alcaldía santandereana, al parecer, coincidencialmente, nombraron a sus hermanos, que ahora son empleados del Mandatario.
Ellos son, Edgar Mauricio Peñuela Arce, designado como Secretario General de la Alcaldía, quien es hermano de la magistrada Peñuela Arce y había sido Personero del municipio de Girón, y, Andrés Norberto Ardila Pérez, hermano de la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez y Secretario del Interior del municipio de Floridablanca, quien había trabajado en la Gobernación de Santander. Con estos nombramientos del Alcalde Sánchez Carvajal, la justicia quedó neutralizada inicialmente.
Por lo anterior, el Tribunal de Santander designó a la señora María Eugenia Alba Castellanos como Conjuez para adelantar dicha investigación en contra del alcalde de Folridablanca, José Sánchez Carvajal.
¿Todos comprados en Floridablanca?
Con sorpresa, la conjuez nombrada para dicho proceso, la doctora Alba Castellanos, con la cedula de ciudadanía Nro. 63.298. 765, expedida en Bucaramanga, firmó el pasado 16 de enero del 2024, con la actual administración municipal, un contrato de prestación de servicios, tal como se establece, en la página del Secop II. El tema estaba oculto, pero las denuncias ciudadanas que llegaron a laotracara.co ayudaron a destaparlo.
Se trata del Contrato 00007-2024 CO1.PCCNTR 5751866 de asesoría al municipio de Floridablanca, en el despacho del alcalde José Fernando Sánchez Carvajal. Es decir, este sagaz burgomestre también puso a la Conjuez como su empleada porque la nombró de asesora.
Aquí pueden ver el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA Y LA CONJUEZ MARÍA EUGENIA ALBA CASTELLANOS.
El Acta de Inicio de este contrato establece que dicho contrato asciende a la suma de $99.960.000 pagaderos en seis meses, a partir del 16 de enero del 2024 hasta el 17 de julio de 2024. Como quien dice, tu me das y yo te absuelvo.
Esta es el acta de inicio del cuestionado contrato quer está activo entre la Alcaldía y la Conuez María Eugenia Alba, firmados por ambas partes…
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De acuerdo a las anteriores consideraciones, se ve claramente que la conducta del alcalde José Fernando Sánchez Carvajal parece encaminada a obstaculizar la justicia, usando los recursos de la administración municipal.
Lo anterior configuraría un escandaloso caso de presunta corrupción, donde pareciera que el investigado comprara a su juez, quien también debería haberse declarado impedida y hacerse a un lado en el manejo de la investigación contra el Mandatario local. Serán las autoridades competentes las que diriman este insólito tema.
