Las deudas corresponden a los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 que el Ejecutivo no ha girado al Grupo EPM. Según el Presidente Petro es una
Un Juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno Nacional a raíz de las deudas que el Ministerio de Minas y Energía acumula con el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) por concepto del pago de los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3.
Un hecho inédito en el país, porque nadie en el pasado se había atrevido a embargar las cuentas del Gobierno.
“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, explicó el Alcalde de Medellín.
«Fico» Gutiérrez sostiene que no es una movida política y solo se debe al incumplimiento del Gobierno al no cumplir sus obligaciones (pagar) la deuda con la EPM, tal como lo establecen las leyes de Colombia.
Es una «jugada política», dice Petro
A su turno, el propio Presidente de la República y jefe del Gobierno, Gustavo Petro Urrego, aseguró tajantemente que es una jugada política contra su administración.
“No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política”, manifestó el Mandatario durante el Consejo de Ministros televisado de el lunes.
Gobierno dice que sus cuentas no son embargables
Se conoció que el Ministerio de Hacienda pedirá el desembargo de las cuentas, pues hay dos artículos del Estatuto del Presupuesto, el 19 y 34, que señalan que las cuentas no se pueden embargar.
Fuentes de esa cartera afirman que por su orden “el juez se metió en un problema mayúsculo”.
Por su parte, Ministerio de Minas indicó que han cumplido el 85% de los pagos a las filiales de EPM y han hecho un acuerdo de pago, conforme a las capacidades.
Ante esto, se deja entrever que el Gobierno no pagaría los 50.000 millones de pesos que le debe a esta compañía de Medellín y que el juez ordena desembolsar en cinco días.
El caso apenas comienza y todavía no se sabe quién tiene la razón en esta disputa por dinero, justicia y poder político.
