Después de 9 años de impunidad, la ineficiente Jurisdicción Especial de Paz, ante la presión del Gobierno De Abelardo de La Espriella, llama a versión libre a Griselda Lobo Silva por reclutamiento de menores y violencia sexual. ¿Pero habrá justicia?
Por Sixto Alfredo Pinto, director portal laotracara.co
Luego de más de 9 años de haber sido creada y con sólo una condena simbólica contra los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llama a versión libre a Griselda Lobo Silva, alias Sandra Ramírez, exesposa de Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo), máximo líder de esa violenta guerrilla, para escucharla por delitos de lesa humanidad como reclutamiento de menores y violencia sexual.
Con este llamado la JEP quiere desviar la atención del Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella y del movimiento político oficialista Salvación Nacional, que lidera el Senador Enrique Gómez, quienes proponen un recorte en su presupuesto ante el billonario derroche de dineros públicos en su funcionamiento y burocracia y los pocos resultados en el procesamiento de los líderes de la Farc, para lo que fue fundada.
Aunque no se puede olvidar que esta ineficiente entidad fue creada por los mismos miembros de esta organización subversiva para que los juzgaran simbólicamente (la llamada justicia transicional) sin pagar un solo día de cárcel por sus múltiples crímenes atroces, luego de firmar el Acuerdo de Paz de 2016 en La Habana, Cuba, promovido por el expresidente Juan Manuel Santos.
Recordemos también que el 1 de julio de 2026, cuando todavía el país saboreaba el triunfo de Abelardo De La Espriella (quien en campaña prometió acabar la JEP), los magistrados de la Sala de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz corrieron a tomar su primera decisión en 9 años y medio de creación y ratificaron la única condena que había emitido la entidad el 23 de septiembre de 2025, contra los siete jefe del Secretariado de las Farc (Rodrigo Londoño alias Timochenko, alias Julián Gallo y alias Pablo Catatumbo, alias Pastor Alape y alias Joaquín Gómez, entre otros) dentro del caso Caso 01.
Una supuesta pena sin prisión de máximo 8 años de sanciones propias y restaurativas por crímenes de guerra, entre ellos toma de rehenes y homicidios, así como crímenes de lesa humanidad por privaciones graves de la libertad (secuestros), desaparición forzada, tortura y violencia sexual cometidos a más de 21.000 víctimas.
Años de impunidad para Sandra Ramírez
Después de años de denuncias públicas en medios de comunicaciones de víctimas directas de Sandra Ramírez, de origen santandereano, y sus deplorables acciones ante la misma entidad clamando por justicia, ahora la JEP sostiene que va a llamarla a versión libre para ver si la procesa o no en el Caso 07, que fue abierto mediante el Auto 029 del 1 de marzo de 2019 («Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado«) y desde esa época vienen los señalamientos contra esta jefe de la Farc.
Lo curioso es que la misma JEP realizó además una rueda de prensa en Bogotá el 7 de marzo de ese 2019, en la que explicó públicamente la apertura del caso. El magistrado Iván González Amado presentó los alcances de la investigación y la entidad confirmó que el proceso se construyó, entre otros elementos, con informes de la Fiscalía General de la Nación, Centro Nacional de Memoria Histórica, ONIC y grupos de la sociedad civil. Además, la Jurisdicción envió copia del auto a varias organizaciones, entre ellas la Corporación Rosa Blanca, para que aportaran información.
Y Rosa Blanca aportó valientes denuncias, en los debates públicos, en las que mencionaba a Ramírez, quien reiteradamente negó su participación en estos detestables crímenes. Es más, en una entrevista del 22 de julio de 2020 en el diario El Tiempo fue enfática en decir: «Las Farc no tenían una política de reclutamiento de menores. Los que estaban lo hacían de manera voluntaria».
“No me explico esas cifras de dónde salen, según relatos que hemos hecho ante la JEP el tema es diferente y allí estamos diciendo la verdad, como es nuestro compromiso”, indicó, al tiempo que reconoció que solo tenían jóvenes entre los 14, 15 y 16 años, pero nunca reclutados.
El tiempo pasó y la investigación se estancó sin que Ramírez fuera procesada y sólo hasta el pasado 18 de septiembre de 2026, la JEP, ante la presión del gobierno de De La Espriella, hizo el anuncio de llamarla a dar versión mediante la magistrada Lily Rueda de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
«Es una oportunidad de esclarecimiento, para la verdad y el aporte de las víctimas», detalló Rueda.
Según Rueda, la líder Ramírez firmó un acta de compromiso con la JEP, por lo que tiene la obligación procesal de asistir y aportar verdad. Pero la magistrada aclaró que aportar verdad no implica necesariamente un reconocimiento de responsabilidad, sino dar su versión informada sobre los fenómenos investigados. Dicha diligencia está convocada para el 4 de noviembre.
Enfermera y experta en abortos
Aclaremos que las Farc fueron imputadas en la misma JEP por más de 18.677 crímenes de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente campesinos, entre 1996 y 2016, la mayoría en el centro y sur de Colombia.
Sandra Ramírez argumenta que no pertenecía legalmente al Comando Central de la Farc, pero estaba dentro de este por ser la mujer de Tirofijo a la que respetaban por su cercanía con el máximo jefe. Al punto que daba órdenes y ejecutaba acciones en esa cruel guerrilla amparada por la figura de su temible esposo.
Esta mujer ingresó a las Farc a los 17 años y aprendió labores de enfermería de manera empírica, inspirada por su padre. Duró militando más de 35 años en el grupo delincuencial, donde atendió heridos y realizó prácticas sanitarias en los campamentos de la guerrilla, además de transmitir dichos conocimientos a otros combatientes. Pero también adiestró a otros miembros de la organización ilegal como enfermeros para que realizaran abortos a niñas de 12, 13 o 14, años reclutadas en ese movimiento. Se puede decir, según los testimonios en su contra, que ella fue una de las promotoras de los centros de abortos en las Farc.
El infierno que denunció Rosa Blanca sobre las menores violadas
Hay muchas denuncias de la Corporación Rosa Blanca, un grupo de mujeres que fueron reclutadas a la fuerza por las Farc, en regiones del sur del país, muchas cuando sólo tenían 12 o 14 años, que eran obligadas por Sandra Ramírez a desfilar en ropa interior, en largas bacanales, frente a los comandantes borrachos y luego tenían que acostarse obligadas con uno o varios de esos jefes que las escogieran para violarlas. Al final, los comandantes de frente que se quedaban con ellas como amantes. Muchas veces cuando ese jefe moría por alguna circunstancia, en ocasiones por combates con la Fuerza Pública o por disputas internas, la joven era tomada por otro comandante sin su consentimiento y obligada por el temor a perder la vida. Y así su vida en las Farc se convertía en un infierno al que muchas se acostumbraban, pero otras no, y desertaban.
Cuando las menores salían embarazadas, Ramírez coordinaba el operativo para el aborto. Muchas niñas tuvieron hasta cuatro abortos. Y si alguna se les ocurría huir, era perseguida, capturada y fusilada. Existen varias versiones sobre como la tenebrosa Ramírez tuvo incidencia en muchos homicidios de menores disidentes.
Lo curioso del caso es que la JEP le ha prestado poca importancia o ha desestimado las múltiples y graves denuncias de Rosa Blanca y otros querellantes contra Ramírez, que reposan en esa entidad desde hace años, por lo que muchos dicen que es un claro favorecimiento de los magistrados a sus creadores: Las Farc.
Vida de comodidades de Ramírez como congresista
Aunque Ramírez siempre negó pertenecer al Comando Central de las Farc, sí fue beneficiada y se posesionó como una de las senadoras de ese grupo delincuencial (que luego se denominó partido Comunes), lo cual quedó estipulado en el Acuerdo de Paz de La Habana. Las curules eran directas, es decir, no tenían que ir a elecciones y estaban reservadas solo para 10 de los jefes destacados de la organización durante dos periodos consecutivos, o sea, 8 años.
Su primer periodo fue del 20 de julio de 2018 al 20 de julio de 2022. Durante esta etapa hizo historia al ser elegida como Segunda Vicepresidenta del Senado (legislatura 2020-2021). Su segundo periodo fue del 20 de julio de 2022 al 20 de julio de 2026, cuando salió del Parlamento porque, aunque los miembros de su partido Comunes aspiraron para el periodo 2026-2030 ninguno salió elegido, ya que el pueblo los castigó debido a su pasado de extrema violencia y porque en sus ocho años en el Congreso no hicieron aprobar ninguna ley relevante para los colombianos.
Solo fueron nombrados en los medios de comunicación por su participación en un fallido proyecto de Reforma Agraria, porque su interés siempre fue la tenencia o el manejo de la tierra y otra iniciativa sobre el derecho a la protesta, ya que eso siempre estuvo en sus narrativas para mantener a las bases de izquierda movilizadas. ¿Si Ramírez no era una jefe influyente por qué ocupó la curul?
Como resultado de esa estruendosa derrota en esas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) les quitó la personería jurídica a Comunes, que yo no puede ser partido político.
Ramírez ha tenido una vida de tranquilidad, dinero y protección con escoltas, disfrutando libre por todo el país, especialmente en Bogotá. Gozó de un esquema amplio de seguridad como congresista y ahora goza de este como firmante del proceso de paz en total impunidad porque la JEP no la había querido procesar. Muchos de sus denunciantes hasta se han preguntado: ¿Cuál es el pacto secreto de algunos magistrados con esta mujer y por qué a los miembros de la Fuerza Pública sí les abren investigaciones rápidamente? También se dice que la llaman a versión libre para supuestamente demostrar que la Jurisdicción sí es efectiva y está trabajando, pero al final si la condenan tampoco pagará un sólo día de cárcel como sus otros compañeros mandamás de las Farc.
Lorena Murcia, la primera denunciante
El 9 de abril de 2021, Lorena Murcia, entonces presidenta de la Corporación Rosa Blanca, habló en el Congreso durante el Día Nacional de las Víctimas y señaló a antiguos comandantes de las Farc por hechos de violencia sexual, aborto forzado y reclutamiento.
Luego Murcia, de forma valiente, llevó su testimonio ante la JEP y señaló directamente a Griselda Lobo Silva de actos criminales como jefe de la guerrilla. Según el relato, publicado posteriormente en la prensa, Murcia afirmó que alias Sandra Ramírez la había entregado o puesto a disposición de comandantes de las Farc para que fuera abusada cuando era menor y la trató de «bandida» públicamente.
Según Murcia, la señora Ramírez era la encargada de preparar a las niñas de 9 o 10 años, a las que vestía con ropa interior de adultos, para presentárselas a los comandantes de las Farc y que «ellos escogieran a la que quisieran como una fruta». también la acusó de ser una mujer «sanguinaria y despiadada» que «no le importaba mandar a asesinar a cualquiera para mantener su estatus de poder».
«Ramírez era una proxeneta que se dedicaba a transformar las niñas en mujeres en la organización para ponerlas frente a estos altos mando de las Farc para que las abusaran o violentaran sexualmente y si alguna quedaba embarazas les practicaba los abortos y no les importaba si tenía 9 0 10 años de dad porque para ella eran mujeres y las disfrazaba de mujeres para poder complacer a estos altos mando y pudieran escogen la «fruta que querían», para así mantener ella la jerarquía en la que se encontraba», aseveró Murcia.
Pero la JEP no novió un dedo con su delicada denuncia, por eso Murcia dice que nunca ha creído en la entidad a la que califica como un «tribunal de impunidad».
A su turno, Sandra Ramírez presentó en ese año 2021 una denuncia penal ante la Fiscalía contra Murcia por injuria y calumnia debido a las declaraciones realizadas por esta víctima. El Ente Acusador realizó una conciliación el 13 de octubre de 2021 entre las partes que resultó fracasada porque la representante de Rosa Blanca sostuvo: «no tengo que rectificar nada» y el caso se estancó, pero sigue abierto.
En este video Murcia se ratifica en Caracol sobre los crímenes de Sandra Ramírez:
La Fundación Defensas de Inocentes también denunció a Ramírez
La primera denuncia formal en la Jurisdicción Especial contra Sandra Ramírez se hizo el 23 de septiembre de 2021, por parte del abogado Juan Camilo Sanclemente Zamora, director de la Fundación Defensa de Inocentes y representante de algunas víctimas del Caso 01 de la JEP, quien presentó una solicitud de investigación y sanción contra Griselda Lobo Silva.
El origen fue el homenaje al temible Jorge Briceño Suárez, alias «El Mono Jojoy», dado de baja por el Ejército en la Operación Sodoma, el 22 de septiembre de 2010, en el departamento del Meta, realizado por el partido Comunes, en el que Sandra Ramírez hizo declaraciones sobre las condiciones de los secuestrados. Dijo públicamente que los cautivos tenían «comodidades» porque tenían «su camita, su cambuche, todo». Cuando en realidad los testimonios de algunos liberados y las imágenes conocidas por televisión los mostraban amarrados y encerrados en cercas de alambres de púas por órdenes de este despreciado jefe guerrillero. La petición buscaba que la JEP estudiara un posible incumplimiento de las obligaciones de los comparecientes, lo cual nunca se concretó en la Jurisdicción.
Sara Morales denunció a Ramírez cuando era senadora
En el 2024 apareció Sandra Morales, otra representante de Rosa Blanca, quien venía trabajando en la visibilización de testimonios de víctimas de reclutamiento y violencia sexual dentro de las Farc en el Caso 07 de la JEP, sin ningún resultado por la supuesta complacencia de algunos magistrados con los jefes de este grupo subversivo.
El 18 de noviembre de 2024, Morales denunció por prevaricato a Giovanni Álvarez, entonces director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, tras sostener que se estaban vulnerando sus derechos como víctima y cuestionaba decisiones relacionadas con sus medidas de seguridad. La Jurisdicción seguía en ese momento sin prestarles atención a las graves denuncias de Rosa Blanca y a las mujeres damnificadas por Ramírez.
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, Morales se encontró con Sandra Ramírez en el Congreso, donde ella actuaba como poderosa y vociferante senadora del partido Comunes. Según el relato de la misma Morales, Ramírez la llamó por su antiguo alias en las Farc que era “Selena”, y le dijo que sabía que había denunciado a Giovanni Álvarez. Morales, también comentó que Ramírez le manifestó que “ahora más que nunca vas a necesitar el esquema de seguridad”. A raíz de eso Morales interpretó esas palabras, por el contexto y por su pasado dentro de las Farc, como una amenaza e intimidación y la denunció ante la Fiscalía el 2 de enero de 2025.
Ese asunto pasó a la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2025 debido al fuero de senadora que esta ocupaba en aquel momento Ramírez como miembro del fariano grupo Comunes. El Alto Tribunal llamó a Morales para que ampliara su denuncia, lo cual ella hizo al ratificar su versión 25 de marzo de ese año. Luego la Corte abrió una indagación preliminar el 31 de marzo de 2025 a cargo del magistrado Héctor Javier Alarcón, quien ya salió este año de la entidad, aunque el expediente sigue abierto.
Esto dijo Morales a Semana sobre Ramírez y las Farc:
Deysy Guanaro señala directamente a Ramírez
Deisy Dorelly Guanaro Chavita es otra víctima acreditada ante la JEP dentro del Caso 07. Ha afirmado tajantemente que fue reclutada por las Farc cuando era niña y sostiene que Sandra Ramírez tuvo participación en hechos de violencia y abusos dentro de la organización.
El 25 de marzo de 2025, Deisy Guanaro habló con Caracol Radio y confirmó que también había sido reclutada por las Farc cuando era niña y acusó a Sandra Ramírez -entonces senadora- de tener un papel en la selección y sometimiento de menores.
Sostuvo que Ramírez «seleccionaba o hacía formar a niñas de aproximadamente 11, 12 y 13 años para que fueran escogidas por los comandantes guerrilleros» en desfiles, en los cuales esta mandamás subversiva les hacía poner ropa interior de adultas.
Además explicó que las niñas primero pasaban por un registro de Ramírez y luego eran enviadas con determinados comandantes y, lo que es peor, relató que ella misma fue sometida a abusos sexuales después de ser seleccionada. «Yo fue víctima de Sandra Ramírez en San Vicente del Caguán (Caquetá) cuando tenía 12 años y me hizo desfilar frente a los comandantes borrachos y drogados en ropa interior negra para que ellos nos escogieran para pasar la noche», recordó Guanaro.
También sostuvo que esta jefe de las Farc ordenaba castigos a las menores que se rebelaban.
En declaraciones posteriores, el 26 de marzo de 2026, Guanaro amplió sus versiones públicas y ratificó que «Ramírez practicaba o intervenía en abortos forzados a niñas que quedaban embarazadas» durante su permanencia en el grupo ilegal.
Como respuesta, en ese mismo mes de marzo, Ramírez negó los señalamientos y pidió que Guanaro llevara sus denuncias a la JEP, aunque reconoció que pudieron ocurrir abusos sexuales dentro de las Farc, pero rechazó que hubieran sido una política de la organización.
Estas son las versiones de Guanaro sobre Ramírez a la revista Semana:
FEVCOL, otro denunciante de Ramírez ante la JEP
El 3 de abril de 2025, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL) presentó ante la JEP un documento solicitando que Sandra Ramírez fuera vinculada al Caso 07. La petición la señala por reclutamiento de menores y como posible máxima responsable de crímenes relacionados con violencia sexual ocurridos dentro de las antiguas Farc. No fueron escuchados por la entidad.
Pero en abril de ese mismo año, Guanaro continuó reclamando que las víctimas fueran escuchadas y denunció amenazas, al tiempo que solicitó a la JEP vincular a Ramírez al Caso 07.
Entonces la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, mediante el Auto SRVR-LRG-AV-205-2025 del 24 de abril de 2025, reconoció a Deisy Dorelly Guanaro como víctima directa dentro del Caso 07, por su propio reclutamiento y los hechos sufridos durante su permanencia en las Farc. Sin embargo, la Jurisdicción no avanzó en el proceso y no vinculó a Ramírez.
En agosto de 2026, Guanaro declaró ante la opinión pública que llevaba aproximadamente un año solicitando a la JEP que vinculara a Sandra Ramírez al Caso 07, pero no hubo eco en la entidad.
Como pudimos observar, desde el año 2025 esta mujer venía pidiendo que Sandra Ramírez fuera incorporada al Caso 07, sin ningún éxito. Ella misma, recordó a los medios en este 2026 que llevaba más de un año solicitando ante la JEP la vinculación de Ramírez y ahora, luego la noticia entregada por la magistrada Rueda, Guanaro se convierte en la principal denunciante que aparece de manera directa y pública en el proceso.
Todas estas solicitudes de investigaciones ante la JEP contra la tenebrosa Sandra Ramírez de las Farc no había tenido ninguna oportunidad, si no fuera porque ahora esa Jurisdicción Especial de Paz se siente amenazada, cuando se habla de bajarles el presupuesto en el gobierno de Abelardo De La Espriella por su ineficiente gestión. Entonces para justificar su estruendosa burocracia, sus magistrados salen a los medios de comunicación a decir que por fin van a mirar si le abren un proceso a esta poderosa jefe de las Farc, el cual si llega a prosperar no le dará un sólo día de cárcel, sino una condena simbólica.
Este es un artículo de opinión y reportaje multimedia realizado como homenaje a la miles de mujeres víctimas de violencia sexual en las Farc. Si algún lector tiene conocimiento de otras denuncias contra Sandra Ramírez puede escribir al correo laotracarapi@gmail.com
