En la norma que ya tiene lista los ministerios de Interior y Defensa también se dice que el esquema en la Unidad Nacional de Protección (UNP) de los exPresidentes se revisará cada cuatro años.
Los ministerios del Interior y Defensa, por orden del Presidente Gustavo Petro Urrego, modificaron mediante decreto. las condiciones para entregar esquemas de seguridad en Colombia, especialmente para los funcionarios públicos que ya no están en sus cargos y cuyo aparato de protección le cuesta una gran cantidad de dinero al Estado.
Con esta norma se reversa una decisión del expresidente colombiano Iván Duque Márquez que fue muy polémica en su momento y en la cual se entregaba esquema de protección automático, que muchos llamaron «vitalicio» a todos aquellos funcionarios que hicieron parte del Consejo de Seguridad Nacional de su gobierno o que avalaron extradiciones.
Recordemos que el año pasado (2022), antes de que el gobierno de Duque finalizará, ese exmandatario expidió el decreto 1064 de 2022, en el cual se estableció que los exservidores públicos que hayan sido miembros del Consejo de Seguridad Nacional desde la vigencia del decreto serán personas de riesgo extraordinario o extremo, por lo que deberá garantizarse su protección con esquemas de la Unidad Nacional de Protección -UNP-.
Esto dice la citada norma: «Exservidores públicos que hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad y exservidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, como mecanismo de cooperación judicial internacional deben recibir la protección no por ostentar un cargo, sino por ser víctimas de situaciones que se deriven de la violencia política, ideológica o por el conflicto armado interno, siempre y cuando se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo”.
El texto también indica que cada cuatro años se haría una revisión a dichos esquemas, es decir, se volvería a hacer la asignación de escoltas y carros blindados pagados con dineros del Estado a ciertos servidores públicos, la mayaoría de los casos, en forma injustificada. Lo que fue interpretado como un regalo de Duque para sus ministros y funcionarios consentidos.
Ese Decreto 1064 de 2022, firmado por el entonces pPresidente Duque a menos de mes y medio de terminar su mandato, garantizaba la seguridad prácticamente vitalicia para el entonces Ministro del Interior, Daniel Palacios; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Victor Muñoz; y la jefe de gabinete, María Paula Correa.
El nuevo decreto de Petro
El gobierno petrista advierte, en la justificación de motivos, que mantener esa medida implementada por Duque: “Conlleva a la implementación de medidas de protección sin el lleno de requisitos y procedimientos estipulados en las normas que rigen el programa de prevención y protección”.
“En torno a la población referente a quienes suscriben las extradiciones, que el hecho de que algunos servidores públicos asesoren al Presidente de la República en temas de seguridad nacional o sobre la extradición de alguna persona, quien en realidad adopta las decisiones es el Presidente de la República, de allí que quien funge como tal al dejar el cargo, cuenta con medidas de protección”, señala la nueva norma.
De esta forma, el Gobierno de Petro borra en el nuevo decreto la disposición de entregarle esquema de seguridad a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, a quienes hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición e, incluso, a los líderes religiosos certificados por el Ministerio del Interior. También se dice que el esquema de los exPresidentes de la Repúblicav se revisará cada cuatro años.
La nueva norma de la administración petrista establece un término de transición para todos aquellos exfuncionarios que gozan deprotección por decisión del expresidente Duque y dice que se reevaluará el nivel de riesgo y que, en caso de no existir, les quitarán el esquema.
“La Unidad Nacional de Protección dentro de los 10 días siguientes a la expedición del presente decreto, y conforme a la institucionalidad establecida en el Decreto 1066 de 2015, deberá realizar una revaluación del nivel del riesgo de estas personas, para determinar si subsiste un nivel de riesgo extraordinario o extremo y en tal caso, asignarles las medidas protección ajustado a las disposiciones vigentes. De llegarse a considerar que no existe nivel de riesgo extraordinario o extremo, se darán por terminadas las medidas de protección”, afirma el nuevo decreto.
