El Gobierno no ha cumplido con la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional para liberar el agua de la represa El «Cercado», en el Ranchería, que garantiza los derechos fundamentales de salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de niños y niñas Wayúu en Riohacha, Manaure, Maicao, Uribia y demás poblaciones de La Guajira.
Por Eduardo Padilla Hernández (1) y Sixto Alfredo Pinto (2).
El Río Ranchería, de 150 kilómetros de longitud, con un caudal medio de 7,8 m³/s, es una arteria fluvial muy importante en La Guajira, en el norte de Colombia. Nace en el cerro La Horqueta, a más de 3000 msnm, en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar Caribe en ese mismo departamento costeño.
Este río pasa por las pequeñas ciudades de Fonseca, Barrancas, Papayal, Mushaisa y Albania; y cruza cerca de otras siete comunidades como Patillal (Cesar), Tengo Ganas, Roche y Chancleta, ubicadas en el extenso yacimiento sedimentario de carbón El Cerrejón. Este complejo carbonífero es cursado por el Ranchería donde llega hasta sus últimos tramos en su paso por el valle aluvial.
El norte y la zona central del departamento de La Guajira están ocupadas por el área de reserva y protección territorial indígena más grande de Colombia (15.300 kilómetros cuadrados), habitada por el milenario pueblo wayúu, que también ocupa otros 12 mil kilómetros cuadrados en el desierto venezolano.
Resulta que el Ranchería, el único río del desértico y peninsular departamento de la Guajira, se lo robaron. De acuerdo con expertos, este hecho marca el proceso de exterminio de la colonia indígena más grande de Colombia: La Nación Wayúu.
Desde muchos años atrás, el Río Ranchería fue el abasto vital de agua en la región. Este caudaloso afluente pasa por 9 municipios de los 15 que tiene La Guajira, de ahí su importancia para la zona. Actualmente no hay actividad de pesca ni navegación, porque ya no existe el río. Ahora el lecho del Ranchería es una enorme zanja de arena y piedras secas por la que no fluye ya una sola gota de agua.
Las comunidades de la Nación Wayúu vivían felices, hasta el día que, sin socializar el plan, la élite urdió, construyó y luego inauguró, en el 2010, un macabro proyecto: La represa El “Cercado” en el Río Ranchería, que confinó toda el agua de ese caudal, la cual sólo favorece a la mina de carbón El Cerrejón, la más grande a cielo abierto en el mundo.
Los diseños iniciaron en enero de 2002 y finalizaron en noviembre del 2005. En abril de 2007 los nativos, mediante el Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada interpusieron una tutela contra la acción realizada como consulta pública en la zona para el otorgamiento de la licencia ambiental de El “Cercado”. Las comunidades nativas manifestaron que el proceso de consulta previa no fue adecuado ya que sólo llamaron a espacios de reuniones, pero no se convocó al Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada, organismo encargado de entablar procesos de consulta, la cual no se enmarcó dentro de los términos definidos por el Convenio 169 de la OIT y la ley 21/91, pues no se adaptó de buena fe a las circunstancias de las comunidades directamente afectadas.
La inundación estaba planeada para realizarse en un periodo de tres años; sin embargo se realizó en sólo tres meses devastando cultivos, animales y viviendas de las poblaciones aledañas.
Esa mega obra dizque “beneficiaría” a la región, generando energía eléctrica y dotando de agua a la población. Pero siete años después el impacto negativo en la media Guajira es la sequía y un panorama desolador para las comunidades.
Esa terrible situación llevó a la comunidad Wayúu a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar al Estado colombiano a que se les garantice su acceso al agua.
NO SE HA CUMPLIDO CON LA ORDEN DE CIDH
En el 2016, la Corte Constitucional ordenó que el Estado garantice el abastecimiento de agua para los habitantes de La Guajira y que se abrieran las compuertas de El “Cercado”; pero a pesar de ello, hasta el momento no se ha cumplido dicha orden, no obstante a que en la comunicación también se recuerda que la apertura de la represa es un asunto de supervivencia de las comunidades pertenecientes a la Nación Wayúu.
El consumo de agua por persona en La Guajira es de 0.7 litros al día, mientras que la mina El Cerrejón consume 17 millones de litros diariamente extraídos de la represa del río Ranchería, para disminuir el polvo en sus rutas de transporte del carbón que extrae.
Mientras que las comunidades Wayúu mueren de sed, La represa El “Cercado”, con una profundidad de 110 metros, almacena 198 millones de metros cúbicos de agua.
Las consecuencias en la región son fatales. La construcción y operación de la presa, la actividad minera y el monocultivo de la palma de aceite, han devastado y secado el caudal del río Ranchería y los arroyos Aguas Blancas, La Fuente, Cerrejoncito, las lagunas del Co, Buzu, Fermín, Roche, Garrapatero, El Chivato, El Burro y El Ejemplo; en total 26 afluentes.
Muchos de estos humedales no sólo significaban la provisión de agua para las familias sino que, además, eran lugares sagrados; alrededor de ellos las comunidades se congregaban para tomar decisiones o realizar rituales ancestrales.
El Proyecto Hidroeléctrico El “Cercado”, debido a que se adueñó de la totalidad del agua del río Ranchería, representa el exterminio de la cultura y de la vida de las comunidades de la Nación Wayúu.
Durante los últimos años en La Guajira han muerto de hambre y sed más de 7 mil niños indígenas de la etnia Wayúu y cerca de 37 mil están siendo consumidos por la desnutrición; esto sin contar los hombres y mujeres adultos.
Como lo dijimos, la Nación Wayúu es la más grande de todas la colonias indígenas de Colombia, con cerca de 300 mil almas repartidas en 2.500 comunidades.
Este primitivo pueblo prehispánico tiene derechos y reconocimiento en la Constitución Nacional y las leyes; pero continúa siendo un grupo humano marginal, sumido en un régimen de abusos, abandono y expoliación infrahumanos.
Con medio millón de habitantes, La Guajira posee los principales yacimientos de gas colombiano y de carbón a nivel mundial, debido a lo cual durante los últimos 25 años ha recibido una participación en forma de regalías que supera los 1.500 millones de dólares. Con esos ingresos el nivel de bienestar social debería estar a la altura de los mejores de Europa y no como los peores de África.
La fortuna que Colombia destina para los indígenas de esta región del país queda atrapada en una red de corrupción que la absorbe mediante contrataciones leoninas y la despilfarra en campañas políticas.
La queja, elevada a nivel internacional acerca del Río que se robaron, fue admitida, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, como prueba judicial principal en un litigio contra el Estado de Colombia en demanda de la recuperación integral y urgente del Río Ranchería, con el objeto de frenar el acelerado e infrahumano proceso de exterminio del pueblo Wayúu.
Además de estar muriendo de desnutrición debido a la sed, y el hambre, el contexto social y político de este grupo étnico es desolador; ya que ha sido afectado por la violencia y el desplazamiento por el control del territorio, al ser un área estratégica con zonas boscosas y salida al mar.
El lugar donde se construyó la represa es considerado sagrado por los indígenas, pero ahora es un lugar restringido y peligroso, pues los nativos de la zona fueron sometidos a desplazamiento forzado por parte de la administración del proyecto hidroeléctrico.
A nivel ambiental, el proyecto no cumplió con el plan inicialmente establecido, puesto que no se retiró un alto porcentaje de biomasa antes de proceder al llenado, lo que produjo graves enfermedades en la población, como leishmaniosis y dengue hemorrágico.
El pasado 6 de diciembre, el presidente de Colombia Iván Duque Márquez y ocho de sus ministros fueron citados por el Tribunal Superior de La Guajira ante un supuesto incidente de desacato a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional para garantizar el goce de derechos fundamentales como la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de niños y niñas Wayúu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Pero los líderes indígenas mostraron su inconformismo frente a la ausencia del Primer Mandatario y los jefes de las carteras, quienes delegaron asesores jurídicos para el proceso.
La diligencia estableció un plazo de 5 días al Gobierno Nacional para definir un plan de acción que permita llevar agua, salud y alimentación a las comunidades. Lo cual no se ha cumplido a cabalidad.
“Sí estamos de acuerdo en que se cumpla la sentencia, pero que se haga de manera transparente como se prometió, que se haga con nuestros términos, con nuestros usos y costumbres”, señaló Alexander Epieyú, líder indígena.
“Ya estamos aburridos, ya estamos cansados de tanto asistencialismo, queremos soluciones de raíz”, recalcó Dany Fince, otro líder Wayúu, luego de que terminara la diligencia.
Si el Gobierno no cumple con la determinación expuesta en la audiencia, será el Tribunal Superior de Riohacha el encargado de tomar las acciones pertinentes.
(1) Presidente de la Asociación Red Nacional de Veedurías. Abogado Magister y profesor de derecho ambiental.
(2) Director del portal La Otra Cara.
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Realizado con el apoyo de la Unidad Investigativa de LOC.
Bibliografía:
1. Revista Semana.
2. Desinformémonos, periodismo de abajo.
3. Wikipedia.
4. Noticias Caracol
Y siguió hidroituango… y asesine líderes sociales. Delincuentes gobierna Colombia.