Ahora toca ser políglota para entender los contratos de la Gobernación, que ya se extendieron hacia la globalización. El millonario negocio con el CISP se otorgó sin cumplir los requisitos legales como la experiencia y sin tener en cuenta a entidades públicas como la Univ. de Córd. y el SENA.
Por: Unidad Investigativa de la Otra Cara.
El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (en español: Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP), organización no gubernamental (ONG) europea con sede en Roma, Italia, celebró un contrato con la Gobernación de Córdoba.
A raíz de ese contrato, la Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas (Redvigila), formuló denuncia penal en contra de los señores Orlando David Benítez Mora (en su calidad de Gobernador del departamento de Córdoba), Hernando Alberto De La Espriella Burgos (Jefe Jurídico de la Gobernación de Córdoba), Gabriel Enrique Calle Aguas (Secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial), por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P).
El citado contrato tiene un monto de $16 mil millones y su objeto es el «Fortalecimiento a la productividad del sector agropecuario en situación de emergencia sanitaria del departamento de Córdoba». Este gran negocio fue adjudicado por solo cuatro meses de ejecución física y financiera en 2019-2020, según la modalidad de Urgencia Manifiesta.
Según las pesquisas de Redvigila, esa denuncia se sustenta en que el proceso de contratación tiene unas presuntas irregularidades.
La citada veeduría asegura que no existió, en dicho contrato, pluralidad de oferentes en el mercado, pues no se entiende por qué se realizó un convenio de contratación directa de tan alto monto con una entidad cuya naturaleza es de carácter extranjero, como dijimos, con sede en Italia (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli).
NO LE DAN LA OPORTUNIDAD A LAS ENTIDADES NACIONALES
Aquí vemos, con claridad meridiana, que con esta actitud suspicaz se le niega el fortalecimiento a las entidades nacionales como es la Universidad de Córdoba y el SENA de Córdoba, instituciones de carácter público las cuales prestan una actividad social y educativa más amplia que la empresa romana que se referencia en el convenio suscrito.
Adicional a ello, no le dan la importancia que requieren las entidades públicas, mencionadas, las cuales aportan considerablemente al desarrollo del departamento de Córdoba y, por eso, necesitan ser fortalecidas con proyectos que le generen una utilidad para su buen funcionamiento, pues ambas dependen de los recursos de ese departamento.
El manual de contratación señala en el artículo 2.2.1.2.5.3 del decreto 1082 de 2015, que las entidades estatales como el departamento de Córdoba, deben contar con un manual de contratación para cumplir con los lineamientos que para el efecto señale “Colombia Compra Eficiente”.
Con base en esto, la pregunta es: ¿La Gobernación de Córdoba tuvo en cuenta los conceptos básicos para realizar la contratación?
Estos conceptos básicos son: Cuadro de experiencia de la entidad extranjera, relación con el objeto del contrato a desarrollar, cámara de comercio, RUT, RUP, cédulas de ciudadanía nacionales o extranjeras del o de los representantes legales, entre otros.
El Secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Córdoba, Gabriel Enrique Calle, envió invitación de cotización únicamente a tres entidades:
1. Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP).
2. Fundación para la Prosperidad de las Comunidades más Vulnerables.
3. Infotic S.A
Lo anterior muestra que el citado Secretario de Desarrollo Económico generó una lista cerrada de tres entidades de carácter privado y no tuvo en cuenta las entidades públicas de ese departamento como la Universidad de Córdoba y el SENA, que atraviesan por grandes dificultades en sus finanzas.
Con ese procedimiento presuntamente cerrado se ve un claro favorecimiento a las empresas del sector privado, donde es elegida una organización extranjera.
Es por ello que la oficina de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Córdoba debe aclarar por qué no se invitó a la Universidad de Córdoba y al SENA, dos entidades de carácter público que requieren para su desarrollo y fortalecimiento del apoyo del departamento; pues ambas instituciones, a pesar de tener grandes dificultades económicas, son idóneas para desarrollar el objeto del proceso a que se refiere ese contrato orientado hacia el fortalecimiento de la productividad del sector agropecuario en situación de emergencia sanitaria de Córdoba. Por eso, para muchos opositores de la Gobernación, este contato se entregó a dedo.
En el listado de documentos que solicitó el Secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Córdoba, para firmar el convenio de contratación directa, hay algo que no está claro, pues ya que eligieron una empresa del sector privado con capacidad técnica y financiera, esa entidad debe presentar un plan de inversión del anticipo, pero no lo hizo.
Observamos que la ONG extranjera, presuntamente, no tuvo la capacidad financiera para desarrollar ese proceso.
Entonces, la Gobernación de Córdoba, para poder concretar el convenio, ¿por qué debe desembolsar un valor inicial?
El listado corresponde a 2.110 beneficiarios, indicando el grupo al que pertenece cada uno, números de cédulas, veredas, puntaje para ser apto en la recepción de la unidad productiva, observación que indica si es apto o no, unidad de producto a entregar y números de teléfonos.
LOS QUE DEBÍAN SER BENEFICIADOS POR CONTRATO NO APARECEN
Con respecto a lo anterior, la Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas, tomó de la base de datos los 20 primeros beneficiarios a los cuales se llamó, pero ninguna de las líneas telefónicas apareció activa; por lo cual no se pudo contactar a los beneficiarios de manera telefónica.
Y, efecto, no se pudo corroborar si dicho convenio está generando una presunta malversación de los fondos del proyecto destinado al fortalecimiento de la productividad del sector agropecuario en situación de emergencia sanitaria del departamento de Córdoba.
En la base de datos que suministra la Gobernación de Córdoba, entidad contratante, no se ve una previa revisión a las cédulas de ciudadanía para comprobar si dichos documentos corresponden a personas vivas o muertas, generando así una presunción de malversación de los recursos destinados a los beneficiarios de las unidades productivas.
Por lo anterior, Redvigila solicitó a la interventoría para que la Gobernación de Córdoba precise si la anterior información fue cotejada ante la página de la Registraduría, con el fin de que no haya una pérdida de los recursos entregados a la ONG extranjera, porque esto genera una presunta malversación de fondos, en detrimento de las comunidades que fueron aptas para recibir los recursos de los proyectos productivos.
Esperemos que las autoridades aclaren todo lo relacionado con este proyecto de Abastecimiento alimentario y protección de la economía familiar campesina y comunitaria en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio de Córdoba.
