Marchar en defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y las Instituciones Republicanas

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Por Rafael Rodríguez-Jaraba*

Con profunda convicción cívica, jurídica y académica, el próximo miércoles 6 de marzo, marcharé en demostración de rechazo, repudio y condena a la grave situación de inseguridad, violencia, corrupción, inestabilidad legal, inseguridad jurídica, irrespeto a la justicia, amenaza a la libertad de prensa y, de recesión económica que nos embarga.

La crisis que afrontamos no es cíclica ni incidental, ha sido promovida, provocada y creada por un gobierno presidido por un sujeto perturbado, torpe e inepto, cegado por el odio, el resentimiento y la venganza, y, empecinado en destruir la democracia, la misma democracia que le perdonó todas sus fechorías, en la que fue elegido y, a la que ahora pretende destruir.

De nuevo Colombia marchará de manera cívica, pacífica y ordenada, en defensa de su Democracia, del Estado de Derecho y de las Instituciones Republicanas, así como para evitar que se convierta en la Narco Dictadura Comunista que Petro desea.

No es tiempo de abdicar, es tiempo de marchar en señal de rechazo a Petro, y de repudio a sus reformas que pretenden indultar criminales; premiar delincuentes; dilapidar las finanzas públicas; burocratizar el sistema de salud; destruir empresas y empleos; expropiar los ahorros de los colombianos; arruinar la economía; agudizar la pobreza; silenciar a la prensa; acabar el Estado de Derecho; y, hacer de los campos de Colombia un vergel de coca y una cadena interminable de factorías de narcóticos.

Las ocurrencias de Petro, además de obtusas y disparatadas, son perversas, y solo logran que, la poca credibilidad que le queda, día a día se diluya. Son muchos los colombianos desinformados, incautos e ingenuos que votaron por él, que hoy se sienten desengañados ante tanta maledicencia, indelicadeza, falacia y mentira. Es claro que Petro no tiene rumbo y permanece a la deriva en un mar de alucinaciones y desvaríos que él mismo ha creado.

Petro no ha entendido, y al parecer es poco probable que entienda, que ya no es candidato, que ahora es presidente y que ya no le sirve su discurso mesiánico, ofensivo e incendiario con que embaucó a muchos colombianos. En menos de 2 años de gobierno y, de nuevo, Petro ha probado su absoluta incapacidad para gobernar, ha dado evidencia del revanchismo que lo domina, y, peor aún, claras señales de quererse perpetuar en el poder.

Los bandazos de su remedo de gobierno sobrecogen, pero no sorprenden; tan solo basta advertir como sus mismos ministros lo contradicen y ponen en evidencia su torpeza y miopía. Su carácter precipitado, obcecado y autoritario no le permite tener la serenidad, prudencia y ponderación, condiciones infaltables en todo buen gobernante. Sus descargas épicas y sus desahogos irreflexivos han hecho que pierda su autoridad y que ya no se le tenga el menor asomo de respeto.

Su desencuentro con los gremios de la producción, es abierto y profundo, y sus desavenencias económicas con sus directivas, insalvables. Y es que Petro no suma, Petro resta, y sigue creyendo que, para discrepar hay que maltratar, para controvertir hay que ofender, para protestar hay que destruir y para marchar hay que vandalizar.

Al parecer, Petro no ha logrado vencer al subversivo que lo habita y domina, lo que le impide tener el menor gesto de sensatez, nobleza, grandeza y gallardía. Petro es un vengador incendiario represado.

Al parecer, Petro terminará perdido en su propio laberinto y repudiado por sus electores y propios corifeos. No son pocos los ciudadanos que desisten de asistir a eventos en que Petro interviene, por dar por descontada su prédica insulsa, dislocada, predecible y previsible de culpar a otros de su incompetencia, así como para evitar escuchar sus faraónicos anuncios llenos de quimeras y utopías.

En materia política, y a pesar de sus prebendas burocráticas, cada vez se le ve más solo y distanciado de las bancadas del Congreso que al inicio de su mandato lo apoyaron, las que, deshonrando sus deberes y obligaciones, antepusieron a la integridad la conveniencia, a la pulcritud la componenda y a la coherencia la desinteligencia.

Si bien es cierto que, algo más del 20% de los miembros del Congreso aún son obsecuentes a Petro y que en su mayoría votarían obedientemente sus retardatarias y destructivas propuestas, es muy probable, que las otras bancadas que conforman la coalición de gobierno no las apoyen por reñir con los postulados de sus partidos o movimientos, por ser contrarias al querer de sus electores, por desconocer la voluntad mayoritaria de la nación y por comprometer la vigencia del Estado de Derecho.

Dadas las circunstancias actuales y ante el clamor nacional para que el Gobierno retire sus arrevesadas reformas, y las nulas posibilidades que lo haga, es necesario que los Congresistas que conforman la bancada de gobierno reflexionen, y con fundamento en la grave situación que afronta el país, desistan de apoyarlas, las que, como bien está probado, son anacrónicas, aniquilarían el sistema de salud, destruirían empresas y empleos y, expropiarían el ahorro privado de los colombianos.

Por tanto, no se entendería que los partidos Conservador, Liberal, Coalición Verde y Centro Esperanza, Cambio Radical, de la U y Mira, apoyaran semejantes esperpentos y se convirtieran en autores materiales de tamaños despropósitos y con ello, en mandaderos o peones de un gobierno sin norte que ha revertido todos los indicadores económicos y comprometido la estabilidad legal, la seguridad jurídica y la sostenibilidad económica de la nación.

Los miembros del Congreso no deben olvidar, que no fue Petro quien los eligió; que quienes los eligieron fueron sus electores y que es a ellos a quienes se deben y representan, y que, en consecuencia, deben actuar consultando el bien común y no los intereses totalitarios del Gobierno.

Por esto, y por mucho más, el próximo miércoles 6 de marzo, Colombia marchará de manera cívica, pacífica y ordenada contra Petro, y en señal de repudio a su desgobierno y a sus reformas que pretenden empoderar criminales, premiar delincuentes, arruinar la economía y socavar el Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas y la Policía, tienen la obligación de proteger a todos los ciudadanos que marchen, y de repeler y neutralizar a quienes por vías de hecho pretendan impedirlo. Es previsible que muchos ciudadanos no marcharán por temor a Petro y a su horda vandálica, pero manifestarán su descontento izando la bandera nacional en sus residencias. La nación dirá por todos los medios ¡NO MÁS PETRO!

Nunca antes como ahora, la continuidad de la democracia se había visto tan comprometida, por eso todos debemos marchar y protestar sin distingos sociales, raciales, económicos, políticos o ideológicos.

COLOFÓN I. La nación sigue esperando que el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades, se pronuncie, bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la investidura de Petro, o bien, para que se demuestra que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y, de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración, ahora sí y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, de la que difícilmente saldrá indemne.

Lo que no conviene, es que el Consejo Nacional Electoral siga dilatando su pronunciamiento sobre estas presuntas violaciones, máxime, disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para avocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado y aportado, y que la nación entera conoce.

COLOFÓN II. En un mundo de decoro y dignidad, y, de tenerse, el menor asomo de autoestima y elegancia, las tres (3) señoras nominadas a Fiscal General por el remedo de presidente que Colombia padece, deberían renunciar. Es muy diciente que, sumadas todas las rondas de votaciones de la Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, haya ganado el voto en blanco, lo que evidencia que las candidatas, en su conjunto, no son depositarias de plena confianza, ni trasmiten seguridad al alto tribunal, como tampoco, a la mayor parte de la nación y menos, a la comunidad jurídica y académica en general.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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