El Fiscal General norteamericano lo acusó formalmente de cuatro cargos criminales por la muerte de cuatro civiles estadounidenses pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando Raúl era Ministro de las Fuerzas Armadas y aviones de guerra cubanos derribaron dos avionetas civiles de la esta ONG en aguas internacionales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó y presentó formalmente este miércoles 20 de mayo de 2026, día de la Independencia de Cuba, una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro Ruz, de 94 años.
La justicia estadounidense le imputó al dictador caribeño, cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato en primer grado.
El caso penal se fundamenta en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate tipo MiG de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba interceptaron y derribaron dos avionetas civiles desarmadas en el Estrecho de la Florida.
LOS HERMANOS AL RESCATE ASESINADOS
En el incidente perdieron la vida los pilotos de origen cubano-americano Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, miembros de la organización Hermanos al Rescate. El grupo civil se dedicaba a patrullar el mar para avistar, auxiliar y abastecer a balseros que intentaban escapar de la isla.
Raúl Castro lleva décadas en el poder de Cuba, primero como mano derecha de su fallecido hermano, el también dictador Fidel Castro Ruz, quien se tomó el mandato en 1959, y luego como líder autónomo durante 15 años, entre 2006 y 2021.
Aunque, supuestamente se retiró de la actividad política en 2021, Raúl a sus 94 años mantiene el rango histórico de General del Ejército y un escaño en la Asamblea Nacional. O sea, sigue manejando la cúpula militar cubana y el conglomerado empresarial estratégico GAESA, que controla la mayor parte de la economía de la isla, el cual dirige con sus hombres de confianza y su círculo familiar.
LA ACUSACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
El Fiscal General de EE. UU., Todd Blanche, hizo el anuncio oficial este 20 de mayo en una ceremonia en el Freedom Tower (Torre de la Libertad) de Miami ante familiares de las víctimas y líderes de la comunidad cubano-americana. Según el documento judicial de 27 páginas unificado por la corte, Raúl Castro, quien ejercía como Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba en el momento del ataque, habría tenido un rol de liderazgo directo en la orden de derribar las naves de la citada ONG humanitaria. Junto a Castro, otros cinco coacusados militares enfrentan cargos criminales federales, aunque no se revelaron sus nombres.
Investigaciones de organismos norteamericanos e internacionales determinaron en su momento que las naves fueron atacadas en espacio aéreo internacional, lo que permite a la jurisdicción estadounidense procesar el hecho como un homicidio contra sus nacionales.
Por eso, la Fiscalía de EE.UU. confirmó que se emitió una orden de arresto formal contra el exlíder cubano.
LA PRESIÓN DE TRUMP
Esta imputación representa un histórico aumento de la presión penal y diplomática ejercida por la administración de Donald Trump hacia el régimen de La Habana, la capital cubana. La medida se suma al estricto bloqueo energético y de combustibles que mantiene la isla bajo una severa crisis de apagones.
La estrategia penal emula el precedente sentado en enero de este año, cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro para procesarlo por cargos federales en Nueva York.
Ante la acusación norteamericana, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó categóricamente los cargos a través de sus redes sociales, calificándolos como una «maniobra política, desprovista de cualquier fundamento legal».
Díaz-Canel defendió que la acción militar de 1996 fue en legítima defensa ante violaciones sucesivas de su espacio territorial y advirtió que la acusación podría ser utilizada por Washington para justificar una intervención militar en la isla.
Por su parte, el Presidente Trump declaró a los medios que no prevé una escalada militar adicional tras este dictamen, señalando que el objetivo final de su administración es «liberar a Cuba». Al encontrarse el acusado en territorio cubano y sin convenios de extradición vigentes, las autoridades judiciales de EE. UU. reconocieron que es poco probable que Castro comparezca en el corto plazo, pero aseguraron que la orden judicial de captura internacional se mantendrá plenamente activa.
