Por: Rafael Rodríguez-Jaraba*
La proliferación de carruseles y pirámides financieras solapadas bajo la apariencia de elegantes mesas de dinero y de promotores de millonarios y jugosos contratos, de nuevo está asolando al país; igual sucede, por parte de estafadores en Internet, plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones virtuales como WhatsApp, quienes, engañosamente promocionan todo tipo de bienes y servicios sin ningún tipo de vigilancia y control por parte de las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio, la Fiscalía General y las autoridades de Policía.
La campante captación de ahorro público sin autorización del Estado, mediante el ofrecimiento de siderales tasas de interés, falsos ropajes contractuales y suministro de sofisticados bienes y la prestación de avanzados o necesarios servicios como es la venta de SOAT, es consecuencia de la negligencia manifiesta de una autoridad financiera y de mercado, buena para anunciar medidas, pero negligente para ejecutarlas. La ley no garantiza el orden, salvo que la autoridad exija su efectivo cumplimiento y los funcionarios obligados de velar por su aplicación honren su deber.
Si bien la nación no cuenta con una legislación financiera y de mercado, moderna y prospectiva que se anticipe a las malas prácticas y disuada las conductas delictivas, aun así, las normas vigentes son suficientes para ejercer adecuada vigilancia, inspección, y control del mercado. Pero de nada sirve el rigor de la ley cuando la autoridad no se ejerce o cuando su ejercicio es incapaz de develar la inventiva furtiva del delincuente.
Es evidente que las normas que regulan la captación masiva y habitual del ahorro público deberían ser más exigentes y severas, y, aun así, las vigentes, resultan solventes para reprimir esta práctica cuando es irregular. A pesar de ello, el país sigue anegado de negocios financieros fraudulentos que se valen de la ingenuidad o de la ambición de muchos para expoliarlos.
Igual sucede con la promoción y supuesta venta de bienes y prestación de servicios por Internet, plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones virtuales. Son incontables los engaños y estafas que cada día se consuman, e incalculables los recursos que pierden incautos, que de manera desprevenida los pagan, sin tener evidencia cierta que quienes los ofertan son empresas reales.
Desde tiempos inmemoriales se probó, que son insostenibles todos los esquemas financieros que dependan de captaciones futuras e inciertas. En el Siglo XIX Charles Ponzi, hábil embaucador y siniestro creador del “Esquema de Ponzi” mal llamado, Pirámides o Carruseles Financieros, pagó con su libertad la temeridad de sus truculentos engaños.
Sobrecoge que, la picardía de un puñado de “Ponzis Criollos” y de “Piratas Cibernautas” diseminados por todo el mundo, sumada a la ingenuidad de algunos consumidores y a la proverbial ausencia del Estado, esté arrebatando el ahorro público.
Estos “Ponzis Criollos” por medio de sus pomposas mesas de dinero y bajo la engañosa apariencia de contratos de factoring, de descuento de títulos valores y contratos, o de corretaje y de mandato, captan ahorro público y celebran negocios bajo condiciones de riesgo extremo por los cuales no responden, y luego, pretenden que las cuantiosas pérdidas que ocasionan, sean asumidas por los incautos inversionistas de quienes recibieron sus ahorros. Además, si se les pide una explicación formal sobre la pérdida del dinero, hacen caso omiso o la desatienden alegando que la responsabilidad es de los ahorradores y no de ellos, a pesar de que son estos timadores quienes eligen y celebran los negocios con dineros ajenos.
Pero en realidad, estas mesas de dinero son solapadas pirámides financieras y carruseles, sostenidas por cándidos ahorradores e inversionistas, y muchas de ellas, propiedad de hábiles y arrogantes estafadores que simulan ser honorables líderes cívicos y sociales, lo que exige, una más rigurosa gestión de vigilancia, inspección y control por parte de las autoridades, así como, inmediata intervención y liquidación de ellas, y judicialización ejemplar y severa condena a los corsarios que las manejan. No han sido pocos los captadores irregulares que han tenido que refugiarse en otros países para eludir la acción de las autoridades judiciales, como tampoco, pocos los ahorradores engañados y expoliados.
Es claro que el control del mercado financiero, no debe tan solo limitarse a la vigilancia de las instituciones autorizadas, para establecer si, el manejo que dan al ahorro público es seguro, confiable y transparente; el control debe extenderse a todas las actividades mercantiles utilizadas para mimetizar operaciones financieras al margen de la ley. Igual debe suceder en el mercado digital, que se ha convertido en fuente de engaños, estafas y enriquecimiento ilícito.
Colombia necesita con urgencia de una autoridad especializada, capaz de poner fin a la avalancha de delitos financieros y, de los que a diario se consuman en el espectro digital, inclusive, algunos de ellos, imperceptibles, como los llamados “de cuello blanco”, que se configuran cuando la conducta no tiene esa apariencia y el delincuente funge como experto.
Lamentablemente los abusos en el mercado no se limitan a las captaciones ilegales de dinero y a la falsa venta de bienes y prestación de servicios digitales, también es extensiva, a un sistema financiero desbordado por sus abusos y atropellos, y al que el Gobierno no reprime por temor a mostrarse intervencionista a pesar de las quejas y reclamos que a raudales le presentan los usuarios.
Es lamentable que sean los jueces penales los que terminen reprimiendo los delitos contra el orden económico y social, a falta de una autoridad financiera y de mercado que los prevenga. No han sido pocas las pomposas mesas de dinero dedicadas a descontar facturas y contratos, que han terminado intervenidas y liquidadas, y sus dueños y administradores condenados por captación masiva y habitual de ahorro público.
El Gobierno está en mora de evaluar el desempeño de las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio, y de investigar y remover a algunos de sus funcionarios que tardan en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que envalentona a los depredadores financieros y del mercado, para seguir cometiendo fechorías y despojar a bisoños sus ahorros.
De igual manera, las autoridades de Policía y la Fiscalía General de la Nación, deben avanzar en la implementación de herramientas tecnológicas que permitan conjurar de manera oportuna la promoción y supuesta venta de bienes y prestación de servicios mediante el uso de internet, redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones virtuales, entre ellas, WhatsApp que se convertido en una cantera de millonarios engaños y estafas.
Algunos funcionarios del Gobierno por quererse congraciar con sectores que deben controlar y en los que indecorosamente buscan aceptación y cercanía, desatienden la obligación de regularlos y vigilarlos adecuadamente e, invocando engañosamente el principio de libertad y respeto por el mercado, lo convierten en un escenario de libertinaje y corrupción lesiva a la población.
Sobre este particular y en gracia de ejemplo, basta tan solo ver las peligrosas simulaciones que desde hace unos meses viene haciendo la Superfinanciera con las mal llamadas criptomonedas, quebrantando el orden legal, monetario, cambiario y crediticio, y, promoviendo una economía oscura, espuria e insostenible que ya ha afectado a cientos de miles de ciudadanos en todo el mundo.
¡Colombia necesita una autoridad financiera y de mercado moderna, preparada y capaz!
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor de Derecho Comercial y Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
