Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Colombia, nuestro hermoso país, ha resistido muchas calamidades y sigue firme, resiliencia que le permite no dejarse invadir por la desesperanza que produce el actual gobierno que la maltrata y pretende destruirla. Su historia está llena de heroísmo, desde las épicas batallas de la independencia, de ahí la importancia de conocerla en profundidad para evolucionar y construir un mejor futuro, pues, como lo señalara Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás o Nicolás de Avellaneda «Quien no conoce su historia está condenado a repetirla».
Esa célebre frase nos debe llevar a recordar la procedencia del actual presidente de Colombia y, por supuesto, los momentos traumáticos que su entonces movimiento M-19 hizo padecer a nuestra patria. Hoy, analistas y columnistas al diagnosticar la situación del país registran críticas a las iniciativas gubernamentales y reproches por las situaciones que provocan, desde improvisación total hasta inseguridad campante y rampante y carestía. No podemos declararnos sorprendidos. El actual gobernante es y sigue siendo fiel reflejo de lo que siempre ha sido. Baste mirar su propuesta para reducir la criminalidad, eliminar actividades ilícitas como delitos.
Y llegó al poder anunciando que su mandato sería el del “cambio”, para lo cual ya había realizado la elaboración de proyectos de múltiples reformas, de todo tipo, así empezó la presentación de una verdadera avalancha de iniciativas, tales, la tributaria, la electoral, la política, la pensional, a la salud, a la educación, a la Policía, a la ley 418 de 1997 ( Paz total ), la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la ley del Plan, y hasta un proyecto sobre Guardias campesinas presentado por los ex Farc, hoy Comunes.
A la par, con alguna excepción, se produjeron pésimos nombramientos en el gabinete ministerial. En los doce meses se han dado tres crisis ministeriales y ya comienza la cuarta.
Este gobierno no tuvo luna de miel ni tampoco aprovechó el clima de victoria en los 100 primeros días. La promesa de “cambio” se vio frustrada por la fragmentación de los sectores sociales, los erráticos proyectos de reforma y la equivocación en las designaciones del gabinete, entre otras, lo que llevó a movilizaciones del pueblo en contra del nuevo gobierno.
El nombramiento del Ministro Defensa, Iván Velásquez bastó para caldear los ánimos y el del canciller Leyva los incendió, propagándose el fuego con las ministras Carolina Corcho y Irene Vélez.
Luego, por presunta corrupción, continuó la quema con la ministra María Isabel Urrutia, quien en sus últimas horas en el ministerio firmó 264 contratos por más de 23.000 millones, por lo que se le imputaron cargos.
El ministerio de Hacienda se depositó en las manos de José Antonio Ocampo quien fue bien recibido y se le aprobó su reforma tributaria. Recordemos que una iniciativa similar del gobierno anterior causó un levantamiento de ingrata recordación que fue auspiciado por el presidente actual y tumbó al ministro Carrasquilla. Cuando Ocampo prorrogó su licencia en la Universidad de Columbia, seguro de que continuaría en el gobierno, se llevó la desagradable sorpresa de verse relevado y reemplazado por Bonilla, figura cercana a Petro.
En materia económica el gobierno Petro puede presentar hasta ahora como logro tres aprobaciones: la reforma tributaria, la ley del plan de desarrollo y el proyecto de adiciones presupuestales. Con todo, hay que esperar la decisión de la Corte Constitucional en el rosario de demandas propuestas en su contra.
En materia de tierras el gobierno ha sido un fracaso. Tenían el propósito de adquirir tres millones de hectáreas y escasamente han escriturado 32.000. Eso significa que van en el 1% de lo proyectado y ya ha transcurrido un año de gobierno. Al paso que llevan no pasarán de 130.000 hectáreas y ya la ministra redujo la meta a 1.500.000 hectáreas.
Hay importantes diferencias entre la ministra Mojica y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, quien además es su ex pareja.
No hay interés en adquirir las tierras de los llanos orientales y la Orinoquia por la ausencia de infraestructura.
Otras carteras, como la de Educación, poco tienen para registrar en este año.
Eso sí, el gobierno Petro ha estado rodeado de escándalos desde su posesión. Dos de ellos revisten mucha gravedad: la desaparición de una maleta llena de dinero de la casa de Laura Saravia, entonces jefe de gabinete, y un tema de financiación de la campaña de Petro con dineros al parecer ilícitos en lo que se ha llamado “proceso 15 000″, el que desde ya afecta por completo su legitimidad.
El primer caso obligó a la salida de Laura Saravia por diversos abusos como someter a pruebas de polígrafo a la niñera de su hijo y costó la vida al teniente coronel Oscar Dávila. Quedaron flotando muchas dudas. Se ha dicho que la cantidad desaparecida era de 3000 millones.
En cuanto a la campaña resulta claro que se violaron los topes. Ya lo había denunciado el doctor José Manuel Abuchaibe, especialista en temas electorales: esto es causal de pérdida de la investidura. El Consejo Nacional Electoral está llevando a cabo la correspondiente investigación. Lo propio ocurre en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
En uno y otro de esos oscuros episodios se vio involucrado el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien con ocasión de la pérdida de la maleta hizo revelaciones acerca de entrada de dineros ilícitos, 15.000 millones, a la campaña.
La Fiscalía adelanta investigación por esos hechos, los que, valga decirlo, también dio a conocer Days Vásquez, vinculando al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, quien sorpresivamente decidió cooperar con la Fiscalía.
En la reanudación de la diligencia confirmó Nicolás Petro que habían entrado dineros ilícitos a la campaña. La declaración la rindió de manera libre y espontánea, contrario a lo que insinuaran su padre y los defensores de oficio del gobierno.
El propio Fiscal Burgos, en la citada diligencia dejó conocer el número de personas que tuvieron vinculación con Nicolás Petro y Day Vásquez, 26 en total.
En definitiva, exiguos logros y monumentales escándalos que reviven los tiempos del proceso 8.000, sólo que con el agravante que en esta ocasión hay una sociedad más consciente del papel que está llamada a cumplir y no se dude que lo va a hacer.
Desde Sincelejo el presidente manifestó que terminará su período de gobierno y expresó que “es al pueblo al que debo responder». Reiteró que no tuvo conocimiento de supuestas irregularidades en su campaña. Pero, como infiere que será vinculado a un proceso penal designó como su abogado a Mauricio Pava Lugo, conjuez de la Corte Suprema de Justicia.
Este nombramiento permite inferir que tiene miedo y pondrá en práctica una estrategia de defensa similar a la del hoy expresidente Ernesto Samper, cuando Monseñor Rubiano acuñó la célebre frase del elefante, que hoy sería un mamut.
Al final si el juicio político o el propiamente judicial prosperan y el Gobierno Petro termina antes de 2026, por la violación de los topes y el ingreso de cuestionados dineros, debe quedar por completo claro que caen el presidente, la vicepresidenta y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Viene a la memoria aquella gran frase del inmolado Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.) “El presidente Samper no se cae, nadie lo está tumbando. Pero tampoco se puede quedar (1.995)”. Un buen entendedor en el caso presente, comprende que en igual situación se encuentra Gustavo Petro.
Bogotá, D.C. agosto 5 de 2027
