Por José Félix Lafaurie Rivera.
En cualquier otra coyuntura el título necesitaría explicación: ¿qué es lo que no va bien?, pero en la actual, definitivamente, no se requiere. No es la economía ni el desempleo y tampoco la pobreza, que disminuyó. Lo que no va bien son las dinámicas de violencia en las regiones, que a diario empeoran y se atraviesan a los anhelos de paz.
Se me quedaron grabadas las imágenes difundidas por internet del ataque terrorista en Tibú perpetrado por el ELN; el video dramático de la explosión, los cuerpos de policías a borde de carretera y el hilo de sangre brotando de la cabeza de una mujer que, simplemente, pasaba por ahí.
El país no se recuperaba de los cuatro menores asesinados por el “Estado Mayor Central de las Farc” (EMC) -demasiado nombre-, que para “Iván Mordisco” fueron “ajusticiados” por querer desertar y, además, reclutados de “manera voluntaria”. ¡Háganme el favor!
Estas líneas son insuficientes para retratar el clima de violencia que azota a los territorios, donde solo el EMC, en lo corrido del año, suma 226 acciones violentas y, aun así, acusa al Gobierno de incumplir el cese al fuego y reitera su “férreo compromiso de lucha por la paz”. ¡Vaya cinismo!
Pero hay más. Según registros de las Fuerzas Militares, el ELN ha cometido 148 acciones violentas y 91 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -otro nombre equívoco y ostentoso- sin contar el caos de violencia del microtráfico en las ciudades, convertidas en “Ciudades Góticas” asediadas por el crimen, pero sin un “Batman” que las defienda.
¿Por qué esto no va bien? El gran antecedente es la paz de Santos, que se prometió “estable y duradera” y, sencillamente, nunca fue. El Acuerdo con las Farc violentó la democracia, sembró el odio dividiendo el país entre amigos y enemigos de la paz, desarmó a medias, contó verdades a medias, no reparó a las víctimas, consagró la impunidad y, de contera, nos encimó las disidencias y la neutralización de la lucha contra el narcotráfico, con la herencia maldita de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
Hoy el país enfrenta una dolorosa realidad. Una vez más, en su tormentosa historia de violencia, lo importante: la construcción colectiva de la paz como valor supremo, es desplazado por lo urgente: la protección de los ciudadanos, la seguridad como derecho fundamental, sin la que trabajar y emprender es una aventura, expresarse y disentir es un riesgo, y vivir, que nunca ha sido fácil, se torna peligroso. Sí, la seguridad como condición y a la vez resultado de la paz verdadera.
No obstante, en una sociedad que convirtió la indisciplina social en norma de conducta y refundió el principio de autoridad, el mandato constitucional de la Fuerza Pública de proteger a la población a partir del uso legítimo de la fuerza se torna imposible y empieza a ser delegado en guardias indígenas, cimarronas y campesinas, cuando no copado por una violencia dispersa y multiforme, o suplantado por la dominación efectiva de los grupos ilegales en los territorios.
En medio de este escenario violento, las negociaciones con el ELN, a pesar de sus crisis y dificultades, se erigen como el único proceso formal, el único que muestra avances y tiene oportunidades. ¿De qué? De generar acciones transformadoras en los territorios, derivadas de los acuerdos de la Mesa, y de mandar mensajes positivos al país en medio de la desesperanza.
Para que “esto vaya mejor”, hago votos porque logremos un acuerdo posible de cese al fuego y de hostilidades al término del actual ciclo de La Habana. No será fácil, pero la tranquilidad de quienes hoy sufren la violencia bien merece el esfuerzo.
@jflafaurie
