Por Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
La legitimidad de un gobierno es un requisitos imprescindible para que los gobernados reconozcan y admitan su validez y capacidad para imponer mandatos. Ello, porque sólo a partir de la legitimidad la población considerará que el mandatario emprenderá acciones que pueden tenerse por correctas, justas y apropiadas. Robert Dahl expresa “Un gobierno es legítimo cuando el pueblo sobre el que se asienta considera que sus decisiones y estructura están acordes con la estructura y con la rectitud moral”.
En procura de esa legitimidad, entre otras, se estableció que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) fijar los topes de financiamiento para garantizar una participación democrática equitativa en las elecciones en Colombia. Cuando esos límites no se establecen antes de llevarse a cabo las campañas, o no se cumplen, se generan desventajas entre los candidatos, lo que socava la legalidad del proceso democrático.
Entonces, el incumplimiento de estas reglas, sin duda alguna, debe tener sanciones claras y severas, como la anulación de la inscripción del candidato o la pérdida de investidura o del cargo. Estas medidas fueron diseñadas para impedir que el poder económico influyera de manera desproporcionada en las elecciones y para promover condiciones de igualdad entre los participantes.
Es incuestionable que mejor que nadie es al primer mandatario al que le corresponde dar ejemplo de respeto a la Constitución y a la ley. Pero lo que está ocurriendo con la campaña presidencial del Pacto Histórico, que llevó a la presidencia a Gustavo Petro para el período 2022 a 2026 parece significar que pretenden que la normativa sobre topes de financiamiento sea letra muerta. La falta de sanciones a tiempo, el uso desmedido de recursos, la formulación de un absurdo conflicto de competencias que ya la Corte Constitucional y el Consejo de Estado habían dirimido, y las insistentes solicitudes de anulación han hecho que la decisión del CNE se dilate de una manera inquietante.
Recordemos que el 2 de febrero de 2023 se radicó ante el CNE una queja anónima por presuntas irregularidades en la financiación y en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña citada. La queja hace referencia tanto a la primera como a la segunda vuelta de las elecciones. Es necesario enfatizar en el carácter de anónima de esta queja pues algunos han pretendido endosársela para favorecerse o favorecer a otros.
El 15 de febrero de 2023 se eligió como ponente al magistrado Benjamín Ortiz Torres. Mediante auto del 28 de febrero del mismo año él dispuso la apertura de indagación preliminar y de oficio ordenó la práctica y recaudo de pruebas. Siguieron algunas actuaciones y el 15 de junio de 2023 se reforzó el equipo investigativo con la designación del magistrado Álvaro Hernán Prada para conformar así una Comisión Especial de Investigación.
El 12 de diciembre de 2023 se expidió un completo auto, de obligatoria consulta, ordenando la práctica de pruebas puntuales y señalando tiempos prudenciales para el recaudo de las mismas.
Agotada esta etapa en mayo 8 de 2024 se conoció la noticia de que los ponentes habían presentado solicitud de apertura de investigación y formulación de cargos contra GUSTAVO PETRO URREGO, en calidad de candidato presidencial, RICARDO ROA BARRAGÁN en calidad de gerente de campaña y otros, por la presunta vulneración al régimen de financiamiento de las campañas electorales en primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico.
A partir de este momento, como se puede comprobar en distintas notas periodísticas, Gustavo Petro, contrario al deber ser, empezó a decir a diestra y siniestra: «Comenzó el golpe de estado» o también «comenzó el golpe blando».
Los colombianos debemos entender que cuando una persona es elegida mediante una campaña en la que se han violado los topes su permanencia en el cargo deslegitima todo el proceso democrático. Pues, se presume que el acceso desigual a recursos económicos influyó decisivamente en la elección. Y en este caso hablamos de unos 5300 millones de pesos de más en las dos vueltas.
Y cuando esa conclusión es tan clara y evidente, ante las dilaciones y maniobras para evitar el avance de la investigación, surge un interrogante ¿cómo hacer para que el proceso sea expedito y efectivo?. La demora en resolver este tipo de violaciones permite que los elegidos con ventajas indebidas sigan en funciones, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Por eso es necesario garantizar la legalidad, igualdad y transparencia en el proceso, que el CNE cuente con mecanismos que aseguren la celeridad en la investigación y decisión de quienes no respeten los topes.
Es necesario a futuro pensar en la adopción de medidas preventivas, en particular, ante señalamientos graves y fundamentados, que sea procedente la suspensión temporal de candidatos o elegidos mientras se investigan las violaciones. Las circunstancias en que se ha desenvuelto el proceso actual del Pacto Histórico que cursa ante el CNE, por la presunta violación de topes en pasada campaña presidencial, impone indiscutiblemente la necesidad de enfatizar los aspectos judiciales y probatorios por encima de los meramente políticos.
Se han cumplido ya dos años del período presidencial y se sabe que la audiencia en el CNE será el próximo 30 de septiembre. Se necesita una mayoría calificada de dos tercios, esto es, 6 votos para aprobar la formulación de cargos. Se esperaría una decisión pero pueden presentarse alargues. Esto de acuerdo con el comunicado de esa entidad de septiembre 16 acerca de una recusación de todos los magistrados y de la particular situación del magistrado Baquero.
Era fundamental rechazar de plano la recusación pero se decidió «requerir al autor para que realice los ajustes». En otras palabras le conceden plazo para subsanar las deficiencias. Si lo hace y los magistrados la aceptan seguiría el nombramiento de conjueces y ya se podrán imaginar cuánto tiempo más se ganarían. Quizás hasta conseguir la prescripción que es de tres años.
Otro asunto por resolver es el de la reasunción de funciones del Magistrado Altus Alejandro Baquero, a quien la Corte Constitucional le concedió la tutela que interpusiera contra la sección Quinta del Consejo de Estado.
Baquero presentó al CNE la petición correspondiente, pero no ha sido atendida por exceso de formulismos y si lo lograra seguro pediría rotación del expediente, lo que sería otra demora.
Debe hacerse una reforma electoral en la que se garantice que las decisiones sobre violaciones de topes deben ser objetivas y basadas en evidencia sólida. Al enfocarse más en la recolección de pruebas y el derecho se asegurará que las decisiones no se tomen por intereses políticos sino fundamentadas en un análisis técnico – legal. La legitimidad así lo impone.
Pildorita. La Asociación Únete por Colombia con un nutrido grupo de sus integrantes, consiguió mediante una tutela, que el Consejo de Estado le ordenara al Presidente Gustavo Petro pedir disculpas por haber señalado de “asesinos” a los colombianos que gritamos “Fuera Petro”. El mandatario ante la contundencia de los argumentos, en su peculiar estilo, ya pidió disculpas.
