Por Rafael Nieto Loaiza.
En entrevista con Vicky Dávila, un Petro descompuesto sostenía que “la paz no se construye con hampones porque entonces el gobierno es un hampón”. En campaña, sin embargo, Petro perdió el pudor. Su hermano y otros miembros de su equipo se reunieron con condenados por corrupción, parapolítica y narcotráfico, sin duda hampones, maleantes organizados. El mismo Petro ofreció “perdón social” para los delincuentes y «una JEP para el narcotráfico” con “beneficios jurídicos”. Lo que antes aparentemente lo indignaba se volvió deseable en pleno proceso electoral. Algún día se sabrá si esas ofertas se hicieron a cambio no solo de apoyo político sino de dinero.
Esos fueron los orígenes de la “paz total” que ahora promueve. Negociaciones paralelas con el Eln y con todos los otros grupos armados ilegales, narcos puros incluidos. La propuesta, aún en los términos gaseosos y confusos en que se ha formulado, exige observaciones.
El Eln está hoy inequívocamente vinculado al narcotráfico. De ahí y de que su máximo órgano, el Coce, está resguardado en Cuba y Venezuela, proviene su fortalecimiento en los últimos años. Negociar en La Habana, además, es entregarles ventajas que no deberían concedérseles y darle aire y dinero a Díaz Canel y a los sátrapas castristas que desde el año pasado han arreciado la represión y las violaciones de derechos humanos en la isla. Acordar un cese al fuego bilateral permitiría que la guerrilla siga delinquiendo con la certeza de que militares y policías no los combatirán. Y eliminar el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, como han sugerido en el gobierno, solo favorece al Eln, que podrá obtener concesiones gubernamentales sin necesidad de desmovilizarse y desarmarse.
Por otro lado, darle cualquier beneficio a los disidentes y reincidentes de las Farc es abiertamente contrario a la ley y a lo pactado en la Habana, supone premiar a quienes traicionaron el acuerdo y envía el pésimo mensaje de que nada ocurre a aquellos que violan sus propios compromisos y siguen delinquiendo.
Frente a los otros grupos delincuenciales hay aún más desafíos. Para ellos no cabe amnistía o indulto, solo aplicables a delitos que nuestra legislación califica como políticos y los conexos con ellos. Solo puede haber sometimiento, por mucho que ahora desde el gobierno se hable de acogimiento, un término que supondría aún más generosidad estatal que lo actualmente contemplado en la ley. Por supuesto, una jurisdicción especial para estos bandidos no tendría ningún soporte constitucional.
Con todo, los problemas más graves de la propuesta de “paz total” provienen de los errores conceptuales y fácticos sobre los cuales se basa. Por un lado, no es cierto que sean la pobreza o la desigualdad las que expliquen la violencia y la fortaleza del narcotráfico en nuestro país. Hay otros países, muchos otros, con más pobreza y más desigualdad en América Latina y en el mundo, y ninguno de ellos tiene los problemas de violencia y narcotráfico que nosotros sí tenemos. En paralelo, otros países que sufrieron la violencia política pudieron superarla. Ocurrió en Centroamérica, por ejemplo. En cambio nosotros no hemos podido, a pesar de las reiteradas negociaciones y de generosísimos beneficios políticos, jurídicos y económicos a los violentos.
El gobierno desconoce que el factor fundamental que explica la pervivencia de la violencia en Colombia es la simbiosis entre narcotráfico y grupos armados. Esa es la nuez del problema. Acá los grupos armados violentos de todos los pelambres encontraron en el narcotráfico la fuente de financiación de su reclutamiento, su logística y su aprovisionamiento de armamento, además del apoyo de las comunidades que se han dedicado a los cultivos ilícitos. El narcotráfico, a su vez, ha podido expandirse a lo largo y ancho del territorio nacional de la mano de los grupos violentos.
Es eso lo que explica no solo que los frentes de las Farc más directamente vinculados al narcotráfico nunca entraran al diálogo sino que los jefes de negociación de esa guerrilla, Márquez y Santrich, se devolvieran al monte apenas se supo que nunca habían dejado el negocio. Es eso lo que explica, repito, el fortalecimiento relativamente reciente del Eln. Y que a pesar de se han desmantelado las principales estructuras de narcos puros, carteles de Cali y Medellín o la estructura de Fidel Castaño, por ejemplo, o se neutralicen una y otra vez los principales cabecillas, como recientemente Otoniel, los grupos de narcotraficantes se recompongan. Para rematar, aunque por razones ideológicas y políticas no se quiera reconocer, lo que se pactó con las Farc en materia de narcotráfico estuvo mal concebido y echó para atrás los éxitos conseguidos hasta el 2013. Desde entonces tenemos tres veces más cultivos de coca y cuatro y media veces más producción de cocaína. Como resultado, la tasa de homicidios del año pasado fue casi dos puntos mayor que en el 2015, año anterior del acuerdo definitivo con las Farc. Y hay un creciente problema de seguridad en las ciudades, resultado de la lucha entre microtraficantes por un mercado cada vez mayor de consumidores.
Si no se entiende que es esa simbiosis de narco y grupos armados lo que explica la persistencia de la violencia, ninguna negociación será verdaderamente exitosa. Permitirá, eso sí, la jubilación tranquila de unos hampones y también el reciclaje, nuevas generaciones de bandidos, de violentos. La «paz total” de Petro será otro fracaso, como lamentablemente fracasó la paz de Santos.
