Por Rafael Nieto Loaiza
La aprobación de la reforma pensional es muy mala noticia porque supone la confiscación de facto de los ahorros de millones de ciudadanos, porque lo aprobado es insostenible e hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos, porque le entrega una caja a Petro que no tiene y que le permitirá más corrupción, más derroche y más subsidios para ganar apoyos políticos antes de las elecciones, porque supone un retroceso enorme en materia de libertad económica al eliminar la posibilidad de elegir.
Lo ocurrido ha agudizado el pesimismo de muchos, en parte con razón, porque demuestra que, al menos en la Cámara de Representantes, el gobierno ha comprado suficientes congresistas como para conseguir la aprobación de sus propuestas. Sin embargo, sigo creyendo en el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. Es posible apostar que la pensional no pasará el examen de exequibilidad en la Corte Constitucional. Fueron muchas las flagrantes violaciones en su trámite. Y creo que, a diferencia de lo ocurrido con el Ministerio de la Igualdad, en esta ocasión la decisión no será benevolente con el gobierno. No veo cómo podría serlo.
Ahora bien, la aprobación de la pensional es una oportunidad para examinar el papel de la oposición. Como dijera en otra ocasión, quienes se oponen a Petro están obligados a trabajar en tres niveles en paralelo. Por un lado, en hacer un control más eficaz al desastre del gobierno petrista. Por el otro, en prepararse para presentar un programa político y una candidatura única para el 2026. Finalmente, en asegurar que sí haya elecciones y que se frustre cualquier intento de Petro de quedarse en el poder.
Me centro en el control político, en el que hay que desarrollar varios frentes. Uno, conseguir que la agenda política no la determine Petro. No es fácil. Este es un país centralista y que se mueve al ritmo de Bogotá. Y es, además, excesivamente presidencialista. Entre las lecciones que nos deja este gobierno y, por ejemplo, el uso de las superintendencias como instrumento de persecución, de policía política, está la necesidad de volver a examinar las facultades presidenciales para recortarlas y limitarlas más y mejor. Petro es, además, un hábil comunicador. Nos pasamos debatiendo lo que dice Petro, en lugar de examinar y evaluar su gestión de gobierno que, punto por punto, desde la economía a la seguridad y la “paz total”, hace agua por todos los costados, con nefastas consecuencias, en especial para los más pobres y vulnerables.
Desarrollar una estrategia judicial es también fundamental. Este gobierno no solo es descuidado sino que ha demostrado una y otra vez que está decidido a saltarse las normas para hacer lo que quiere. La oposición tiene que demandar sin descanso las leyes, decretos y resoluciones con los que la izquierda pretende saltarse el estado de derecho. Tanto el Consejo de Estado como la Constitucional han demostrado que pueden ponerle freno a los abusos normativos y las vías de hecho del gobierno.
De paso, hay que empezar a denunciar directamente a Petro, ahora que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha recordado que no tiene fuero para injuriar y calumniar y que también tiene la obligación de denunciar cuando sepa de la comisión de un delito, so pena de incurrir él mismo en otro, el de omisión de denuncia. Petro se la pasa acusando a medio mundo de haber cometidos delitos y dice también conocer de alianzas con mafiosos y paras, pero jamás da una prueba de lo que afirma. Ya no podrá seguir haciéndolo impunemente.
La oposición no puede flaquear en investigar y denunciar la corrupción en la administración pública, un mal consuetudinario desde la irrupción del narcotráfico en la vida nacional pero peor que nunca en este gobierno que tiene por norma conductual que el fin justifica los medios, que llegó al poder con hambre vieja y afán de aprovechar la oportunidad para hacerse rico, que ha hecho de las alianzas con criminales un patrón, y que está dispuesto a saquear el erario para proteger a Petro y quedarse en el poder, como lo demuestra la operación sistemática de saqueo de la UNGRD para sobornar congresistas y facilitar el paso de los proyectos del gobierno y asegurar su impunidad en la Comisión de Acusaciones.
Tampoco puede dejar de insistir en que el CNE y la Fiscalía cumplan con sus obligaciones constitucionales en relación tanto con la financiación ilegal de la campaña como con la investigación de los casos de corrupción ocurridos en torno de ella, incluidos los del primogénito y el hermano de Petro.
Por cierto, debe dejarse el temor de aplicar el artículo 109. Eso de evitar darle oportunidad a Petro de victimizarse es una tontería. Por un lado, la defensa de las instituciones es la defensa de la Constitución y si Petro hizo trampa para llegar al poder, como la hizo, debe pagar por ello. La impunidad presidencial, de Samper a Santos, ha sido un pésimo antecedente. De aquellas lluvias, estos lodos. Por el otro, es tanto el daño que Petro está haciendo, desde el desmonte de la burocracia técnica en la administración y su colonización por sectarios y fanáticos hasta la claudicación frente al narcotráfico, pasando por el desplome de la economía, que cualquier mes de tragedia que le ahorremos al país será bien agradecido.
Finalmente, la elección de un buen Procurador y, sobre todo, de excelentes magistrados en la Corte Constitucional, son claves. Las llagas de corrupción del Congreso han quedado a la vista con la operación gubernamental de soborno de parlamentarios y con la aprobación de la pensional. El tribunal constitucional es la última frontera de la defensa de la democracia y el estado de derecho.
