Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
Toda mi solidaridad con Revista Semana, su directora y todos sus periodistas.
Es evidente que, los actos criminales perpetrados por algunos indígenas contra sus instalaciones, son el resultado del odio, el resentimiento y la intolerancia que el Gobierno siembra y veladamente promueve para dividir la nación y enfrentar a sus ciudadanos. En Colombia, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, dejaron de estar amenazadas para ser perseguidas y hostigadas.
Pero contrario a lo que una mente sensata podría esperar, la ministra de Trabajo, la confesa comunista Gloria Inés Ramírez, una vez conoció el hecho, antes que condenarlo y reprobarlo, endilgó la culpa del ataque a los periodistas, a quienes calificó de incendiarios, y, sin el menor asomo de pudor y vergüenza, y, tratando de justificar el hecho, literalmente manifestó: “Yo pienso que es muy importante no solamente proteger a los medios y a los periodistas, pero también un gran llamado para que los periodistas no sean incendiarios (…)”.
No siendo poco lo anterior, luego, y respondiendo la pregunta, si consideraba que los hechos ocurridos podrían responder a los constantes señalamientos que el presidente hace los medios de comunicación, dijo, “Podría pensar lo contrario, que son los comentarios que hacen lo medios de comunicación que también alientan a que la gente se exprese de esa manera (…)”
En una Democracia sana, las declaraciones de la ministra de Trabajo merecerían su inmediata destitución, por no ser aceptable la justificación y peor aún, la neutralidad de un funcionario del Estado frente a la comisión de tan graves y execrables hechos criminales.
Pero las declaraciones de la ministra Ramírez coinciden, con los constantes irrespetos y ataques de Petro contra los medios, y contra algunos periodistas y columnistas de opinión, y no solo contra ellos, también contra empresarios, el Banco de la República, los organismos de control del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), las altas cortes y, contra todo aquel que no coincida con su ideología, mentiras, ocurrencias y enrevesadas prédicas.
A pesar de ser frecuentemente desmentido por lo mismos medios, Petro persiste en una discursiva beligerante, mediante la cual atribuye sus desvaríos, reveses y derrotas a los medios de comunicación e inclusive, llegando a afirmar que la prensa es responsable de la ocurrencia de hechos delictivos.
El irrespeto y maltrato del presidente a los medios ya trascendió las fronteras, y es sí como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se ha pronunciado al respecto y ha advertido que, la frecuencia de los ataques y críticas que Petro hace a los medios, además de comprometer la libertad de prensa, devela un plan que busca descalificar y sembrar duda sobre la ética de todos sus contradictores.
No se debe olvidar que, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los continuos comentarios injuriosos y estigmatizantes de Petro contra varios medios de comunicación, los que motivaron una protesta nacional e internacional, y un llamado de la SIP a Petro, para que suspendiera las prácticas dañinas de incentivar la violencia y apelar a las amenazas.
Tampoco se debe olvidar, el ataque de Petro a los canales Caracol y RCN, y, en especial, su Twitter “Neonazis en RCN”, en alusión al periodista David Githis, quien publicó la columna de opinión titulada “Petro nos quiere atracar”, referida a la expropiación que Petro aún pretende hacer de las cotizaciones de los colombianos en los fondos de pensiones, así como a la propiedad privada.
La libertad de conciencia, pensamiento y expresión es a la democracia, lo que la existencia es a la vida; vital, capital, determinante e irreductible, al punto que no se puede hablar de democracia cuando no existe derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y expresión o estas libertades están restringidas.
No en vano en la Convención Americana de Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
A su vez, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión dice: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”
En suma, la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión y, de que, se garantice el derecho de acceso a la información de los actos del gobernante. Pero en Colombia, ni una ni otra de estas condiciones tienen vigencia; la libertad de expresión se amenaza y la información de los actos del gobernante se oculta, restringe o distorsiona.
Todo lo anterior permite afirmar que, con las permanentes descalificaciones y amenazas del presidente a los medios de comunicación y el ataque de parte de algunos indígenas a las instalaciones de Revista Semana, en Colombia, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, dejaron de estar amenazadas para ser perseguidas y hostigadas.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
