Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
Los hechos ocurridos en Amalfi y Cali, afligen, enlutan y enardecen, pero infortunadamente, no sorprenden. Dieciocho (18) vidas inocentes cegadas, más de setenta (70) heridos, daños materiales inestimables, y una región y una ciudad intimidadas y asediadas por el narco terrorismo; todo, resultado de los perversos Acuerdos de La Habana, y de la mal llamada Paz Total que perdona el delito, premia el crimen y gratifica la villanía.
Nunca antes como ahora, la nación había experimentado tanta incertidumbre sobre la continuidad de la democracia, y en especial, sobre la realización pacífica y ordenada de las elecciones del 2026. Tampoco, nunca antes, la economía había soportado tanta afrenta y amenaza, y registrado tan grave y progresivo deterioro, incluida la época de la contingencia sanitaria del Covid-19.
Y es que, sin estabilidad legal, firmeza jurídica y seguridad material, no hay inversión y, por ende, expansión económica y progreso social. La contracción económica que hoy afronta Colombia, es resultado de la inestabilidad legal, la zozobra jurídica y la inseguridad material, promovidas por un Gobierno que, además de inepto, incapaz y corrupto, es tolerante y complaciente con la violencia y la barbarie.
Si bien, la política dislocada del Gobierno y las obtusas ocurrencias de Petro concitan mayoritariamente el interés de los medios y de la población, lo que más debería importar y preocupar, es el franco deterioro de la economía.
Por lo general, la política fastidia, repugna y hastía, pero no se puede desconocer su decisiva incidencia en la economía, al punto que, difícilmente se puede pensar en avance, bienestar y desarrollo, sin contar con políticas económicas racionales, posibles y sostenibles, y sin normas apropiadas que las regulen.
Qué nadie olvide que, las naciones y los Estados no viven de la política, y que, al contrario, es la economía la que mantiene a las naciones y los Estados, y con frecuencia, las políticas gubernamentales, antes que contribuir al mejoramiento económico de las naciones, les provoca inestabilidad o retroceso.
Distinto sucede cuando los gobiernos diseñan políticas orientadas a promover el fortalecimiento y la expansión económica, mediante la adopción de reformas inspiradas en justicia, equidad y bienestar social, lo que infortunadamente no sucede en la actualidad en Colombia, en donde el repliegue del mercado y el decrecimiento económico, es el resultado de las recesivas y regresivas políticas del remedo de gobierno que la nación padece.
Desde una perspectiva académica restringida, mientras que la política se dedica al estudio de las formas y modelos de gobierno que rigen a las naciones, así como a la manera como se captan y asignan los recursos, y se regulan las actividades civiles y comerciales entre los gobernados y frente al Estado; la economía se ocupa en estudiar el efecto de las políticas que diseñan los gobiernos, y más que eso, la eficiencia y eficacia de la inversión y el gasto que realizan, y en especial, el desempeño de la sociedad a partir de la utilización de esos recursos, pudiéndose medir su impacto favorable o desfavorable, en términos del comportamiento de variables macroeconómicas como son, entre otras, la oferta, la demanda, el consumo, la inversión, la financiación y el endeudamiento, para así poder determinar, evitar, conjurar o abatir, la presencia de fenómenos económicos cíclicos como son los de inflación, deflación, recesión, devaluación, revaluación, e inclusive, el de estanflación que se presenta cuando a la recesión se suma la inflación.
Salvo contadas excepciones, los Estados y los gobiernos los mantiene la economía, mediante el recaudo de la contribución fiscal impuesta a las empresas y los ciudadanos, siendo los gobiernos, meros administradores de ella, por lo que no se compadece que una carga tributaria tan gravosa, cuantiosa y confiscatoria como es la que soportamos y pagamos en Colombia, sea dilapidada por un gobierno sin norte, caracterizado por su incapacidad, indelicadeza e improvisación, y por su visible ineficiencia en la administración, uso y asignación de los recursos públicos.
En una economía sana, las políticas públicas en materia económica, deben estar alineadas y enfiladas al logro de un desarrollo integral y armónico, que incluya a todos los sectores bajo los principios que inspiran el derecho a la iniciativa y la propiedad privada, la libertad de empresa y asociación, la economía de mercado y la asistencia social de ser necesaria.
Pero en Colombia la vigencia de estos principios está seriamente amenazada, por lo que no es descabellado suponer que, en lo que queda del gobierno Petro, se seguirá asediando y debilitando el sector productivo para reducirlo a su mínima expresión, y así poder asumir mayor control de la economía, cómo si el Estado y el empleo se pudieran mantener y aumentar sin la participación decisiva del sector real.
Es evidente que Petro, nada sabe ni entiende de economía, y menos, de finanzas, y que su empirismo anacrónico lo induce a seguir creyendo en el fracasado modelo de Economía Central Planificada, propio de los regímenes comunistas y tan solo bueno para causar desengaño, frustración y pobreza. Basta tan solo ver la penosa y vergonzosa miseria en que vive el pueblo cubano, para advertir el estruendoso fracaso de ese regresivo modelo, además, impuesto por medio del fraude, la represión y el sometimiento.
No se debe ignorar, el paupérrimo resultado de la economía durante el año 2023, en el que, sin contar el año 2020 de la pandemia, se registró durante un semestre una desaceleración económica que no se presentaba desde hace más de 20 años, resultado de la inestabilidad legal, la inseguridad jurídica, la devastadora reforma tributaria, la pérdida de confianza, la reducción de la demanda, el decrecimiento de la inversión, así como por el aumento de la violencia y la criminalidad, factores, que al final, determinaron que obtuviéramos una tasa de crecimiento inferior al 1%.
Si bien durante el año 2024 la economía repuntó y alcanzó un nivel de crecimiento aceptable, en lo corrido del presente año, la mayoría de indicadores muestran resultados negativos, y son innumerables los proyectos de ensanche y expansión cancelados o aplazados como resultado de la desconfianza que transmite el Gobierno a la inversión nacional y extranjera.
El retroceso económico experimentado en los años 2023, 2024 y en el actual, responde a la teoría económica denominada Crowding Out, que predica el desplazamiento o efecto expulsión de la inversión en sectores de la economía como resultado de la intervención del Estado.
A esta grave coyuntura se suma, el incremento desproporcionado del salario mínimo; el aumento de los costos laborales de una reforma laboral que empieza a destruir empresas y empleos, y estimula la informalidad; el alza en los combustibles y los servicios públicos domiciliarios, y; la prórroga inconstitucional del impuesto a la extracción y exportación de hidrocarburos, así como la redención del impuesto de timbre que viene postergando u obstruyendo la celebración de miles de contratos.
Todas las fuentes de información neutrales y confiables coinciden al registrar, la gradual y sostenida desaceleración económica a partir del momento en que Petro asumió la presidencia, al igual que el progresivo desorden fiscal, el aumento de los cultivos ilícitos y de factorías de narcóticos, la perdida de gobernabilidad territorial, y junto a ello, la devastación deliberada del sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de colombianos.
Al final, más que la política, lo que verdaderamente preocupa, es el desplome de la economía de la cual vivimos y se mantiene el Estado. Ojalá que los ciudadanos que aún creen en Petro, e inclusive se atreven a defenderlo, recapaciten y se sumen a la inmensa mayoría de colombianos que seguimos exigiendo su destitución por actos probados de indignidad, así como por la incapacidad, torpeza y maledicencia de su parodia de gobierno.
Si bien la democracia está amenazada, no será vencida; y con el fin del gobierno Petro, a la nación y a la economía les espera los mejores días, siempre y cuando, alijamos bien,
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
