En estos tiempo se habla mucho del caso del Canciller Álvaro Leyva Durán, quien fue sancionado disciplinariamente con suspención de tres mes del cargo por la Procuraduría General por el lío de la licitación de los pasaportes en Colombia.
Se rumora mucho sobre su decisión de no apartarse del puesto de inmediato y seguir en cargo hasta que se defina un recurso ante el mismo Ministerio Público para tumbar la citada suspensión, lo cual es interpetado por un sector político como un desacato o una posible afectación a la «institucionalidad del país». Todo ese maremágnum fue motivado por la orientación de su abogado Yefferson Mauricio Dueñas Gómez el cérebro de toda esta estrategia.
Según Dueñas, aunque el órgano de control tiene competencia para indagar el posible incumplimiento de deberes funcionales, no puede pronunciarse sobre “la legalidad del proceso contractual”. Dueñas explicó que no es facultad de la Procuraduría revisar actos administrativos como la declaración desierta de una licitación o la aprobación de una urgencia manifiesta, pues legalmente “están reservados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
Se comenta mucho de Leyva, pero nada se dice de Dueñas, quien está pasando de agache de un caso mayúsculo de posible corrupción, un delito penal y una falta a la ética profesional de abogado.
Mauricio Dueñas fue denunciado por el empresario tolimense Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, imputado por la Fiscalía General de la Nación junto con su esposa Marcela Montes por el caso del «Carrusel o Cartel de los Carros Blindados» en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La grave denuncia de Manjarrés está un poco secreta o tapada en la Fiscalía respecto al abogado Dueñas, pero quedó plasmada en una noticia criminal en la cual el citado empresario asegura bajo la gravedad del juramento que Dueñas supuestamente le pidió a su esposa 700 millones de pesos para archivarle su proceso en el Ente Acusador.
Parte de dinero que, según se dice en la citada denuncia, Dueñas presuntamente le iba a entregar a la Fiscal 414, Angélica Monsalve, quien llevaba el caso por el Carrusel de los Carros Blindados para supuestamente limpiar a Manjarrés y a Montes. Un caso de posible soborno.
Es decir, la defensa del Canciller Leyva está en manos de un abogado que posa en los medios de comunicación como un gran jurista, pero que tiene graves señalamientos sobre su moral, lo cual no lo favorece ante los órganos de control ni ante la justicia, pero el Ministro de Relaciones Exteriores tal vez no se ha percatado del asunto.
Quién es Mauricio Dueñas
Este jurista es un hombre de las entrañas del exFiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett, formado en su escuela a su imagen e ideología. Es hechura de su mismo molde, dicen quienes los conocen.
Tiene más de 18 años de experiencia como abogado constitucionalista y se forjó, como dijimos, de la mano de Eduardo Montealegre, y sabía cómo encontrarle el quiebre al exFiscal.
Desde que salió de la Universidad Nacional en 2000, trabajó como auxiliar y sustanciador del despacho de Montealegre y del magistrado Alejandro Martínez en la Corte Constitucional. En conjunto con Montealegre escribieron el libro Constitución y Vivienda en 2006, afirma en una investigación el portal Las 2 Orillas.
Pidió dinero a empresarios corruptos para limpiarlos
En una declaración juramentada ante la Fiscalía, el cuestionado empresario de carros blindados Martín Manjarrés asegura textualmente que Mauricio Dueñas hizo tres reuniones con su esposa, dos en el apartamento y una en la oficina de aquel, donde este jurista le hizo una exigencia económica a su señora de 700 millones de pesos.
Pero también Manjarrés ratifica en su testimonio que él también se reunió unas cuatro veces con Dueñas, donde el abogado le dejó ver que parte de ese dinero sería supuestamente para la fiscal que llevaba el caso Angélica Monsalve.
«Me insinuó que la mayoría de ese dinero iría en dirección a la Fiscal Angélica Monsalve, a los cual me negué»: afirma Manjarrés.
Sin embargo, sostiene que le hizo un pago inicial para el asunto. «Se entregó un pago inicial de 100 millones de pesos en efectivo para finales de diciembre de 2021, los cuales los entregué yo directamente a Mauricio en su apartamento, cabe anotar que somos vecinos del conjunto residencial…», argumentó Manjarrés.
En la denuncia, Manjarrés también señala bajo la gravedad del juramento que Mauricio Dueñas hace entrega de documentación e información reservada que reposa dentro de la investigación penal que adelantaba la Fiscal 414.
Lo curioso del asunto es que Manjarrés confesó en esta declaración juramentada que cometió una serie de posibles delitos, entre ellos cohecho, al entregarle los 100 millones de pesos al abogado Dueñas, con el fin de que le archivaran el proceso penal que le tienen abierto y la Fiscalía, al parecer, lo encubrió, porque el fiscal del caso que conoció de primera mano la comision de esta conducta punible pudo incurrir en el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia.
En cuanto a los medios de comunicación, estos no le han dado el despliegue al tema de «la plata que recibió Dueñas para supuestamente torcer con soborno a la Fiscalía», no hablan de la confesión del delito cohecho por parte de Manjarrés, ni de la omisión del fiscal del caso, porque solo se han centrado en difundir de la recusación que le hizo Manjarrés y su esposa, mediante su abogado Marlon Díaz, a la Fiscal Monsalve. Lo que al final la llevó a dejar el proceso del «Carrusel de los Carros Blindados». Una jugada para alargar la investigación y favorecerse en la misma.
Además cuando se le ha preguntado a Dueñas por el tema, este lo evade y dice que él le devolvió la mitad de esos dineros, es decir 50 millones de pesos a la esposa de Manjarrés, tal como se dice en la noticia criminal.
En caso de comprobarse esa versión del presunto soborno que habla Manjarrés, el abogado Mauricio Dueñas presuntamente habría incurrido en un posible acto de corrupción, un supuesto fraude a la justicia con el fin de frenar una investigación. La Fiscalía tiene la misión de corroborar esta delicada denuncia.
