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Solamente se logró la adquisición de 805 hectáreas, correspondientes al 0,02% de la meta prevista. Hasta el primer semestre de 2024, se incorporaron 2,4 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, aunque solo se adjudicaron 18.201 hectáreas (2,1%) y se formalizaron 2,47 millones (35% de la meta). En el tema de Tierras y proyectos productivos, desde la implementación del Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral en 2019, la Contraloría ha identificado 236 hallazgos administrativos, de los cuales 30 presentan presunto alcance fiscal por $14.777 millones.
El Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, llamó la atención sobre los resultados que muestra el acuerdo que suscribió el Gobierno Nacional con FEDEGÁN para compra de tierras.
Dijo que se ha logrado la adquisición de solo 805 hectáreas, correspondientes al 0,02% de la meta prevista, una muestra de los avances mínimos que se han alcanzado en la adquisición de predios rurales en desarrollo del Acuerdo Final de Paz.
Las evaluaciones que ha realizado la Contraloría General de la República sobre el Punto 1 del Acuerdo (Reforma Rural Integral) indican que, hasta el primer semestre de 2024, se incorporaron 2,4 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, aunque solo se adjudicaron 18.201 hectáreas (2,1%) y se formalizaron 2,47 millones (35% de la meta). Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han aprobado 8.883 proyectos por $31,4 billones.
En el tema de Tierras y proyectos productivos, desde la implementación del Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral en 2019, la Contraloría ha identificado 236 hallazgos administrativos, de los cuales 30 presentan presunto alcance fiscal por $14.777 millones.
Uno de los principales problemas identificados en el marco de los ejercicios de control fiscal adelantados, es la deficiente gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que hasta enero de 2024 solo había incorporado 252.113 hectáreas al Fondo de Tierras, apenas el 8,4% de la meta de 3 millones establecida. De estas, solo 5.260 hectáreas (0,17%) fueron adjudicadas a campesinos.
En cuanto al Punto 4 del Acuerdo de Paz (Solución a las Drogas Ilícitas), los recursos ejecutados para este punto durante el periodo 2017 al primer trimestre 2024 ascienden a $7.1 billones de 2024; $500.385 millones corresponden al 2023. Y atendieron principalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- con $479.479 millones de 2024.
Teniendo en cuenta el aumento de cultivos ilícitos en el país, es evidente que los recursos destinados al PNIS no cumplen con lo contemplado en el Acuerdo, por lo que se requiere mayor presencia de la fuerza pública y estatal que acompañe estos programas, señaló el Vicecontralor.
No se ha redirigido la inversión pública para sectores de desarrollo social.
La firma del Acuerdo de Paz no ha sido suficiente para redirigir de manera efectiva la inversión pública hacia sectores de desarrollo social como la agricultura, el turismo o la cultura y sigue centrada en los sectores de defensa y seguridad, especialmente en el funcionamiento y la fuerza pública, advirtió también el Vicecontralor.
Al intervenir en el 40 Congreso Nacional de Ganaderos, promovido y realizado por FEDEGÁN, en el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro, en Barranquilla, el Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, consideró crucial mejorar la planeación y priorización de las inversiones destinadas a los recursos para la Paz.
En este sentido, hizo un llamado a todas las entidades del estado, principalmente a aquellas que tienen dentro de su objeto misional el reto de realizar acciones tendientes a la implementación de este acuerdo, a establecer un proceso de planificación y priorización claro y transparente, en el cual se logren identificar acciones contundentes que permitan maximizar el impacto y los objetivos trazados, así como minimizar los riesgos de rezago e inactividad.
“Para alcanzar la implementación efectiva y las metas trazadas en el Acuerdo de Paz, es fundamental priorizar la inversión en sectores claves de la economía; y la agricultura y el desarrollo rural resultan ser prioritarios, siendo este un sector clave para la reincorporación de excombatientes y la generación de oportunidades económicas en zonas afectadas por el conflicto”, enfatizó Zuluaga Pardo.
Dijo que conforme se avance en la pacificación del país, se espera que la reducción o el menor incremento en el gasto militar se vea acompañado de un aumento en la inversión en programas de reintegración de excombatientes, desarrollo rural y prevención de la violencia.
El tema de la seguridad
El Congreso anual de los ganaderos tiene esta vez como vez tema central la seguridad. Al respecto, el Vicecontralor afirmó que el conflicto en Colombia ha generado un clima de violencia e inseguridad que afecta entre otras la actividad ganadera. Los ganaderos enfrentan amenazas como el despojo de tierras, extorsiones, secuestros y el reclutamiento forzado, lo que disminuye su capacidad de producción y afecta la economía rural, lamentó.
“La seguridad en el sector ganadero es fundamental para el desarrollo económico y social de las regiones. Proteger a los ganaderos y sus bienes contribuye a la estabilidad de las comunidades rurales, lo que a su vez es un componente esencial para la construcción de la paz. La garantía de seguridad puede fomentar la inversión y la producción, creando un entorno propicio para la reconciliación”, agregó.
La exposición del Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, en el Congreso Nacional de Ganaderos, tocó también los siguientes temas:
- Impacto del conflicto en las víctimas: la intensificación del conflicto armado ha provocado un aumento significativo en el número de víctimas, que hoy superan los 9 millones de personas. Este impacto ha sido especialmente grave en departamentos como Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Chocó y Córdoba, donde además se registran altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
- Recursos insuficientes para la política pública de víctimas: entre 2012 y 2023, la nación ejecutó recursos por $218,5 billones para la política pública de víctimas, a precios constantes de 2024. Sin embargo, según cálculos de la Contraloría, se necesitarían alrededor de $303,9 billones para cubrir adecuadamente las necesidades de las víctimas, lo que muestra que los recursos disponibles son insuficientes.
- El proceso de construcción de paz implica un cambio de enfoque: se debe pasar de la seguridad a la reintegración, el desarrollo rural y la prevención de la violencia. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se han ejecutado $88,5 billones de los $196,8 billones previstos para 15 años, representando el 45% de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
- Secuelas psicológicas de las víctimas: muchos sobrevivientes del conflicto sufren trastornos de estrés postraumático y otras secuelas mentales, lo que dificulta su recuperación y perpetúa un clima de miedo y desconfianza. Es urgente que el Estado intervenga para garantizar no solo la atención en salud mental, sino también la recuperación social de las víctimas.
- Desafíos en el control de recursos y bienes para reparación: la Contraloría ha planteado interrogantes complejos respecto al control fiscal de los bienes incautados y destinados a la reparación de las víctimas. Se requieren mecanismos claros para asegurar que los recursos y bienes se manejen adecuadamente, ya que la legislación actual limita la capacidad de este organismo de control para ejercer control efectivo sobre estos fondos.
- Adjudicación de tierras y formalización rural: en cuanto a la adjudicación de tierras a los campesinos víctimas del conflicto, el ritmo actual es alarmante. Conforme a las cifras presentadas con corte a enero de 2024, se necesitarían más de 3.984 años para adjudicar los 2 millones de hectáreas faltantes, y en términos de formalización, de los 7 millones de hectáreas acordadas, solo se han formalizado 123.319 hectáreas. A este paso, se necesitarían aproximadamente 389 años para formalizar los 6 millones de hectáreas restantes.
- Falta de coordinación entre la ANT y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR): una situación que ha retrasado proyectos productivos. También se han identificado deficiencias en la ejecución de proyectos de vivienda, lo que ha generado atrasos y una mala gestión de recursos públicos.
- Para cumplir con la Reforma Rural Integral: es necesario la sostenibilidad económica de las comunidades rurales que tengan acceso a la entrega de unidades productivas. En el seguimiento permanente realizado durante el primer semestre de 2024 al punto 1.1.1 del Acuerdo de Paz por parte de la Contraloría, se observa que, a la fecha de entrega del informe de seguimiento, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha estructurado únicamente cinco proyectos productivos, de los cuales, solo uno ha sido entregado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Esto se ejecuta ocho años después de la firma del Acuerdo, lo que evidencia un retraso significativo en el cumplimiento de los compromisos establecidos.
