Por: Germán Calderón España. Abogado Constitucionalista y Magíster en Derechos Humanos.
Esta semana se aprobó la Ley de orden público que, al decir de la mayoría, faculta al presidente de la República a adelantar el proceso de paz con el ELN y otros grupos al margen de la ley que tengan el mismo estatus político, como también, con los grupos delincuenciales ordinarios que deberán someterse a preacuerdos y acuerdos o a principios de oportunidad -si encuadran en las causales- a fin de materializarse “La Paz Total” perfilada por el presidente Petro en el discurso de posesión.
Aunque difiero absolutamente de quienes consideran que una ley le otorga esas facultades al presidente, porque la bendición para tan importante tarea supera esa jerarquía, pues La Paz es un deber para los gobiernos que deviene de la Constitución, inclusive, de las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
Más allá de esa discusión, en el plano interno, la Contraloría General de la República debe convertirse en un actor del proceso de paz que se empezó a flambear con el ELN, porque el componente de la vigilancia y el control fiscal de los recursos del acuerdo final celebrado con las FARC en La Habana, quedó ausente y, por eso, los procesos por responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal empiezan a engrosar expedientes en los que tendrán que ser investigados y sancionados quienes manejaron mal los recursos destinados a su implementación, aún, tratándose de dineros inyectados por los gobiernos europeos, norteamericano y las Naciones Unidas.
Recordemos que estos recursos internacionales cuando entran a hacer parte del presupuesto nacional, son sujetos sin excusa alguna de la vigilancia y del control fiscal que ejerce la Contraloría como función constitucional que le imprimió el constituyente del 91.
El diseño del control sobre esos recursos, desde el preciso instante en que entran al presupuesto nacional, debe contener un programa de auditoría preventiva y concomitante para que se preserven al extremo, porque de ellos depende la reinserción a la vida civil de los ex combatientes, su futuro familiar y personal, la garantía del ingreso con el que le brindarán salud, educación, formación, nutrición, recreación y deporte a sus hijos y, por supuesto, la sostenibilidad en el proceso. Esto evitará por sí solo la desbandada, el reingreso a las filas insurgentes y la continuación de una lucha eterna y sin razón.
La Contraloría delegada para el Postconflicto deberá ajustarse a una delegada para “La Paz Total” que incluya la vigilancia y el control fiscal de los recursos ya ejecutados y los recursos que vendrán por cuenta del nuevo proceso.
El Centro de Estudios para La Paz, en algunas reflexiones sobre la relación entre la pobreza y los conflictos armados ha sostenido que “la pobreza es producto de la violencia estructural que se sustenta en un orden social injusto mediante una distribución desigual de la riqueza que recae en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población.” Esto motiva el ejercicio del control fiscal en La Paz desde un principio, para que los recursos no caigan en manos oscuras que impiden que lleguen a quienes se someten a una nueva vida de perdón, reparación y ejemplo a la sociedad.
Por esto, el proceso de paz con el ELN no puede continuar sin un actor de primer orden como es la Contraloría General de la República, el único ente encargado de cuidar nuestros bolsillos.
