En la recta final del proceso para la elección del próximo Contralor General de la República, el nombre de Andrés Castro Franco se perfila como uno de los aspirantes con mayor respaldo técnico y experiencia en materia de control fiscal, gracias a una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y en organismos de vigilancia.
Castro Franco fue incluido entre los diez candidatos elegibles por la Comisión Accidental del Congreso, luego de superar las diferentes etapas del proceso de selección, que incluyeron la evaluación de conocimientos, experiencia y una audiencia pública en la que presentó sus propuestas para fortalecer el control de los recursos públicos en Colombia.
Su experiencia incluye cargos como personero de Bogotá y excontralor delegado para el Sector Justicia, funciones desde las cuales ha liderado procesos relacionados con la vigilancia de la gestión pública, la defensa del patrimonio estatal y la promoción de mecanismos de transparencia.
Durante la audiencia pública en el Congreso, Andrés Castro planteó la necesidad de modernizar la Contraloría mediante el uso de herramientas tecnológicas, fortalecer el control preventivo y mejorar la capacidad institucional para combatir la corrupción y garantizar una mayor eficiencia en la vigilancia del gasto público.
Analistas consultados durante el proceso han señalado que su perfil combina experiencia técnica, conocimiento de la administración pública y una trayectoria en organismos de control, características que lo ubican entre los aspirantes con mayores credenciales para dirigir la Contraloría General en el periodo 2026-2030.
La elección definitiva está programada para el 12 de agosto, cuando el Congreso en pleno escogerá al nuevo Contralor General de la República entre los diez candidatos elegibles, quienes fueron seleccionados tras un proceso basado en criterios de mérito, evaluación académica y experiencia profesional.
De resultar elegido, Andrés Castro asumiría el reto de liderar el principal organismo de control fiscal del país, con la responsabilidad de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos, fortalecer la transparencia institucional y contribuir a la lucha contra la corrupción en Colombia.
