La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspención de seis meses del cargo a Liliana Quiroz Aguas, exdirectora de la Corporación de Desarrollo Sostenible para el San Jorge y la Mojana (CORPOMOJANA), sede en San Marcos (Sucre), por haber incurrido en faltas gravísimas a título de culpa grave en la contratación pública.
Aunque ya no ocupa el cargo, la sanción equivale al valor en salarios que devengaba en el momento en que ocurrieron los hechos, un detalle que no la libra del peso de la vergüenza administrativa.
La lupa de la Procuraduría se centró en dos contratos con cifras que estremecen: el primero, el Contrato 038 de 2020, por un monto de $3.475 millones, supuestamente destinado al mantenimiento de más de 2.200 hectáreas de plantaciones forestales y a la realización de talleres de capacitación ambiental en la jurisdicción de Sucre.
Sin embargo, todo fue mal desde el principio. Según el fallo, no existieron estudios técnicos ni financieros serios que respaldaran la contratación. Los pocos documentos aportados fueron calificados como “deficientes”, con análisis de mercado tan vagos que parecían inventados para salir del paso.
La situación se repitió en 2021, cuando la exdirectora firmó el Contrato 031, con el mismo objetivo, pero esta vez por más de $2.490 millones. Nuevamente, se evidenciaron estudios de mercado “difusos y ajenos a la realidad”, una irregularidad que demuestra una peligrosa reincidencia en la mala planeación contractual.
La Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 no se guardó nada: calificó la conducta de la exfuncionaria como “gravísima”, recalcando que hubo negligencia e irresponsabilidad en la planeación de los contratos. El mensaje fue claro: no se puede jugar con los recursos públicos, mucho menos cuando se trata de proyectos ambientales que afectan ecosistemas sensibles y comunidades vulnerables.
Aunque contra la decisión procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria, el precedente es contundente. En un país donde la corrupción ha carcomido hasta las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente, este fallo envía un mensaje fuerte y claro a los funcionarios públicos: el tiempo de la impunidad se está acabando.
La comunidad del San Jorge y la Mojana, que aún espera ver resultados reales en materia de restauración ecológica, exige ahora respuestas: ¿Dónde están los árboles prometidos? ¿Quién supervisó la ejecución de estos contratos? ¿Y quién se beneficiaba realmente de este millonario manejo irregular?
CORPOMOJANA vuelve al ojo del huracán. Y con esta sanción, queda al descubierto una herida profunda en la credibilidad de la gestión ambiental regional. La corrupción en ese entidad parece evidente y los organismos de control deben seguir actuando.
